Tema 3. Garantías de las libertades y Derechos fundamentales. El Defensor del Pueblo. La suspensión de los derechos y libertades. Estado de sitio, estado de excepción y estado de alarma.

El tema se estudia con la Constitución Española (CE), artículos 53, 54, 55 y 116, y con tres leyes orgánicas que los desarrollan: la Ley Orgánica 6/1984, reguladora del procedimiento de «Habeas Corpus» (LO6-1984), la Ley Orgánica 3/1981, del Defensor del Pueblo (LO3-1981) y la Ley Orgánica 4/1981, de los estados de alarma, excepción y sitio (LO4-1981) [CE, art. 53.1] [LO6-1984, art. 1] [LO3-1981, art. 1] [LO4-1981, art. 1]. Las secciones siguen el orden del título.

1. Garantías de las libertades y derechos fundamentales

1.1. Las garantías del artículo 53 de la Constitución

Cada grupo de derechos del Título I tiene un nivel de protección distinto [CE, art. 53]:

1.2. El procedimiento de «Habeas Corpus»

Es la garantía que permite obtener la inmediata puesta a disposición de la Autoridad judicial competente de cualquier persona detenida ilegalmente [LO6-1984, art. 1].

Se consideran ilegalmente detenidas [LO6-1984, art. 1]:

• Las detenidas por una autoridad, agente, funcionario o particular sin que concurran los supuestos legales o sin cumplir las formalidades y requisitos de las leyes [LO6-1984, art. 1].
• Las ilícitamente internadas en cualquier establecimiento o lugar [LO6-1984, art. 1].
• Las que lo estén por plazo superior al legal sin ser puestas en libertad o entregadas al Juez más próximo [LO6-1984, art. 1].
• Las privadas de libertad a quienes no se respeten los derechos que la Constitución y las leyes procesales garantizan al detenido [LO6-1984, art. 1].

Juez competente [LO6-1984, art. 2]:

Legitimados para instarlo [LO6-1984, art. 3]:

• El privado de libertad, su cónyuge o pareja de análoga relación, descendientes, ascendientes, hermanos y, en su caso, los representantes legales de los menores y quien preste apoyo con representación a la persona con discapacidad [LO6-1984, art. 3].
• El Ministerio Fiscal [LO6-1984, art. 3].
• El Defensor del Pueblo [LO6-1984, art. 3].
• El abogado defensor del privado de libertad [LO6-1984, art. 3].
• Además, el Juez competente puede iniciarlo de oficio [LO6-1984, art. 3].

Tramitación [LO6-1984, art. 6]:

• Se inicia por escrito o comparecencia, sin que sea preceptiva la intervención de Abogado ni de Procurador; se hace constar quién lo pide y para quién, el lugar y la custodia del privado de libertad y el motivo concreto [LO6-1984, art. 4].
• La autoridad, agente o funcionario que custodie al detenido debe poner inmediatamente la solicitud en conocimiento del Juez; si no lo hace, será apercibido, sin perjuicio de sus responsabilidades penales y disciplinarias [LO6-1984, art. 5].
• El Juez da traslado al Ministerio Fiscal y, mediante auto, incoa el procedimiento o deniega la solicitud por improcedente; contra ese auto no cabe recurso [LO6-1984, art. 6].
• En el auto de incoación ordena que se le presente al detenido sin pretexto ni demora o se desplaza al lugar donde esté; oye al privado de libertad, a su representante y abogado, al Fiscal y a quien ordenó o practicó la detención o tiene la custodia [LO6-1984, art. 7].
• Todas las actuaciones y la resolución se hacen en el plazo de veinticuatro horas desde el auto de incoación [LO6-1984, art. 7].

Resolución, por auto motivado [LO6-1984, art. 8]:

• Si no hay detención ilegal: archivo, declarando conforme a Derecho la privación de libertad [LO6-1984, art. 8].
• Si la hay: puesta en libertad; continuación de la privación de libertad, si procede, en otro establecimiento o bajo otra custodia; o puesta inmediata a disposición judicial si ya pasó el plazo legal de detención [LO6-1984, art. 8].
• El Juez deduce testimonio para perseguir los delitos de quien ordenó la detención o tuvo la custodia, y también en los casos de denuncia falsa o simulación de delito; si aprecia temeridad o mala fe, condena en costas al solicitante [LO6-1984, art. 9].

2. El Defensor del Pueblo

2.1. Naturaleza y elección

• La Constitución lo define como alto comisionado de las Cortes Generales, designado por estas para la defensa de los derechos del Título I, pudiendo supervisar la actividad de la Administración y dando cuenta a las Cortes [CE, art. 54] [LO3-1981, art. 1].
• Es elegido por las Cortes Generales para un periodo de cinco años y se dirige a ellas a través de los Presidentes del Congreso y del Senado [LO3-1981, art. 2.1].
• Puede serlo cualquier español mayor de edad en el pleno disfrute de sus derechos civiles y políticos [LO3-1981, art. 3].

El procedimiento de elección es el siguiente [LO3-1981, art. 2]:

• Su nombramiento lo acreditan con su firma los Presidentes del Congreso y del Senado y se publica en el «Boletín Oficial del Estado»; toma posesión ante las Mesas de ambas Cámaras reunidas conjuntamente, con juramento o promesa [LO3-1981, art. 4].

2.2. Cese y sustitución

Cesa por renuncia, expiración del plazo, muerte o incapacidad sobrevenida, notoria negligencia en sus deberes o condena por delito doloso en sentencia firme [LO3-1981, art. 5.1].

• En los casos de muerte, renuncia y expiración del plazo, la vacante la declara el Presidente del Congreso; en los demás, se decide por tres quintas partes de cada Cámara, con debate y audiencia del interesado [LO3-1981, art. 5.2].
• El procedimiento para nombrar un nuevo Defensor se inicia en un plazo no superior a un mes [LO3-1981, art. 5.3]; mientras tanto, ejercen sus funciones interinamente los Adjuntos, por su orden [LO3-1981, art. 5.4].

2.3. Estatuto

• Independencia: no está sujeto a mandato imperativo, no recibe instrucciones de ninguna autoridad y actúa con autonomía y según su criterio [LO3-1981, art. 6.1].
• Inviolabilidad: no puede ser detenido, expedientado, multado, perseguido o juzgado por las opiniones o actos de su cargo [LO3-1981, art. 6.2].
• Inmunidad: en los demás casos solo puede ser detenido o retenido en flagrante delito; su inculpación, prisión, procesamiento y juicio corresponden exclusivamente a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo [LO3-1981, art. 6.3]. Estas reglas se aplican también a los Adjuntos [LO3-1981, art. 6.4].
• Incompatibilidades: con todo mandato representativo, cargo político o propaganda política, servicio activo en la Administración, afiliación a partido político, funciones directivas en partidos, sindicatos, asociaciones o fundaciones, carreras judicial y fiscal y cualquier actividad profesional, liberal, mercantil o laboral [LO3-1981, art. 7.1]. Debe cesar en ellas en los diez días siguientes al nombramiento y antes de tomar posesión; si no, se entiende que no acepta [LO3-1981, art. 7.2].
• Adjuntos: le auxilian un Adjunto Primero y un Adjunto Segundo, en quienes puede delegar y que le sustituyen por su orden; los nombra y separa él, previa conformidad de las Cámaras [LO3-1981, art. 8].

2.4. Competencias y quejas

• Puede investigar, de oficio o a petición de parte, los actos y resoluciones de la Administración y sus agentes, incluidos ministros, autoridades y funcionarios [LO3-1981, art. 9].
• Puede dirigirse a él toda persona natural o jurídica con un interés legítimo, sin que impidan hacerlo la nacionalidad, la residencia, el sexo, la minoría de edad, la incapacidad legal o el internamiento en un centro penitenciario [LO3-1981, art. 10.1]. No puede presentar quejas ninguna autoridad administrativa en asuntos de su competencia [LO3-1981, art. 10.3].
• Su actividad no se interrumpe si las Cortes no están reunidas o han sido disueltas (se dirige entonces a las Diputaciones Permanentes), ni durante los estados de excepción o sitio [LO3-1981, art. 11].
• Las quejas sobre la Administración de Justicia las dirige al Ministerio Fiscal o al Consejo General del Poder Judicial [LO3-1981, art. 13].
• Las quejas se presentan firmadas, con nombre, apellidos y domicilio, en escrito razonado en papel común y en el plazo máximo de un año desde que se conocieron los hechos; las actuaciones son gratuitas y no es preceptivo Letrado ni Procurador [LO3-1981, art. 15].
• La correspondencia enviada desde centros de detención o internamiento no puede ser censurada, ni escuchadas sus conversaciones [LO3-1981, art. 16].
• Rechaza las quejas anónimas y puede rechazar las de mala fe o sin fundamento; sus decisiones no son recurribles; no examina quejas con resolución judicial pendiente [LO3-1981, art. 17].
• Admitida la queja, el organismo afectado debe enviar informe escrito en un plazo máximo de quince días, ampliable [LO3-1981, art. 18.1].
• Todos los poderes públicos deben auxiliarle con carácter preferente y urgente [LO3-1981, art. 19.1].
• Si conoce hechos presumiblemente delictivos, lo comunica de inmediato al Fiscal General del Estado [LO3-1981, art. 25.1].
• No puede modificar ni anular actos de la Administración, pero puede sugerir cambios de criterio o de normas [LO3-1981, art. 28]. Está legitimado para interponer los recursos de inconstitucionalidad y de amparo [LO3-1981, art. 29].
• Formula advertencias, recomendaciones, recordatorios y sugerencias, a los que las autoridades deben responder por escrito en un plazo no superior a un mes [LO3-1981, art. 30.1].

2.5. Informes

• Da cuenta anualmente a las Cortes Generales en un informe presentado en periodo ordinario de sesiones; puede presentar informes extraordinarios por gravedad o urgencia, y todos se publican [LO3-1981, art. 32].
• El informe anual recoge las quejas presentadas, rechazadas e investigadas, sin datos personales que identifiquen a los interesados; un resumen se expone oralmente ante los Plenos de ambas Cámaras [LO3-1981, art. 33].

3. La suspensión de los derechos y libertades

3.1. Suspensión general

Pueden suspenderse cuando se declare el estado de excepción o de sitio los derechos siguientes, cuyas medidas concretas desarrolla la ley orgánica [CE, art. 55.1] [LO4-1981, art. 13.2]:

En el estado de excepción no puede suspenderse el apartado 3 del artículo 17 [CE, art. 55.1]; en el estado de sitio puede suspenderse también esa garantía [LO4-1981, art. 32.3].

3.2. Suspensión individual

Una ley orgánica puede determinar cómo y cuándo, de forma individual, con intervención judicial y control parlamentario, se suspenden para personas determinadas los derechos de los artículos 17.2 y 18.2 y 18.3, en investigaciones sobre bandas armadas o elementos terroristas [CE, art. 55.2]. Su uso injustificado o abusivo produce responsabilidad penal [CE, art. 55.2].

4. Estados de alarma, excepción y sitio

4.1. Disposiciones comunes

• Proceden cuando circunstancias extraordinarias impidan mantener la normalidad con los poderes ordinarios [LO4-1981, art. 1.1]. Las medidas y la duración serán las estrictamente indispensables y se aplicarán de forma proporcionada [LO4-1981, art. 1.2].
• Su declaración no interrumpe el funcionamiento de los poderes constitucionales [LO4-1981, art. 1.4]. No puede disolverse el Congreso mientras estén declarados; si las Cámaras no están en periodo de sesiones, quedan automáticamente convocadas, y si el Congreso está disuelto o expirado su mandato asume sus competencias la Diputación Permanente [CE, art. 116.5].
• Se publica de inmediato en el «Boletín Oficial del Estado», es de difusión obligatoria y entra en vigor desde su publicación [LO4-1981, art. 2].
• Los actos de la Administración son impugnables y quien sufra daños por actos no imputables a él tiene derecho a indemnización [LO4-1981, art. 3].
• No modifican el principio de responsabilidad del Gobierno y de sus agentes [CE, art. 116.6].

4.2. Cuadro comparativo

4.3. El estado de alarma

Puede declararse, en todo o parte del territorio, ante [LO4-1981, art. 4]:

• Catástrofes, calamidades o desgracias públicas (terremotos, inundaciones, incendios urbanos y forestales, accidentes de gran magnitud) [LO4-1981, art. 4].
• Crisis sanitarias (epidemias, contaminación grave) [LO4-1981, art. 4].
• Paralización de servicios públicos esenciales, cuando no se garantice lo dispuesto en los artículos 28.2 y 37.2 CE y concurra otra de las circunstancias del artículo [LO4-1981, art. 4].
• Desabastecimiento de productos de primera necesidad [LO4-1981, art. 4].

Reglas del estado de alarma [LO4-1981, art. 6]:

• Si afecta solo al territorio de una Comunidad Autónoma, su Presidente puede solicitarlo al Gobierno [LO4-1981, art. 5], y puede ser la Autoridad competente por delegación del Gobierno [LO4-1981, art. 7].
• El decreto fija ámbito, duración y efectos; la prórroga exige autorización expresa del Congreso, que puede fijar su alcance y condiciones [LO4-1981, art. 6.2]. El Gobierno da cuenta al Congreso de la declaración y de los decretos posteriores [LO4-1981, art. 8].
• Las autoridades civiles, los Cuerpos de Policía de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales y los demás funcionarios del territorio quedan bajo las órdenes directas de la Autoridad competente, que puede imponerles servicios extraordinarios [LO4-1981, art. 9.1].
• Medidas posibles: limitar la circulación o permanencia de personas y vehículos; requisas temporales y prestaciones personales obligatorias; intervenir y ocupar industrias y locales, excepto domicilios privados; limitar o racionar servicios y artículos de primera necesidad; y asegurar el abastecimiento [LO4-1981, art. 11].

4.4. El estado de excepción

• Procede cuando el libre ejercicio de los derechos, el funcionamiento de las instituciones democráticas, de los servicios públicos esenciales o cualquier aspecto del orden público estén tan gravemente alterados que las potestades ordinarias no basten [LO4-1981, art. 13.1].
• La solicitud del Gobierno al Congreso incluye los derechos cuya suspensión se pide (solo los del artículo 55.1 CE), las medidas, el ámbito, la duración (máximo treinta días) y la cuantía máxima de las sanciones [LO4-1981, art. 13.2]. El Congreso puede aprobarla o modificarla [LO4-1981, art. 13.3].
• Prórroga: máximo treinta días [LO4-1981, art. 15.3]. El Gobierno puede ponerle fin anticipado dando cuenta al Congreso [LO4-1981, art. 15.2].

Medidas, si el Congreso autoriza la suspensión del derecho correspondiente [LO4-1981, art. 13.2]:

• Detención de quien haya fundadas sospechas de que vaya a alterar el orden público, por un máximo de diez días, comunicada al juez en veinticuatro horas [LO4-1981, art. 16].
• Inspecciones y registros domiciliarios, con orden formal y escrita, en presencia del titular o familiares y de dos vecinos, levantando acta y comunicándolo al Juez [LO4-1981, art. 17].
• Intervención de comunicaciones, comunicada por escrito motivado al Juez [LO4-1981, art. 18].
• Prohibir la circulación, exigir identificación, fijar zonas de seguridad, exigir comunicar desplazamientos con dos días de antelación y fijar residencia transitoria [LO4-1981, art. 20].
• Suspender publicaciones y emisiones y ordenar secuestros, sin censura previa [LO4-1981, art. 21].
• Someter a autorización previa, prohibir o disolver reuniones y manifestaciones; las reuniones orgánicas de partidos, sindicatos y asociaciones empresariales no pueden prohibirse [LO4-1981, art. 22].
• Prohibir huelgas y medidas de conflicto colectivo [LO4-1981, art. 23].

4.5. El estado de sitio

• Procede ante una insurrección o acto de fuerza contra la soberanía o independencia de España, su integridad territorial o el ordenamiento constitucional que no pueda resolverse por otros medios [LO4-1981, art. 32.1].
• Además de las medidas de los otros estados, puede suspender las garantías del detenido del artículo 17.3 CE [LO4-1981, art. 32.3].
• El Gobierno asume las facultades extraordinarias y designa la Autoridad militar que ejecuta las medidas bajo su dirección [LO4-1981, art. 33], la cual publica los bandos oportunos [LO4-1981, art. 34].
• El Congreso puede determinar los delitos sometidos a la Jurisdicción Militar durante su vigencia [LO4-1981, art. 35]. Las autoridades civiles conservan las facultades no conferidas a la militar [LO4-1981, art. 36].