Las Administraciones Públicas con competencias en materia de medio ambiente deberán: a) Definir y aplicar políticas destinadas a la protección, gestión y ordenación del paisaje. b) Establecer procedimientos para la participación de los ciudadanos, de las autoridades locales y regionales y de otras partes interesadas en la formulación y aplicación de las políticas en materia de paisaje. c) Proponer la integración del paisaje en la ordenación territorial y urbanística, así como en cualquier política sectorial que pueda tener incidencia directa o indirectamente sobre el mismo.