Cuando la Generalitat considere que un acto o acuerdo de una entidad local infringe el ordenamiento jurídico, o menoscabe competencias autonómicas o interfieran su ejercicio o excedan de las competencias de dichas entidades locales, podrá adoptar alguna de las siguientes medidas: 1. Requerir a la entidad local para que anule dicho acto o acuerdo. 2. Impugnar directamente ante la jurisdicción contencioso-administrativa el referido acto o acuerdo.