El procedimiento disciplinario que se establezca en desarrollo de esta ley orgánica deberá garantizar al funcionario expedientado, además de los reconocidos por el artículo 35 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los siguientes derechos: 1.º A la presunción de inocencia. 2.º A ser notificado del nombramiento de instructor y secretario, así como a recusar a los mismos. 3.º A ser notificado de los hechos imputados, de la infracción que constituyan y de las sanciones que, en su caso, puedan imponerse, así como de la resolución sancionadora. 4.º A formular alegaciones. 5.º A proponer cuantas pruebas sean adecuadas para la determinación de los hechos. 6.º A poder actuar en el procedimiento asistido de letrado o de los representantes sindicales que determine.