Tema 37. El concepto de delito. La pena: sus clases y efectos. Medidas de seguridad. La consumación y la tentativa. Autoría y participación en el delito.

Todo el tema se estudia con el Código Penal (CP), Ley Orgánica 10/1995: arts. 10 a 18, 27 a 60 y 95 a 108 [CP, art. 10; CP, art. 95]. Como el rango es amplio, se da más detalle a lo más preguntado (clases de penas, error, tentativa, autoría y provocación) y se resume el resto [CP, art. 33; CP, art. 14; CP, art. 16; CP, art. 28; CP, art. 18].

1. El concepto de delito

Definición

Son delitos las acciones y omisiones dolosas o imprudentes penadas por la ley [CP, art. 10].

Las acciones u omisiones imprudentes solo se castigan cuando expresamente lo disponga la ley [CP, art. 12].

La comisión por omisión

Los delitos que consisten en producir un resultado solo se entienden cometidos por omisión cuando no evitarlo, al infringir un especial deber jurídico del autor, equivalga, según el sentido del texto de la ley, a causarlo [CP, art. 11]. La omisión se equipara a la acción en dos casos [CP, art. 11]:

• Cuando exista una específica obligación legal o contractual de actuar [CP, art. 11.a)].
• Cuando el omitente haya creado una ocasión de riesgo para el bien jurídicamente protegido mediante una acción u omisión precedente [CP, art. 11.b)].

Clases de delitos por su gravedad

El delito se clasifica según la pena con la que la ley lo castiga [CP, art. 13]:

Cuando la pena, por su extensión, pueda incluirse a la vez entre las graves y las menos graves, el delito se considera, en todo caso, grave; cuando pueda considerarse a la vez leve y menos grave, el delito se considera, en todo caso, leve [CP, art. 13.4].

El error

El CP distingue el error sobre el hecho y el error sobre la ilicitud [CP, art. 14]:

Para saber si el error sobre el hecho es vencible se atiende a las circunstancias del hecho y a las personales del autor [CP, art. 14.1]. El error sobre un hecho que cualifique la infracción o sobre una circunstancia agravante impide su apreciación [CP, art. 14.2].

2. La pena: sus clases y efectos

Qué son penas y qué no

Las penas, principales o accesorias, son privativas de libertad, privativas de otros derechos y multa [CP, art. 32]. No se reputan penas [CP, art. 34]:

• La detención y prisión preventiva y las demás medidas cautelares de naturaleza penal [CP, art. 34.1].
• Las multas y correcciones impuestas a subordinados o administrados en uso de atribuciones gubernativas o disciplinarias [CP, art. 34.2].
• Las privaciones de derechos y sanciones reparadoras de las leyes civiles o administrativas [CP, art. 34.3].

Penas graves, menos graves y leves

Por su naturaleza y duración, las penas son graves, menos graves y leves [CP, art. 33.1]. Es el artículo más preguntado del tema [CP, art. 33]:

La responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa es menos grave o leve según la pena que sustituya, y las penas accesorias duran lo mismo que la principal, salvo que otro precepto disponga otra cosa [CP, art. 33.5; CP, art. 33.6].

Penas de las personas jurídicas

Todas tienen la consideración de graves [CP, art. 33.7]:

Penas privativas de libertad

Son la prisión permanente revisable, la prisión, la localización permanente y la responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa [CP, art. 35].

• Prisión permanente revisable: se revisa conforme al art. 92; el tercer grado lo autoriza el tribunal y no puede concederse hasta cumplir veinte años de prisión efectiva en los delitos del Capítulo VII del Título XXII del Libro II, o quince en el resto; los permisos de salida exigen doce y ocho años, respectivamente [CP, art. 36.1].
• Prisión: de tres meses a veinte años, salvo excepciones del CP [CP, art. 36.2]. Si la pena supera cinco años, el juez puede ordenar que el tercer grado no se conceda hasta cumplir la mitad; esa espera es obligatoria en los delitos que enumera el propio apartado, entre ellos los de terrorismo y los cometidos en el seno de una organización o grupo criminal [CP, art. 36.2].
• Localización permanente: hasta seis meses, en el domicilio o en el lugar que fije el Juez [CP, art. 37.1]. Si es pena principal, hay reiteración y el precepto lo prevé, puede cumplirse los sábados, domingos y festivos en el centro penitenciario más próximo al domicilio [CP, art. 37.1]. Si el reo lo solicita y las circunstancias lo aconsejan, oído el fiscal, puede cumplirse los sábados y domingos o de forma no continuada [CP, art. 37.2].

Penas privativas de derechos

Las enumera el art. 39 [CP, art. 39]. Duraciones generales, salvo excepción del CP [CP, art. 40]:

Efectos más preguntados [CP, art. 41]:

• Inhabilitación absoluta: privación definitiva de todos los honores, empleos y cargos públicos, aunque sean electivos, e incapacidad para obtenerlos y para ser elegido durante la condena [CP, art. 41].
• Inhabilitación especial para empleo o cargo público: privación definitiva del empleo o cargo y sus honores, e incapacidad para obtener el mismo u otros análogos durante la condena; la sentencia debe especificarlos [CP, art. 42].
• Privación del derecho a conducir o a las armas: si supera dos años, comporta la pérdida de vigencia del permiso o licencia [CP, art. 47].
• Prohibición de aproximarse: impide acercarse a esas personas donde se encuentren, a su domicilio y lugares de trabajo, y suspende el régimen de visitas con los hijos hasta el total cumplimiento [CP, art. 48.2].
• Trabajos en beneficio de la comunidad: no pueden imponerse sin el consentimiento del condenado, no son retribuidos, no exceden de ocho horas diarias y los controla el Juez de Vigilancia Penitenciaria [CP, art. 49].

La multa

Se impone, salvo que la ley disponga otra cosa, por el sistema de días-multa [CP, art. 50.2]. Límites [CP, art. 50.3; CP, art. 50.4]:

Los meses se cuentan de treinta días y los años de trescientos sesenta [CP, art. 50.4]. La cuota atiende exclusivamente a la situación económica del reo [CP, art. 50.5].

Si no se paga, hay responsabilidad personal subsidiaria [CP, art. 53]:

• Un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas; en delitos leves puede cumplirse en localización permanente [CP, art. 53.1].
• Con conformidad del penado, en trabajos en beneficio de la comunidad: un día equivale a una jornada [CP, art. 53.1].
• En la multa proporcional no excede de un año, y no se impone a condenados a privación de libertad superior a cinco años [CP, art. 53.2; CP, art. 53.3].
• Cumplirla extingue la obligación de pago, aunque mejore la situación económica [CP, art. 53.4].

Penas accesorias y abono

Las inhabilitaciones son accesorias cuando la ley declara que otras penas las llevan consigo [CP, art. 54]. La prisión igual o superior a diez años lleva la inhabilitación absoluta durante la condena [CP, art. 55]; la inferior a diez años, según la gravedad, la suspensión de empleo o cargo, la inhabilitación para el sufragio pasivo o la inhabilitación especial relacionada con el delito [CP, art. 56.1]. En los delitos que enumera el art. 57, como el homicidio o las lesiones, el juez puede imponer las prohibiciones del art. 48 hasta diez años si el delito es grave o cinco si es menos grave, y hasta seis meses si es leve [CP, art. 57.1; CP, art. 57.3].

La privación de libertad provisional se abona en su totalidad, y un mismo periodo nunca se abona en más de una causa [CP, art. 58.1]. Si la medida cautelar y la pena son de distinta naturaleza, el Juez da por ejecutada la parte que estime compensada [CP, art. 59].

3. Medidas de seguridad

Presupuestos

El Juez o Tribunal las aplica, previos los informes que estime convenientes, cuando concurren dos circunstancias [CP, art. 95.1]:

• Que el sujeto haya cometido un hecho previsto como delito [CP, art. 95.1].
• Que del hecho y de sus circunstancias personales pueda deducirse un pronóstico de comportamiento futuro que revele la probabilidad de comisión de nuevos delitos [CP, art. 95.1].

Si la pena que hubiera podido imponerse no es privativa de libertad, solo caben medidas no privativas de libertad del art. 96.3 [CP, art. 95.2].

Clases

Las medidas son privativas y no privativas de libertad [CP, art. 96.1]:

Exentos y eximente incompleta

• A los exentos por el número 1.º del art. 20 se les puede aplicar el internamiento para tratamiento médico o educación especial; a los del 2.º, el internamiento en centro de deshabituación público o privado debidamente acreditado; a los del 3.º, el internamiento en centro educativo especial; o, en los tres casos, medidas del art. 96.3 [CP, art. 101.1; CP, art. 102.1; CP, art. 103.1].
• El internamiento no puede exceder del tiempo que habría durado la pena privativa de libertad, y la sentencia fija ese límite máximo [CP, art. 101.1].
• En la eximente incompleta de esos números, la medida puede imponerse además de la pena; el internamiento solo cabe si la pena es privativa de libertad y no puede exceder de la pena prevista para el delito [CP, art. 104.1].

Ejecución

• Durante la ejecución, el Juez o Tribunal sentenciador puede mantener la medida, decretar su cese cuando desaparezca la peligrosidad criminal, sustituirla por otra más adecuada o dejarla en suspenso [CP, art. 97].
• El quebrantamiento de un internamiento da lugar al reingreso; la negativa a someterse a tratamiento médico no se considera quebrantamiento [CP, art. 100.1; CP, art. 100.3].

Medidas no privativas: duración y contenido

En los casos de los arts. 101 a 104, al imponer la medida privativa de libertad o durante su ejecución, el Juez puede imponer, por un tiempo no superior a cinco años, la libertad vigilada y la custodia familiar; y por un tiempo de hasta diez años, la libertad vigilada cuando el CP lo disponga expresamente y las privaciones de los derechos a la tenencia de armas y a conducir [CP, art. 105]. La medida de inhabilitación para el ejercicio de un derecho, profesión u oficio dura de uno a cinco años [CP, art. 107]. Al extranjero no residente legalmente se le expulsa como sustitutiva de la medida, salvo que el juez aprecie, excepcionalmente y de forma motivada, que la naturaleza del delito justifica el cumplimiento en España, y no puede regresar en 10 años desde la expulsión [CP, art. 108.1; CP, art. 108.2].

4. La consumación y la tentativa

Son punibles el delito consumado y la tentativa de delito [CP, art. 15].

Hay tentativa cuando el sujeto da principio a la ejecución del delito directamente por hechos exteriores, practicando todos o parte de los actos que objetivamente deberían producir el resultado, y sin embargo este no se produce por causas independientes de la voluntad del autor [CP, art. 16.1].

Desistimiento [CP, art. 16]:

• Queda exento de responsabilidad penal por el delito intentado quien evite voluntariamente la consumación, desistiendo de la ejecución ya iniciada o impidiendo la producción del resultado [CP, art. 16.2].
• Si intervienen varios sujetos, quedan exentos los que desistan de la ejecución ya iniciada e impidan o intenten impedir, seria, firme y decididamente, la consumación [CP, art. 16.3].
• En ambos casos subsiste la responsabilidad por los actos ejecutados si ya constituyen otro delito [CP, art. 16.2; CP, art. 16.3].

Actos preparatorios: conspiración, proposición y provocación

La apología es la exposición, ante una concurrencia de personas o por cualquier medio de difusión, de ideas o doctrinas que ensalcen el crimen o enaltezcan a su autor; solo es delictiva como forma de provocación y si por su naturaleza y circunstancias constituye una incitación directa a cometer un delito [CP, art. 18.1]. Si a la provocación sigue la perpetración del delito, se castiga como inducción [CP, art. 18.2].

5. Autoría y participación en el delito

Son responsables criminalmente de los delitos los autores y los cómplices [CP, art. 27].

Delitos cometidos por medios de difusión mecánicos

No responden criminalmente ni los cómplices ni quienes los hubieran favorecido personal o realmente [CP, art. 30.1]. Los autores responden de forma escalonada, excluyente y subsidiaria por este orden [CP, art. 30.2]:

• Quienes hayan redactado el texto o producido el signo, y quienes les hayan inducido [CP, art. 30.2].
• Los directores de la publicación o programa [CP, art. 30.2].
• Los directores de la empresa editora, emisora o difusora [CP, art. 30.2].
• Los directores de la empresa grabadora, reproductora o impresora [CP, art. 30.2].

Actuación en nombre de otro y personas jurídicas

El administrador de hecho o de derecho de una persona jurídica, o quien actúe en nombre o representación de otro, responde personalmente aunque no reúna las condiciones que exige el delito, si se dan en la entidad o persona representada [CP, art. 31].

Las personas jurídicas responden penalmente, en los supuestos previstos en el CP [CP, art. 31 bis.1]:

• De los delitos cometidos en su nombre o por su cuenta, y en su beneficio directo o indirecto, por sus representantes legales o por quienes están autorizados para decidir en su nombre u ostentan facultades de organización y control [CP, art. 31 bis.1.a)].
• De los delitos cometidos por personas sometidas a la autoridad de los anteriores, cuando estos hayan incumplido gravemente los deberes de supervisión, vigilancia y control [CP, art. 31 bis.1.b)].

Quedan exentas si, antes del delito, adoptaron y ejecutaron eficazmente modelos de organización y gestión adecuados para prevenir delitos de esa naturaleza, con las demás condiciones del art. 31 bis; la acreditación parcial atenúa la pena [CP, art. 31 bis.2; CP, art. 31 bis.4].

Solo son atenuantes, realizadas después del delito a través de sus representantes legales [CP, art. 31 quater.1]:

• Confesar la infracción antes de conocer que el procedimiento se dirige contra ella [CP, art. 31 quater.1.a)].
• Colaborar aportando pruebas nuevas y decisivas, en cualquier momento del proceso [CP, art. 31 quater.1.b)].
• Reparar o disminuir el daño antes del juicio oral [CP, art. 31 quater.1.c)].
• Establecer, antes del juicio oral, medidas eficaces para prevenir y descubrir delitos futuros [CP, art. 31 quater.1.d)].

Estas reglas no se aplican al Estado, a las Administraciones públicas territoriales e institucionales ni a otras entidades públicas que enumera el artículo [CP, art. 31 quinquies.1]. A las sociedades mercantiles públicas que ejecuten políticas públicas o presten servicios de interés económico general solo se les pueden imponer la multa y la intervención judicial, salvo que sean una forma creada para eludir la responsabilidad penal [CP, art. 31 quinquies.2].