En el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta Ley, la Consejería competente en materia de medio ambiente aprobará las correspondientes normas técnicas para la determinación de las cuantías de las fianzas u otras garantías financieras que se deban constituir cuando así lo exijan las normas que regulan la gestión de residuos peligrosos u otros específicos o las que regulan operaciones de gestión y eliminación de residuos.