Tema 3. La Constitución española de 1978. La Corona. Las Cortes Generales. El Gobierno y la Administración. Las relaciones entre las Cortes Generales y el Gobierno. El poder judicial. El Tribunal Constitucional.

El tema se regula en la Constitución española (CE): artículos 56 a 65 (Corona), 66 a 96 (Cortes Generales, leyes y tratados), 97 a 107 (Gobierno y Administración), 108 a 116 (relaciones entre Cortes y Gobierno), 117 a 127 (poder judicial) y 159 a 165 (Tribunal Constitucional) [CE, art. 56.1; CE, art. 66.1; CE, art. 97; CE, art. 108; CE, art. 117.1; CE, art. 159.1]. El rango es amplio: el resumen condensa los artículos poco preguntados y se detiene en los que más preguntas acumulan en el fichero (sucesión y Regencia, funciones del Rey, composición de las Cámaras, decretos-leyes, estados excepcionales, poder judicial, Ministerio Fiscal y Tribunal Constitucional) [CE, art. 57.1; CE, art. 116.1; CE, art. 124.1].

1. La Corona

1.1. El Rey

• Es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia; arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones y asume la más alta representación del Estado en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica [CE, art. 56.1].
• Su título es el de Rey de España [CE, art. 56.2].
• Su persona es inviolable y no está sujeta a responsabilidad; sus actos se refrendan (art. 64) y sin refrendo carecen de validez, salvo lo dispuesto en el artículo 65.2 [CE, art. 56.3].

1.2. Sucesión

• La Corona es hereditaria en los sucesores de S. M. Don Juan Carlos I de Borbón. Se sigue el orden de primogenitura y representación: la línea anterior a las posteriores; en la misma línea, el grado más próximo; en el mismo grado, el varón a la mujer, y en el mismo sexo, la persona de más edad [CE, art. 57.1].
• El heredero tiene la dignidad de Príncipe de Asturias desde su nacimiento o desde el hecho que origine el llamamiento [CE, art. 57.2].
• Extinguidas todas las líneas, las Cortes Generales proveen a la sucesión [CE, art. 57.3].
• Queda excluido, con sus descendientes, quien se case contra la expresa prohibición del Rey y de las Cortes Generales [CE, art. 57.4].
• Abdicaciones, renuncias y dudas sobre la sucesión se resuelven por ley orgánica [CE, art. 57.5].
• La Reina consorte o el consorte de la Reina no pueden asumir funciones constitucionales, salvo lo dispuesto para la Regencia [CE, art. 58].

1.3. Regencia y tutela

El artículo 59 distingue tres supuestos [CE, art. 59.1; CE, art. 59.2; CE, art. 59.3]:

• El Regente debe ser español y mayor de edad [CE, art. 59.4] y ejerce por mandato constitucional, siempre en nombre del Rey [CE, art. 59.5].
• Tutor del Rey menor es quien nombre el Rey difunto en testamento (mayor de edad y español de nacimiento); si no, el padre o la madre mientras permanezcan viudos; en su defecto, lo nombran las Cortes. Regente y tutor solo se acumulan en padre, madre o ascendientes directos [CE, art. 60.1].
• La tutela es incompatible con todo cargo o representación política [CE, art. 60.2].
• El Rey jura ante las Cortes Generales al ser proclamado; el Príncipe heredero, al llegar a la mayoría de edad, y el Regente, al asumir, prestan el mismo juramento y el de fidelidad al Rey [CE, art. 61.1; CE, art. 61.2].

1.4. Funciones del Rey

Corresponde al Rey, entre otras funciones [CE, art. 62]:

• Sancionar y promulgar las leyes [CE, art. 62.a)].
• Convocar y disolver las Cortes Generales, convocar elecciones y convocar a referéndum [CE, art. 62.b); CE, art. 62.c)].
• Proponer el candidato a Presidente del Gobierno, nombrarlo y poner fin a sus funciones; nombrar y separar a los miembros del Gobierno a propuesta de su Presidente [CE, art. 62.d); CE, art. 62.e)].
• Presidir el Consejo de Ministros cuando lo estime oportuno, a petición del Presidente del Gobierno [CE, art. 62.g)].
• El mando supremo de las Fuerzas Armadas [CE, art. 62.h)].
• El derecho de gracia, con arreglo a una ley que no puede autorizar indultos generales [CE, art. 62.i)].
• Manifestar el consentimiento del Estado para obligarse por tratados [CE, art. 63.2] y, previa autorización de las Cortes Generales, declarar la guerra y hacer la paz [CE, art. 63.3].

1.5. Refrendo

• Refrendan el Presidente del Gobierno y, en su caso, los Ministros competentes; la propuesta y nombramiento del Presidente del Gobierno y la disolución del artículo 99 los refrenda el Presidente del Congreso [CE, art. 64.1].
• Responden de los actos del Rey quienes los refrendan [CE, art. 64.2].
• El Rey nombra y releva libremente a los miembros civiles y militares de su Casa [CE, art. 65.2].

2. Las Cortes Generales

2.1. Naturaleza

• Representan al pueblo español y las forman el Congreso de los Diputados y el Senado [CE, art. 66.1]; ejercen la potestad legislativa, aprueban los Presupuestos y controlan al Gobierno [CE, art. 66.2], y son inviolables [CE, art. 66.3].
• Nadie puede ser miembro de ambas Cámaras ni acumular el acta autonómica con la de Diputado [CE, art. 67.1], y no hay mandato imperativo [CE, art. 67.2].

2.2. Congreso y Senado

Los artículos 68 y 69 fijan la composición [CE, art. 68.1; CE, art. 68.2; CE, art. 68.4; CE, art. 69.1; CE, art. 69.2; CE, art. 69.4; CE, art. 69.6]:

• Sufragio universal, libre, igual, directo y secreto [CE, art. 68.1] y representación proporcional en el Congreso [CE, art. 68.3].
• Elecciones entre treinta y sesenta días desde el fin del mandato; el Congreso electo se convoca dentro de los veinticinco días siguientes [CE, art. 68.6].
• Islas: tres Senadores para Gran Canaria, Mallorca y Tenerife y uno para Ibiza, Formentera, Menorca, Fuerteventura, La Gomera, El Hierro, Lanzarote y La Palma [CE, art. 69.3].
• Cada Comunidad Autónoma designa un Senador y otro más por cada millón de habitantes, a través de su Asamblea legislativa o, en su defecto, de su órgano colegiado superior [CE, art. 69.5].

2.3. Estatuto de los parlamentarios

• Son inelegibles e incompatibles, en todo caso, los componentes del Tribunal Constitucional, los altos cargos de la Administración del Estado que determine la ley (salvo miembros del Gobierno), el Defensor del Pueblo, Magistrados, Jueces y Fiscales en activo, militares profesionales y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Policía en activo, y miembros de las Juntas Electorales [CE, art. 70.1].
• Inviolabilidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones [CE, art. 71.1].
• Inmunidad: solo pueden ser detenidos en flagrante delito y no pueden ser inculpados ni procesados sin autorización de su Cámara [CE, art. 71.2].
• En las causas contra ellos es competente la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo [CE, art. 71.3].

2.4. Funcionamiento

• Cada Cámara aprueba su Reglamento por mayoría absoluta en votación final de totalidad [CE, art. 72.1]. Las sesiones conjuntas las preside el Presidente del Congreso [CE, art. 72.2].
• Dos períodos ordinarios: septiembre a diciembre y febrero a junio [CE, art. 73.1]. Hay sesiones extraordinarias a petición del Gobierno, de la Diputación Permanente o de la mayoría absoluta de los miembros de una Cámara [CE, art. 73.2].
• Si Congreso y Senado no se ponen de acuerdo en las decisiones de los artículos 94.1, 145.2 y 158.2, actúa una Comisión Mixta paritaria y, si su texto no se aprueba, decide el Congreso por mayoría absoluta [CE, art. 74.2].
• No puede delegarse en Comisiones la reforma constitucional, las cuestiones internacionales, las leyes orgánicas y de bases ni los Presupuestos [CE, art. 75.3].
• Las Comisiones de investigación no vinculan a los Tribunales, aunque su resultado puede comunicarse al Ministerio Fiscal [CE, art. 76.1]; comparecer ante ellas es obligatorio [CE, art. 76.2].
• Las peticiones a las Cámaras son siempre por escrito; se prohíbe su presentación directa por manifestaciones ciudadanas [CE, art. 77.1].
• La Diputación Permanente tiene un mínimo de veintiún miembros, en proporción a los grupos [CE, art. 78.1]; la preside el Presidente de la Cámara y asume las facultades de los artículos 86 y 116 si la Cámara está disuelta o ha expirado su mandato [CE, art. 78.2].
• Quórum: mayoría de los miembros; acuerdos por mayoría de los presentes, salvo mayorías especiales [CE, art. 79.1; CE, art. 79.2]. El voto es personal e indelegable [CE, art. 79.3].
• Los plenos son públicos, salvo acuerdo por mayoría absoluta o con arreglo al Reglamento [CE, art. 80].

2.5. Leyes orgánicas y legislación delegada

• Son leyes orgánicas las de desarrollo de los derechos fundamentales y libertades públicas, las que aprueban los Estatutos de Autonomía y el régimen electoral general y las demás previstas en la Constitución [CE, art. 81.1]; exigen mayoría absoluta del Congreso en votación final sobre el conjunto [CE, art. 81.2].
• La delegación legislativa se otorga por ley de bases para textos articulados y por ley ordinaria para refundir textos [CE, art. 82.2].
• Es expresa, para materia concreta y con plazo; se agota con la publicación de la norma y no admite subdelegación a autoridades distintas del Gobierno [CE, art. 82.3].
• Las leyes de bases no pueden autorizar su propia modificación ni permitir normas retroactivas [CE, art. 83].
• Las normas de legislación delegada se llaman Decretos Legislativos [CE, art. 85].

2.6. Decretos-leyes

• Los dicta el Gobierno en caso de extraordinaria y urgente necesidad, y no pueden afectar a las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades del Título I, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general [CE, art. 86.1].
• El Congreso debe pronunciarse sobre su convalidación o derogación en los treinta días siguientes a su promulgación [CE, art. 86.2]; en ese plazo pueden tramitarse como proyectos de ley por urgencia [CE, art. 86.3].

2.7. Iniciativa y procedimiento legislativo

• La iniciativa corresponde al Gobierno, al Congreso y al Senado [CE, art. 87.1]. Las Asambleas autonómicas pueden pedir un proyecto al Gobierno o remitir una proposición al Congreso, con un máximo de tres miembros para defenderla [CE, art. 87.2].
• La iniciativa popular exige 500.000 firmas como mínimo y no cabe en materias de ley orgánica, tributarias, internacionales ni en la prerrogativa de gracia [CE, art. 87.3].

El artículo 90 regula el paso por el Senado [CE, art. 90.2; CE, art. 90.3]:

• El Rey sanciona en quince días las leyes, las promulga y ordena su inmediata publicación [CE, art. 91].
• El referéndum consultivo lo convoca el Rey a propuesta del Presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso [CE, art. 92.2].

2.8. Tratados

• Por ley orgánica se autorizan tratados que atribuyan a una organización internacional competencias derivadas de la Constitución [CE, art. 93].
• Necesitan autorización previa de las Cortes los tratados políticos, militares, los que afecten a la integridad territorial o a los derechos del Título I, los que impliquen obligaciones financieras para la Hacienda Pública y los que modifiquen leyes o exijan medidas legislativas [CE, art. 94.1].
• Un tratado contrario a la Constitución exige previa revisión constitucional [CE, art. 95.1].

3. El Gobierno y la Administración

3.1. Gobierno

• Dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado, y ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria [CE, art. 97].
• Lo componen el Presidente, los Vicepresidentes, en su caso, los Ministros y los demás miembros que establezca la ley [CE, art. 98.1]. El Presidente dirige su acción y coordina a los demás [CE, art. 98.2].
• Sus miembros no pueden ejercer otras funciones representativas que las del mandato parlamentario, ni otra función pública ajena al cargo, ni actividad profesional o mercantil [CE, art. 98.3].

3.2. Investidura y cese

• Tras cada renovación del Congreso, el Rey, previa consulta con los representantes de los Grupos políticos con representación parlamentaria y a través del Presidente del Congreso, propone un candidato, que expone su programa [CE, art. 99.1; CE, art. 99.2].
• Se requiere mayoría absoluta; si no se logra, nueva votación cuarenta y ocho horas después por mayoría simple [CE, art. 99.3].
• Si en dos meses desde la primera votación nadie obtiene la confianza, el Rey disuelve ambas Cámaras y convoca elecciones, con refrendo del Presidente del Congreso [CE, art. 99.5].

• El Gobierno cesa tras las elecciones generales, por pérdida de confianza parlamentaria o por dimisión o fallecimiento de su Presidente [CE, art. 101.1], y sigue en funciones hasta que tome posesión el nuevo [CE, art. 101.2].
• La responsabilidad criminal de sus miembros se exige ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo [CE, art. 102.1]. La acusación por traición o delito contra la seguridad del Estado requiere iniciativa de la cuarta parte del Congreso y aprobación por su mayoría absoluta [CE, art. 102.2], y no cabe la gracia [CE, art. 102.3].

3.3. Administración

• La Administración sirve con objetividad los intereses generales según los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho [CE, art. 103.1].
• El acceso a la función pública se rige por mérito y capacidad [CE, art. 103.3].
• Las Fuerzas y Cuerpos de seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, protegen el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizan la seguridad ciudadana; una ley orgánica fija sus funciones, principios básicos de actuación y estatutos [CE, art. 104.1; CE, art. 104.2].
• Los particulares tienen derecho a indemnización por las lesiones causadas por el funcionamiento de los servicios públicos, salvo fuerza mayor [CE, art. 106.2].
• El Consejo de Estado es el supremo órgano consultivo del Gobierno [CE, art. 107].

4. Relaciones entre las Cortes Generales y el Gobierno

• El Gobierno responde solidariamente en su gestión política ante el Congreso [CE, art. 108].
• Está sometido a interpelaciones y preguntas, con tiempo mínimo semanal; la interpelación puede dar lugar a una moción [CE, art. 111.1; CE, art. 111.2].

Los artículos 112 a 114 comparan los dos instrumentos de responsabilidad política [CE, art. 112; CE, art. 113.1; CE, art. 113.2; CE, art. 114.1; CE, art. 114.2]:

• La moción de censura no se vota hasta pasados cinco días; en los dos primeros caben mociones alternativas [CE, art. 113.3]. Si fracasa, sus firmantes no pueden presentar otra en el mismo período de sesiones [CE, art. 113.4].
• El Presidente puede proponer, bajo su exclusiva responsabilidad, la disolución del Congreso, del Senado o de las Cortes, que decreta el Rey [CE, art. 115.1]; no con una moción de censura en trámite [CE, art. 115.2] ni antes de un año desde la anterior, salvo el artículo 99.5 [CE, art. 115.3].

4.1. Estados de alarma, excepción y sitio

El artículo 116 los regula así [CE, art. 116.2; CE, art. 116.3; CE, art. 116.4]:

• Mientras dure alguno de ellos no puede disolverse el Congreso, y si está disuelto o ha expirado su mandato asume sus competencias la Diputación Permanente [CE, art. 116.5].

5. El poder judicial

• La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley [CE, art. 117.1].
• La potestad jurisdiccional, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales [CE, art. 117.3].
• La unidad jurisdiccional es la base de los Tribunales; la jurisdicción militar se limita al ámbito castrense y al estado de sitio [CE, art. 117.5]. Se prohíben los Tribunales de excepción [CE, art. 117.6].
• La justicia es gratuita para quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar [CE, art. 119]. El procedimiento es predominantemente oral, sobre todo en lo criminal, y las sentencias son siempre motivadas [CE, art. 120.2; CE, art. 120.3].
• El Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno del poder judicial [CE, art. 122.2]. Lo preside el Presidente del Tribunal Supremo y tiene veinte miembros nombrados por el Rey por cinco años: doce entre Jueces y Magistrados; cuatro a propuesta del Congreso y cuatro del Senado, por tres quintos, entre abogados y juristas con más de quince años de ejercicio [CE, art. 122.3].
• El Tribunal Supremo es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo en garantías constitucionales [CE, art. 123.1].
• El Ministerio Fiscal promueve la acción de la justicia en defensa de la legalidad, los derechos de los ciudadanos y el interés público, y vela por la independencia de los Tribunales [CE, art. 124.1]. Actúa por unidad de actuación y dependencia jerárquica, con sujeción a legalidad e imparcialidad [CE, art. 124.2].
• El Fiscal General del Estado lo nombra el Rey a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial [CE, art. 124.4].
• La policía judicial depende de los Jueces, Tribunales y Ministerio Fiscal en la averiguación del delito y el descubrimiento y aseguramiento del delincuente [CE, art. 126].
• Jueces, Magistrados y Fiscales en activo no pueden pertenecer a partidos políticos ni sindicatos [CE, art. 127.1].

6. El Tribunal Constitucional

Lo componen 12 miembros nombrados por el Rey [CE, art. 159.1]:

• Se eligen entre Magistrados, Fiscales, Profesores de Universidad, funcionarios públicos y Abogados con más de quince años de ejercicio [CE, art. 159.2], por nueve años, renovándose por terceras partes cada tres [CE, art. 159.3].
• Son independientes e inamovibles [CE, art. 159.5]. Su Presidente lo nombra el Rey entre sus miembros, a propuesta del pleno, por tres años [CE, art. 160].
• Conoce del recurso de inconstitucionalidad, del recurso de amparo, de los conflictos de competencia entre el Estado y las Comunidades Autónomas o entre estas, y de lo que le atribuyan la Constitución o las leyes orgánicas [CE, art. 161.1].
• La impugnación por el Gobierno de disposiciones autonómicas las suspende; el Tribunal ratifica o levanta la suspensión en no más de cinco meses [CE, art. 161.2].
• Recurso de inconstitucionalidad: legitimados el Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, 50 Diputados, 50 Senadores y los órganos colegiados ejecutivos y, en su caso, las Asambleas de las Comunidades Autónomas [CE, art. 162.1].
• Recurso de amparo: toda persona natural o jurídica con interés legítimo, el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal [CE, art. 162.1].
• La cuestión de inconstitucionalidad la plantea un órgano judicial ante una norma con rango de ley de cuya validez dependa el fallo; nunca tiene efectos suspensivos [CE, art. 163].
• Las sentencias se publican en el BOE con los votos particulares, tienen valor de cosa juzgada desde el día siguiente y no admiten recurso [CE, art. 164.1].