Tema 2. La Constitución española de 1978. Derechos y deberes fundamentales.

El tema se regula en los artículos 10 a 55 de la Constitución española (CE): fundamento del orden político, nacionalidad y extranjería, igualdad, derechos, libertades y deberes, mandatos a los poderes públicos, garantías y suspensión de los derechos [CE, art. 10.1; CE, art. 53.1; CE, art. 55.1]. El fichero no trae las rúbricas de los capítulos y secciones del título, que el artículo 53 nombra sin enumerar sus artículos; por eso el resumen agrupa los artículos por materias [CE, art. 53.2].

1. Fundamento e interpretación de los derechos

• La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social [CE, art. 10.1].
• Las normas sobre derechos fundamentales y libertades se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre esas materias ratificados por España [CE, art. 10.2].

2. Nacionalidad, mayoría de edad y extranjeros

2.1. Nacionalidad

• La nacionalidad española se adquiere, se conserva y se pierde según lo establecido por la ley [CE, art. 11.1].
• Ningún español de origen puede ser privado de su nacionalidad [CE, art. 11.2].
• El Estado puede concertar tratados de doble nacionalidad con los países iberoamericanos o con los que hayan tenido o tengan una particular vinculación con España; en ellos los españoles pueden naturalizarse sin perder su nacionalidad de origen, aunque esos países no reconozcan un derecho recíproco a sus ciudadanos [CE, art. 11.3].

2.2. Mayoría de edad

Los españoles son mayores de edad a los dieciocho años [CE, art. 12].

2.3. Extranjeros, extradición y asilo

• Los extranjeros gozan en España de las libertades públicas del título en los términos que establezcan los tratados y la ley [CE, art. 13.1].
• Solo los españoles son titulares de los derechos del artículo 23, salvo lo que, atendiendo a criterios de reciprocidad, pueda establecerse por tratado o ley para el sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales [CE, art. 13.2].
• La extradición solo se concede en cumplimiento de un tratado o de la ley, atendiendo al principio de reciprocidad. Se excluyen los delitos políticos, sin que se consideren tales los actos de terrorismo [CE, art. 13.3].
• La ley establece los términos en que los ciudadanos de otros países y los apátridas pueden gozar del derecho de asilo en España [CE, art. 13.4].

3. Igualdad ante la ley

Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social [CE, art. 14].

4. Derechos y libertades de la persona

4.1. Vida e integridad

Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que en ningún caso puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes [CE, art. 15]. Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra [CE, art. 15].

4.2. Libertad ideológica y religiosa

• Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades, sin más limitación en sus manifestaciones que la necesaria para mantener el orden público protegido por la ley [CE, art. 16.1].
• Nadie puede ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias [CE, art. 16.2].
• Ninguna confesión tendrá carácter estatal; los poderes públicos tienen en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantienen relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones [CE, art. 16.3].

4.3. Libertad y seguridad; detención

Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad, y nadie puede ser privado de su libertad salvo con la observancia de este artículo y en los casos y la forma previstos en la ley [CE, art. 17.1].

4.4. Honor, intimidad, domicilio y comunicaciones

• Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen [CE, art. 18.1].
• El domicilio es inviolable: ninguna entrada o registro sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo flagrante delito [CE, art. 18.2].
• Se garantiza el secreto de las comunicaciones, en especial postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial [CE, art. 18.3].
• La ley limita el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad y el pleno ejercicio de los derechos [CE, art. 18.4].

4.5. Residencia y circulación

Los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia, a circular por el territorio nacional y a entrar y salir libremente de España en los términos de la ley; este derecho no puede limitarse por motivos políticos o ideológicos [CE, art. 19].

4.6. Libertad de expresión e información

Se reconocen y protegen los derechos [CE, art. 20.1]:

• a expresar y difundir libremente pensamientos, ideas y opiniones por la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción [CE, art. 20.1.a)];
• a la producción y creación literaria, artística, científica y técnica [CE, art. 20.1.b)];
• a la libertad de cátedra [CE, art. 20.1.c)];
• a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión; la ley regula la cláusula de conciencia y el secreto profesional [CE, art. 20.1.d)].

Reglas comunes a estas libertades [CE, art. 20.2; CE, art. 20.4]:

• No pueden restringirse mediante ningún tipo de censura previa [CE, art. 20.2].
• La ley regula la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación dependientes del Estado o de cualquier ente público, y garantiza el acceso a ellos de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo y las diversas lenguas de España [CE, art. 20.3].
• Su límite está en el respeto a los derechos del título, en las leyes que lo desarrollen y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia [CE, art. 20.4].
• El secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información solo puede acordarse por resolución judicial [CE, art. 20.5].

4.7. Reunión y manifestación

• Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas, que no necesita autorización previa [CE, art. 21.1].
• Para reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se da comunicación previa a la autoridad, que solo puede prohibirlas cuando haya razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes [CE, art. 21.2].

4.8. Asociación

• Se reconoce el derecho de asociación [CE, art. 22.1].
• Son ilegales las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito [CE, art. 22.2].
• Deben inscribirse en un registro a los solos efectos de publicidad [CE, art. 22.3].
• Solo pueden ser disueltas o suspendidas en sus actividades por resolución judicial motivada [CE, art. 22.4].
• Se prohíben las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar [CE, art. 22.5].

4.9. Participación política

• Los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal [CE, art. 23.1].
• También tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes [CE, art. 23.2].

4.10. Tutela judicial efectiva

Todas las personas tienen derecho a la tutela efectiva de jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que en ningún caso pueda producirse indefensión [CE, art. 24.1]. Además, todos tienen derecho [CE, art. 24.2]:

• al Juez ordinario predeterminado por la ley [CE, art. 24.2];
• a la defensa y a la asistencia de letrado [CE, art. 24.2];
• a ser informados de la acusación formulada contra ellos [CE, art. 24.2];
• a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías [CE, art. 24.2];
• a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa [CE, art. 24.2];
• a no declarar contra sí mismos y a no confesarse culpables [CE, art. 24.2];
• a la presunción de inocencia [CE, art. 24.2].

La ley regula los casos en que, por parentesco o secreto profesional, no se está obligado a declarar sobre hechos presuntamente delictivos [CE, art. 24.2].

4.11. Legalidad penal y sancionadora

• Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que, al producirse, no constituyan delito, falta o infracción administrativa según la legislación vigente en aquel momento [CE, art. 25.1].
• Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad se orientan a la reeducación y reinserción social y no pueden consistir en trabajos forzados [CE, art. 25.2].
• El condenado que cumple pena de prisión goza de los derechos fundamentales del capítulo, salvo los limitados expresamente por el fallo, el sentido de la pena y la ley penitenciaria; en todo caso tiene derecho a un trabajo remunerado, a los beneficios de la Seguridad Social, al acceso a la cultura y al desarrollo integral de su personalidad [CE, art. 25.2].
• La Administración civil no puede imponer sanciones que, directa o subsidiariamente, impliquen privación de libertad [CE, art. 25.3].
• Se prohíben los Tribunales de Honor en el ámbito de la Administración civil y de las organizaciones profesionales [CE, art. 26].

4.12. Educación

• Todos tienen derecho a la educación y se reconoce la libertad de enseñanza [CE, art. 27.1].
• La educación tiene por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales [CE, art. 27.2].
• Los poderes públicos garantizan el derecho de los padres a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral acorde con sus convicciones [CE, art. 27.3].
• La enseñanza básica es obligatoria y gratuita [CE, art. 27.4].
• Los poderes públicos garantizan el derecho a la educación mediante una programación general de la enseñanza, con participación de los sectores afectados, y la creación de centros docentes [CE, art. 27.5].
• Las personas físicas y jurídicas tienen libertad de creación de centros docentes, dentro del respeto a los principios constitucionales [CE, art. 27.6].
• Profesores, padres y, en su caso, alumnos intervienen en el control y gestión de los centros sostenidos con fondos públicos [CE, art. 27.7].
• Los poderes públicos «inspeccionarán y homologarán el sistema educativo» y ayudarán a los centros que reúnan los requisitos legales [CE, art. 27.8; CE, art. 27.9].
• Se reconoce la autonomía de las Universidades en los términos de la ley [CE, art. 27.10].

4.13. Sindicación y huelga

• Todos tienen derecho a sindicarse libremente. La ley puede limitar o exceptuar este derecho a las Fuerzas o Institutos armados y demás Cuerpos sometidos a disciplina militar, y regula sus peculiaridades para los funcionarios públicos [CE, art. 28.1].
• La libertad sindical comprende fundar sindicatos, afiliarse al de su elección y que los sindicatos formen confederaciones y organizaciones internacionales; nadie puede ser obligado a afiliarse [CE, art. 28.1].
• Se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para defender sus intereses; la ley que lo regule asegurará el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad [CE, art. 28.2].

4.14. Derecho de petición

• Todos los españoles tienen derecho de petición individual y colectiva, por escrito, en la forma y con los efectos que determine la ley [CE, art. 29.1].
• Los miembros de las Fuerzas o Institutos armados o de los Cuerpos sometidos a disciplina militar solo pueden ejercerlo individualmente y según su legislación específica [CE, art. 29.2].

5. Defensa, tributos y otros derechos y deberes

5.1. Defensa de España

• Los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España [CE, art. 30.1].
• La ley fija las obligaciones militares, regula la objeción de conciencia y las demás causas de exención del servicio militar obligatorio, y puede imponer una prestación social sustitutoria [CE, art. 30.2].
• Puede establecerse un servicio civil para fines de interés general [CE, art. 30.3].
• Por ley pueden regularse los deberes de los ciudadanos en casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública [CE, art. 30.4].

5.2. Sistema tributario y gasto público

• Todos contribuyen al sostenimiento de los gastos públicos según su capacidad económica, mediante un sistema tributario justo inspirado en la igualdad y progresividad, que en ningún caso tendrá alcance confiscatorio [CE, art. 31.1].
• El gasto público hace una asignación equitativa de los recursos, y su programación y ejecución responden a la eficiencia y economía [CE, art. 31.2].
• Las prestaciones personales o patrimoniales de carácter público solo pueden establecerse con arreglo a la ley [CE, art. 31.3].

5.3. Otros derechos y deberes

6. Mandatos a los poderes públicos en materia social y económica

Los artículos 39 a 52 recogen estos mandatos y derechos [CE, art. 39.1; CE, art. 52]:

• Familia e hijos: protección social, económica y jurídica de la familia; protección integral de los hijos, iguales ante la ley con independencia de su filiación, y de las madres, cualquiera que sea su estado civil; la ley posibilita la investigación de la paternidad [CE, art. 39.1; CE, art. 39.2]. Los padres prestan asistencia de todo orden a los hijos habidos dentro o fuera del matrimonio durante su minoría de edad y en los demás casos legales [CE, art. 39.3]. Los niños gozan de la protección de los acuerdos internacionales [CE, art. 39.4].
• Progreso y empleo: condiciones para el progreso social y económico y una distribución de la renta más equitativa, con una política orientada al pleno empleo [CE, art. 40.1]; formación y readaptación profesionales, seguridad e higiene en el trabajo y descanso mediante la limitación de la jornada, las vacaciones periódicas retribuidas y centros adecuados [CE, art. 40.2].
• Seguridad Social: régimen público para todos los ciudadanos, con asistencia y prestaciones suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente el desempleo; la asistencia y prestaciones complementarias son libres [CE, art. 41].
• Emigrantes: el Estado vela por los derechos económicos y sociales de los trabajadores españoles en el extranjero y orienta su política hacia su retorno [CE, art. 42].
• Salud: se reconoce el derecho a la protección de la salud; los poderes públicos organizan y tutelan la salud pública y fomentan la educación sanitaria, la educación física, el deporte y la adecuada utilización del ocio [CE, art. 43.1; CE, art. 43.2; CE, art. 43.3].
• Cultura y ciencia: acceso a la cultura, a la que todos tienen derecho, y promoción de la ciencia y la investigación [CE, art. 44.1; CE, art. 44.2].
• Medio ambiente: derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado y deber de conservarlo; utilización racional de los recursos naturales; quien lo viole tendrá sanciones penales o, en su caso, administrativas y la obligación de reparar el daño [CE, art. 45.1; CE, art. 45.2; CE, art. 45.3].
• Patrimonio histórico: conservación y enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico; la ley penal sanciona los atentados contra él [CE, art. 46].
• Vivienda: derecho de los españoles a una vivienda digna y adecuada; regulación del suelo para impedir la especulación; la comunidad participa en las plusvalías de la acción urbanística pública [CE, art. 47].
• Juventud: condiciones para su participación libre y eficaz en el desarrollo político, social, económico y cultural [CE, art. 48].
• Discapacidad: las personas con discapacidad ejercen los derechos del título en condiciones de libertad e igualdad reales y efectivas; los poderes públicos impulsan su autonomía personal e inclusión social en entornos universalmente accesibles, atendiendo especialmente a las mujeres y menores con discapacidad [CE, art. 49.1; CE, art. 49.2].

7. Garantías de los derechos

Defensor del Pueblo: una ley orgánica regula esta institución, alto comisionado de las Cortes Generales, designado por ellas para defender los derechos del título; puede supervisar la actividad de la Administración, dando cuenta a las Cortes Generales [CE, art. 54].

8. Suspensión de los derechos

8.1. Suspensión general

Con la declaración del estado de excepción o de sitio pueden suspenderse los derechos de [CE, art. 55.1]:

• el artículo 17 (libertad y detención) [CE, art. 55.1];
• el artículo 18, apartados 2 y 3 (domicilio y comunicaciones) [CE, art. 55.1];
• el artículo 19 (residencia y circulación) [CE, art. 55.1];
• el artículo 20, apartados 1.a), 1.d) y 5 (expresión, información y secuestro de publicaciones) [CE, art. 55.1];
• el artículo 21 (reunión) [CE, art. 55.1];
• el artículo 28, apartado 2 (huelga), y el artículo 37, apartado 2 (conflicto colectivo) [CE, art. 55.1].

En el estado de excepción no puede suspenderse el artículo 17.3 (información, no declarar y abogado del detenido) [CE, art. 55.1].

8.2. Suspensión individual

Una ley orgánica puede determinar cómo, de forma individual y con intervención judicial y control parlamentario, se suspenden para personas determinadas los derechos de los artículos 17.2 y 18.2 y 3, en investigaciones sobre bandas armadas o elementos terroristas [CE, art. 55.2]. Su uso injustificado o abusivo produce responsabilidad penal [CE, art. 55.2].