Tema 38. Circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal: eximentes, atenuantes y agravantes. Las penas y sus clases. Las medidas de seguridad: concepto, tipos y clases. El proceso penal: principios y clases. Clases y competencias de los Juzgados y Tribunales en el orden penal.

Este tema se estudia con tres normas del fichero: el Código Penal (CP) para las circunstancias, las penas y las medidas de seguridad [CP, art. 20; CP, art. 32; CP, art. 96.1], la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECRIM) para el proceso [LECRIM, art. 1] y la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para los órganos [LOPJ, art. 26]. El rango es muy amplio: se resume lo que nombra el título y lo más preguntado (eximentes, atenuantes y agravantes, clasificación y duración de las penas, clases de medidas de seguridad, acción penal, defensa, tipos de procedimiento y competencia penal de cada órgano) [CP, art. 33; LECRIM, art. 14; LOPJ, art. 82]. Quedan fuera los conceptos de autoridad, funcionario y discapacidad, los órganos de los órdenes no penales y la jurisdicción universal [CP, art. 24; CP, art. 25; LOPJ, art. 23.4].

1. Circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal

Los menores de dieciocho años no son responsables criminalmente con arreglo al CP; responden, en su caso, conforme a la ley de responsabilidad penal del menor [CP, art. 19].

Eximentes

Están exentos de responsabilidad criminal [CP, art. 20]:

• 1.º Quien, por cualquier anomalía o alteración psíquica, no pueda comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa comprensión. El trastorno mental transitorio no exime si lo provocó el sujeto para delinquir o hubiera previsto o debido prever la comisión [CP, art. 20.1.º].
• 2.º Quien actúe en intoxicación plena por alcohol, drogas u otras sustancias de efectos análogos, no buscada para delinquir, o bajo un síndrome de abstinencia que le impida comprender la ilicitud o actuar conforme a ella [CP, art. 20.2.º].
• 3.º Quien, por alteraciones en la percepción desde el nacimiento o la infancia, tenga alterada gravemente la conciencia de la realidad [CP, art. 20.3.º].
• 4.º Quien obre en defensa de la persona o derechos propios o ajenos, con agresión ilegítima, necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla y falta de provocación suficiente por el defensor; en los bienes, la agresión ilegítima es el ataque que constituya delito y los ponga en grave peligro de deterioro o pérdida inminentes, y en la morada, la entrada indebida [CP, art. 20.4.º].
• 5.º Quien, en estado de necesidad, cause un mal no mayor que el que trata de evitar, sin haber provocado intencionadamente la situación y sin obligación de sacrificarse por oficio o cargo [CP, art. 20.5.º].
• 6.º Quien obre impulsado por miedo insuperable [CP, art. 20.6.º].
• 7.º Quien obre en cumplimiento de un deber o ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo [CP, art. 20.7.º].

En los supuestos 1.º a 3.º se aplican, en su caso, medidas de seguridad [CP, art. 20].

Atenuantes

Son atenuantes [CP, art. 21]: la eximente incompleta (sin todos sus requisitos); la grave adicción a las sustancias del artículo 20.2.º; el arrebato, obcecación u otro estado pasional semejante; confesar la infracción a las autoridades antes de saber que el procedimiento judicial se dirige contra el culpable; reparar o disminuir el daño en cualquier momento del procedimiento y antes del juicio oral; la dilación extraordinaria e indebida no atribuible al inculpado; y cualquier otra de análoga significación [CP, art. 21.1.ª; CP, art. 21.4.ª; CP, art. 21.5.ª; CP, art. 21.6.ª].

Agravantes

Son agravantes [CP, art. 22]:

• Alevosía: en delitos contra las personas, emplear medios, modos o formas que aseguren la ejecución sin el riesgo de la defensa del ofendido [CP, art. 22.1.ª].
• Disfraz, abuso de superioridad o aprovechar circunstancias de lugar, tiempo o auxilio de otros que debiliten la defensa o faciliten la impunidad [CP, art. 22.2.ª].
• Precio, recompensa o promesa [CP, art. 22.3.ª].
• Motivos racistas, antisemitas, antigitanos u otra discriminación (ideología, religión, etnia, sexo, edad, orientación o identidad sexual, razones de género, aporofobia, enfermedad o discapacidad), concurran o no esas condiciones en la víctima [CP, art. 22.4.ª].
• Aumentar deliberada e inhumanamente el sufrimiento de la víctima con padecimientos innecesarios [CP, art. 22.5.ª].
• Abuso de confianza [CP, art. 22.6.ª].
• Prevalerse del carácter público del culpable [CP, art. 22.7.ª].
• Reincidencia: haber sido condenado ejecutoriamente por delito del mismo título y naturaleza; no cuentan los antecedentes cancelados o que debieran serlo ni los de delitos leves (salvo los tipos agravados por multirreincidencia), y sí las condenas firmes de otros Estados de la Unión Europea no cancelables según el Derecho español [CP, art. 22.8.ª].

El parentesco (cónyuge o pareja estable, actual o pasada, y ascendiente, descendiente o hermano del ofensor o de su cónyuge o conviviente) puede atenuar o agravar según la naturaleza, los motivos y los efectos del delito [CP, art. 23].

2. Las penas y sus clases

Las penas, principales o accesorias, son privativas de libertad, privativas de otros derechos y multa [CP, art. 32]. Son privativas de libertad la prisión permanente revisable, la prisión, la localización permanente y la responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa [CP, art. 35]. No son penas la detención y prisión preventiva y demás medidas cautelares, las correcciones gubernativas o disciplinarias ni las sanciones de las leyes civiles o administrativas [CP, art. 34].

Clasificación por gravedad

Según su naturaleza y duración, las penas son graves, menos graves y leves [CP, art. 33.1; CP, art. 33.2; CP, art. 33.3; CP, art. 33.4]:

La inhabilitación especial relacionada con los animales y su tenencia es menos grave de un año y un día a cinco años y leve de tres meses a un año [CP, art. 33.3.f); CP, art. 33.4.c)]. Las accesorias duran lo que la principal, salvo otra previsión del CP [CP, art. 33.6]. Las penas de las personas jurídicas son todas graves: multa, disolución, suspensión de actividades, clausura de locales, prohibición de actividades, inhabilitación para subvenciones y contratos públicos e intervención judicial [CP, art. 33.7].

Prisión y localización permanente

• La prisión dura de tres meses a veinte años, salvo excepciones; si supera cinco años, el juez puede retrasar el tercer grado hasta la mitad de la condena, y es obligatorio en terrorismo, en delitos en el seno de organización o grupo criminal, en los del Título VII bis del Libro II con víctima menor o con discapacidad necesitada de especial protección, en los del artículo 181 y en los del Capítulo V del Título VIII del Libro II con víctima menor de dieciséis años [CP, art. 36.2].
• En la prisión permanente revisable, el tercer grado no cabe antes de veinte años de prisión efectiva por terrorismo ni de quince en el resto, y los permisos de salida, no antes de doce y ocho años [CP, art. 36.1].
• La localización permanente dura hasta seis meses en el domicilio o lugar fijado por el juez; a petición del reo, puede cumplirse los sábados y domingos o de forma no continuada [CP, art. 37.1; CP, art. 37.2].

Privativas de derechos

Duración general, salvo excepciones del CP [CP, art. 40]:

• La inhabilitación absoluta priva definitivamente de todos los honores, empleos y cargos públicos, aunque sean electivos, e incapacita para obtenerlos y ser elegido durante la condena [CP, art. 41]. La suspensión solo priva del ejercicio durante la condena [CP, art. 43].
• La privación de conducir o de armas superior a dos años hace perder la vigencia del permiso o licencia [CP, art. 47].
• Los trabajos en beneficio de la comunidad exigen el consentimiento del penado, no se retribuyen y no superan ocho horas diarias [CP, art. 49].

Multa

• Se impone por días-multa, de diez días a dos años, con cuota diaria de 2 a 400 euros (para personas jurídicas, hasta cinco años y de 30 a 5.000 euros); los meses son de treinta días y los años de trescientos sesenta [CP, art. 50.2; CP, art. 50.3; CP, art. 50.4].
• La cuota se fija teniendo en cuenta exclusivamente la situación económica del reo [CP, art. 50.5]. La multa proporcional se calcula sobre el daño, el valor del objeto o el beneficio [CP, art. 52.1].
• El impago supone un día de privación de libertad por cada dos cuotas no satisfechas, que puede cumplirse en trabajos en beneficio de la comunidad con conformidad del penado; no se impone a condenados a más de cinco años de privación de libertad [CP, art. 53.1; CP, art. 53.3].

Accesorias y abono

La prisión de diez años o más lleva consigo la inhabilitación absoluta durante la condena [CP, art. 55]. La inferior a diez años lleva, según la gravedad, suspensión de empleo o cargo, inhabilitación para el sufragio pasivo o inhabilitación especial relacionada directamente con el delito [CP, art. 56.1]. La privación de libertad provisional se abona en su totalidad, nunca en más de una causa [CP, art. 58.1].

3. Las medidas de seguridad

Concepto y presupuestos

El juez o tribunal aplica medidas de seguridad si el sujeto ha cometido un hecho previsto como delito y de él y de sus circunstancias personales se deduce un pronóstico de comportamiento futuro que revele la probabilidad de cometer nuevos delitos [CP, art. 95.1]. Si la pena posible no era privativa de libertad, solo caben medidas no privativas [CP, art. 95.2]. La medida cesa en cuanto desaparece la peligrosidad criminal [CP, art. 97.b)].

Clases

Tipos según el sujeto y duración

• Exento por el 20.1.º: internamiento para tratamiento médico o educación especial; por el 20.2.º: centro de deshabituación; por el 20.3.º: centro educativo especial; o, en los tres casos, medidas no privativas [CP, art. 101.1; CP, art. 102.1; CP, art. 103.1].
• El internamiento no excede del tiempo que habría durado la pena, y el juez fija ese límite en la sentencia [CP, art. 101.1].
• Con eximente incompleta de los números 1.º a 3.º pueden imponerse, además de la pena, esas medidas; el internamiento solo si la pena es privativa de libertad y sin exceder de la prevista para el delito [CP, art. 104.1]. Se cumple primero la medida, que se abona para la pena [CP, art. 99].
• Libertad vigilada y custodia familiar, hasta cinco años; libertad vigilada cuando lo disponga el CP, privación de armas y de conducir, hasta diez [CP, art. 105]. La inhabilitación profesional dura de uno a cinco años [CP, art. 107].
• El extranjero no residente legalmente es expulsado en sustitución de la medida y no puede regresar en diez años [CP, art. 108.1; CP, art. 108.2].
• El Juez de Vigilancia Penitenciaria propone al menos anualmente mantener, cesar, sustituir o suspender las medidas privativas [CP, art. 98.1]. Negarse a un tratamiento médico no es quebrantamiento [CP, art. 100.3].

4. El proceso penal: principios y clases

Principios

• Solo se impone pena conforme a la ley y en virtud de sentencia de juez competente [LECRIM, art. 1].
• Autoridades y funcionarios consignan las circunstancias adversas y favorables al presunto reo [LECRIM, art. 2].
• La jurisdicción criminal es siempre improrrogable [LECRIM, art. 8]. El orden penal es siempre preferente y nadie puede plantearle conflicto de competencia [LOPJ, art. 44].
• Si una cuestión prejudicial es determinante de la culpabilidad o inocencia, se suspende el procedimiento y puede fijarse un plazo de hasta dos meses para acudir al juez competente [LECRIM, art. 4].
• La acción penal es pública y pueden ejercitarla todos los ciudadanos españoles [LECRIM, art. 101], salvo quien no goce de la plenitud de los derechos civiles, el condenado dos veces por denuncia o querella calumniosas y el juez o magistrado, aunque todos pueden ejercitarla por delitos contra sus personas o bienes o los de sus familiares próximos [LECRIM, art. 102].
• El Ministerio Fiscal debe ejercitar todas las acciones penales procedentes, salvo las reservadas a querella privada [LECRIM, art. 105.1].
• De todo delito nace acción penal y puede nacer acción civil; ejercitada solo la penal, se entiende ejercitada también la civil salvo renuncia o reserva [LECRIM, art. 100; LECRIM, art. 112]. La muerte del culpable extingue la penal, no la civil contra sus herederos [LECRIM, art. 115].
• Defensa: el investigado tiene derecho a ser informado de los hechos, examinar las actuaciones, designar abogado, guardar silencio y no declarar contra sí mismo ni confesarse culpable [LECRIM, art. 118.1]. Si no entiende el castellano, tiene intérprete gratuito, y siempre se traducen la resolución de prisión, el escrito de acusación y la sentencia [LECRIM, art. 123.1].

Clases de procedimiento

El rápido exige además delito flagrante, uno de la lista legal (lesiones, coacciones, amenazas o violencia habitual contra las personas del artículo 173.2 CP, hurto, robo, hurto y robo de uso de vehículos, seguridad del tráfico, daños del artículo 263, allanamiento de morada y usurpación, entre otros) o instrucción previsiblemente sencilla [LECRIM, art. 795.1]. Es flagrante el delito que se está cometiendo o se acaba de cometer cuando el delincuente es sorprendido en el acto [LECRIM, art. 795.1]. No se aplica si procede el secreto de las actuaciones [LECRIM, art. 795.3].

5. Juzgados y Tribunales del orden penal

Clases

Ejercen la potestad jurisdiccional los jueces y juezas de paz, los Tribunales de Instancia, las Audiencias Provinciales, los Tribunales Superiores de Justicia, el Tribunal Central de Instancia, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo [LOPJ, art. 26]. El orden penal conoce de las causas y juicios criminales, salvo los de la jurisdicción militar [LOPJ, art. 9.3].

Competencias

• El Tribunal Supremo tiene sede en Madrid y es el órgano superior en todos los órdenes, salvo en garantías constitucionales [LOPJ, art. 53].
• La Audiencia Nacional tiene Salas de Apelación, de lo Penal, de lo Contencioso-Administrativo y de lo Social [LOPJ, art. 64.1].
• Hay un Tribunal de Instancia en cada partido judicial, con Sección Única de Civil y de Instrucción o Secciones Civil y de Instrucción, y puede tener, entre otras, Secciones de Violencia sobre la Mujer, de lo Penal, de Menores y de Vigilancia Penitenciaria [LOPJ, art. 84.1; LOPJ, art. 84.2].
• El Tribunal Central de Instancia, en Madrid y con jurisdicción en todo el territorio nacional, tiene Secciones de Instrucción, de lo Penal, de Menores, de Vigilancia Penitenciaria y de lo Contencioso-Administrativo [LOPJ, art. 95]. Hay un juez o jueza de paz en cada municipio sin Tribunal de Instancia [LOPJ, art. 99].
• Las Audiencias Provinciales tienen sede en la capital de la provincia y conocen también de las cuestiones de competencia entre jueces de los Tribunales de Instancia de la provincia [LOPJ, art. 80.1; LOPJ, art. 82.4].
• Si los hechos corresponden a la vez a la Sección de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia y a la de Violencia sobre la Mujer, la competencia es de esta última [LOPJ, art. 89 bis.7].

Reglas de la LECRIM

La LECRIM atribuye la competencia así [LECRIM, art. 14]:

• Si no consta el lugar del delito, es competente, por este orden, el de las pruebas materiales, el de la aprehensión, el de la residencia del reo y cualquiera que tuviera noticia [LECRIM, art. 15].
• En los asuntos del Juez de Violencia sobre la Mujer, la competencia territorial la fija el domicilio de la víctima [LECRIM, art. 15 bis].
• Cada delito da lugar a una única causa; son conexos, entre otros, los cometidos por dos o más personas reunidas, los cometidos como medio para perpetrar otros o facilitar su ejecución y los cometidos para procurar la impunidad de otros [LECRIM, art. 17.1; LECRIM, art. 17.2].
• En los delitos conexos, es competente el del delito con pena mayor; con penas iguales, el que primero empezó la causa [LECRIM, art. 18.1].