Tema 6. El Poder Judicial. El Ministerio Fiscal: composición y funciones. El Tribunal Constitucional: composición y funciones. El Tribunal Supremo. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias: composición y funciones.

El tema se estudia con la Constitución Española (CE), la Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial (LOPJ), la Ley 50/1981, Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF), la Ley Orgánica 2/1979, del Tribunal Constitucional (LOTC) y la Ley Orgánica 1/2018, de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias (EACAN) [CE, art. 117.1] [LOPJ, art. 53] [EOMF, art. 1] [LOTC, art. 1.1] [EACAN, art. 78.1].

1. El Poder Judicial

1.1. Principios constitucionales

• La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley [CE, art. 117.1].
• No pueden ser separados, suspendidos, trasladados ni jubilados sino por las causas y con las garantías previstas en la ley [CE, art. 117.2].
• La potestad jurisdiccional, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las leyes [CE, art. 117.3].
• El principio de unidad jurisdiccional es la base de la organización y funcionamiento de los Tribunales; la ley regula la jurisdicción militar en el ámbito estrictamente castrense y en los supuestos de estado de sitio [CE, art. 117.5].
• Se prohíben los Tribunales de excepción [CE, art. 117.6].

1.2. Garantías ante la justicia

• Es obligado cumplir las sentencias y resoluciones firmes y prestar la colaboración requerida por Jueces y Tribunales [CE, art. 118].
• La justicia es gratuita cuando lo disponga la ley y, en todo caso, para quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar [CE, art. 119].
• Las actuaciones son públicas; el procedimiento es predominantemente oral, sobre todo en materia criminal, y las sentencias son siempre motivadas y se pronuncian en audiencia pública [CE, art. 120.2] [CE, art. 120.3].
• El error judicial y el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia dan derecho a indemnización a cargo del Estado [CE, art. 121].
• Los ciudadanos pueden ejercer la acción popular y participar mediante el Jurado [CE, art. 125].
• La policía judicial depende de los Jueces, de los Tribunales y del Ministerio Fiscal en sus funciones de averiguación del delito y descubrimiento y aseguramiento del delincuente [CE, art. 126].

1.3. Estatuto de Jueces y Magistrados

La ley orgánica del poder judicial determina la constitución, funcionamiento y gobierno de Juzgados y Tribunales y el estatuto de los Jueces y Magistrados de carrera, que forman un Cuerpo único [CE, art. 122.1]. Mientras estén en activo, Jueces, Magistrados y Fiscales no pueden desempeñar otros cargos públicos ni pertenecer a partidos políticos o sindicatos; la ley regula su asociación profesional [CE, art. 127.1].

1.4. El Consejo General del Poder Judicial

El Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno del Poder Judicial; la ley orgánica fija su estatuto y sus funciones, en particular en nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario [CE, art. 122.2]. Lo preside el Presidente del Tribunal Supremo y tiene veinte vocales [CE, art. 122.3]:

Los vocales son nombrados por el Rey por cinco años; los propuestos por las Cámaras deben tener más de quince años de ejercicio profesional [CE, art. 122.3].

2. El Ministerio Fiscal

2.1. Naturaleza y misión

El Ministerio Fiscal tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante estos la satisfacción del interés social [CE, art. 124.1] [EOMF, art. 1]. Es un órgano de relevancia constitucional con personalidad jurídica propia, integrado con autonomía funcional en el Poder Judicial [EOMF, art. 2.1]. Es único para todo el Estado [EOMF, art. 22.1].

2.2. Principios de actuación

Ejerce sus funciones por medio de órganos propios conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica y con sujeción, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad [CE, art. 124.2] [EOMF, art. 2.1].

• Legalidad: actúa con sujeción a la Constitución, a las leyes y demás normas del ordenamiento vigente, dictaminando, informando y ejercitando las acciones procedentes [EOMF, art. 6].
• Imparcialidad: actúa con plena objetividad e independencia en defensa de los intereses que le estén encomendados [EOMF, art. 7].

2.3. Funciones

Para cumplir su misión corresponde al Ministerio Fiscal, entre otras funciones [EOMF, art. 3]:

• Velar por que la función jurisdiccional se ejerza eficazmente y en los plazos legales, y por el respeto de las instituciones constitucionales y de los derechos fundamentales [EOMF, art. 3.1] [EOMF, art. 3.3].
• Ejercitar las acciones penales y civiles derivadas de delitos e intervenir en el proceso penal, sin perjuicio de la competencia de la Fiscalía Europea [EOMF, art. 3.4] [EOMF, art. 3.5].
• Intervenir en los procesos civiles cuando esté comprometido el interés social o puedan afectar a personas menores, incapaces o desvalidas [EOMF, art. 3.7].
• Velar por la protección procesal de las víctimas y de testigos y peritos [EOMF, art. 3.10].
• Interponer el recurso de amparo constitucional e intervenir en los procesos ante el Tribunal Constitucional [EOMF, art. 3.12].
• Ejercer las funciones de su legislación específica en responsabilidad penal de menores, orientándose al interés superior del menor [EOMF, art. 3.13].

Puede, entre otras cosas, visitar en cualquier momento los centros de detención, penitenciarios o de internamiento de su territorio y dar a los funcionarios de la Policía Judicial las órdenes e instrucciones procedentes [EOMF, art. 4]. Sus diligencias de investigación no pueden suponer medidas cautelares o limitativas de derechos, salvo la detención preventiva, y no pueden durar más de seis meses sin prórroga del Fiscal General del Estado [EOMF, art. 5.2]. El Gobierno se comunica con el Ministerio Fiscal por conducto del Ministro de Justicia a través del Fiscal General [EOMF, art. 8.2].

2.4. Órganos del Ministerio Fiscal

Son órganos del Ministerio Fiscal, entre otros, el Fiscal General del Estado, el Consejo Fiscal, las Juntas de Fiscales de Sala y de Fiscales Superiores, la Fiscalía del Tribunal Supremo y las Fiscalías de las Comunidades Autónomas, Provinciales y de Área [EOMF, art. 12].

Los principales órganos colegiados se comparan así [EOMF, art. 14.1] [EOMF, art. 14.4] [EOMF, art. 15] [EOMF, art. 16]:

El Consejo Fiscal funciona en Pleno y en Comisión Permanente; sus acuerdos se adoptan por mayoría simple, con voto dirimente del Presidente en caso de empate [EOMF, art. 14.3].

El Teniente Fiscal del Tribunal Supremo sustituye al Fiscal General en caso de ausencia, imposibilidad o vacante [EOMF, art. 17].

2.5. El Fiscal General del Estado

• Lo nombra el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial [CE, art. 124.4].
• Se elige entre juristas españoles de reconocido prestigio con más de quince años de ejercicio efectivo; no puede ser propuesto quien en los cinco años anteriores haya sido Ministro, Secretario de Estado, Consejero autonómico, Presidente de una Corporación local, diputado, senador o miembro del Parlamento Europeo o de una Asamblea legislativa autonómica [EOMF, art. 29.1].
• Una vez nombrado, jura o promete ante el Rey y toma posesión ante el Pleno del Tribunal Supremo [EOMF, art. 29.3].
• Ostenta la jefatura superior del Ministerio Fiscal y su representación en todo el territorio español, e imparte las órdenes e instrucciones del servicio [EOMF, art. 22.2].
• Su mandato dura cuatro años y no puede renovarse, salvo que haya ostentado el cargo menos de dos años [EOMF, art. 31.2].
• Solo cesa antes por petición propia, incompatibilidad, incapacidad o enfermedad, incumplimiento grave o reiterado de sus funciones o cese del Gobierno que lo propuso; las cuatro primeras causas las aprecia el Consejo de Ministros [EOMF, art. 31.1] [EOMF, art. 31.3].

3. El Tribunal Constitucional

3.1. Naturaleza

El Tribunal Constitucional, como intérprete supremo de la Constitución, es independiente de los demás órganos constitucionales y está sometido solo a la Constitución y a su Ley Orgánica [LOTC, art. 1.1]. Es único en su orden y extiende su jurisdicción a todo el territorio nacional [LOTC, art. 1.2]. Sus resoluciones no pueden ser enjuiciadas por ningún órgano jurisdiccional del Estado [LOTC, art. 4.2].

3.2. Composición

El Tribunal se compone de 12 miembros nombrados por el Rey [CE, art. 159.1]:

La exigencia de candidaturas autonómicas para los propuestos por el Senado procede de la Ley Orgánica, que además obliga a cada órgano proponente a incluir como mínimo un cuarenta por ciento de cada sexo [LOTC, art. 16.1].

• Se nombran entre Magistrados, Fiscales, Profesores de Universidad, funcionarios públicos y Abogados, juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional [CE, art. 159.2] [LOTC, art. 18].
• Se designan por nueve años y se renuevan por terceras partes cada tres [CE, art. 159.3].
• Ningún Magistrado puede ser propuesto para otro período inmediato, salvo que haya ocupado el cargo no más de tres años [LOTC, art. 16.4].
• Son independientes e inamovibles en el ejercicio de su mandato [CE, art. 159.5].

3.3. Presidente y Vicepresidente

El Presidente es nombrado por el Rey entre sus miembros, a propuesta del Tribunal en pleno, por tres años [CE, art. 160]. El Pleno lo elige por votación secreta: en primera votación se exige mayoría absoluta; si no se alcanza, en segunda resulta elegido quien obtenga más votos; en caso de empate se hace una última votación y, si se repite, se propone al de mayor antigüedad en el cargo y, a igualdad, al de mayor edad [LOTC, art. 9.2]. Puede ser reelegido por una sola vez [LOTC, art. 9.3]. Por el mismo procedimiento y período se elige un Vicepresidente, que sustituye al Presidente y preside la Sala Segunda [LOTC, art. 9.4].

3.4. Organización interna

El Tribunal actúa en Pleno, en Sala o en Sección [LOTC, art. 6.1]:

• Pleno: todos los Magistrados, presidido por el Presidente [LOTC, art. 6.2].
• Salas: dos, de seis Magistrados cada una; el Presidente preside la Sala Primera y el Vicepresidente la Segunda [LOTC, art. 7.1].
• Secciones: el Presidente respectivo o quien le sustituya y dos Magistrados, para el despacho ordinario y la admisión de asuntos [LOTC, art. 8.1].

3.5. Incompatibilidades y cese

La condición de miembro es incompatible con todo mandato representativo, con cargos políticos o administrativos, con funciones directivas en partidos o sindicatos, con las carreras judicial y fiscal y con cualquier actividad profesional o mercantil [CE, art. 159.4]. Si el propuesto no cesa en la actividad incompatible en los diez días siguientes a la propuesta, se entiende que no acepta el cargo [LOTC, art. 19.2]. No pueden ser perseguidos por las opiniones expresadas en el ejercicio de sus funciones [LOTC, art. 22].

Entre las causas de cese figuran la renuncia y la expiración del plazo [LOTC, art. 23.1]. La renuncia, la expiración y el fallecimiento los decreta el Presidente; en los demás casos decide el Pleno, por mayoría simple (incapacidad e incompatibilidad) o por tres cuartas partes (resto) [LOTC, art. 23.2].

3.6. Competencias

El Tribunal conoce del recurso de inconstitucionalidad contra leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley, del recurso de amparo por violación de los derechos y libertades del artículo 53.2 y de los conflictos de competencia entre el Estado y las Comunidades Autónomas o de estas entre sí [CE, art. 161.1].

La LOTC añade, entre otros, los conflictos entre órganos constitucionales del Estado, los conflictos en defensa de la autonomía local y la declaración sobre la constitucionalidad de los tratados internacionales [LOTC, art. 2.1].

El Gobierno puede impugnar ante el Tribunal las disposiciones y resoluciones de los órganos autonómicos; la impugnación suspende la disposición recurrida, pero el Tribunal debe ratificar o levantar la suspensión en un plazo no superior a cinco meses [CE, art. 161.2].

3.7. Procesos principales

La tabla resume la legitimación y los plazos de cada proceso [CE, art. 162.1] [LOTC, art. 33.1] [LOTC, art. 33.2] [LOTC, art. 43.2] [LOTC, art. 44.2] [LOTC, art. 79.3] [LOTC, art. 79.4]. Las Comunidades Autónomas solo están legitimadas para recurrir leyes del Estado que puedan afectar a su propio ámbito de autonomía, previo acuerdo [LOTC, art. 32.2]. El recurso previo debe resolverse en el plazo improrrogable de seis meses [LOTC, art. 79.6].

• Cuestión de inconstitucionalidad: cuando un órgano judicial considere que una norma con rango de ley aplicable al caso, de cuya validez dependa el fallo, puede ser contraria a la Constitución, plantea la cuestión al Tribunal; sus efectos sobre la norma en ningún caso serán suspensivos [CE, art. 163]. Su planteamiento suspende provisionalmente el proceso judicial hasta la admisión y, admitida, hasta que el Tribunal resuelva [LOTC, art. 35.3]. Solo puede plantearse concluso el procedimiento y dentro del plazo para dictar sentencia [LOTC, art. 35.2].
• Amparo: protege los derechos de los artículos 14 a 29 de la Constitución y la objeción de conciencia del artículo 30 [LOTC, art. 41.1]. Su interposición no suspende los efectos del acto o sentencia impugnados [LOTC, art. 56.1].

3.8. Sentencias

Las sentencias se publican en el boletín oficial del Estado con los votos particulares; tienen valor de cosa juzgada desde el día siguiente a su publicación y no cabe recurso alguno contra ellas [CE, art. 164.1]. Las que declaran la inconstitucionalidad de una ley y las que no se limitan a la estimación subjetiva de un derecho tienen plenos efectos frente a todos [CE, art. 164.1]. Salvo que el fallo disponga otra cosa, subsiste la vigencia de la ley en la parte no afectada [CE, art. 164.2].

4. El Tribunal Supremo

• El Tribunal Supremo, con jurisdicción en toda España, es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales [CE, art. 123.1].
• Tiene su sede en la villa de Madrid, y ningún otro órgano puede tener el título de Supremo [LOPJ, art. 53].
• Su Presidente es nombrado por el Rey, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial [CE, art. 123.2].

Está integrado por cinco Salas [LOPJ, art. 55]:

Las competencias de cada Sala figuran en sus propios artículos [LOPJ, art. 56] [LOPJ, art. 57.1] [LOPJ, art. 58] [LOPJ, art. 59]. La Sala especial del artículo 61 conoce, entre otros asuntos, de la declaración de ilegalidad y disolución de partidos políticos [LOPJ, art. 61.1].

5. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias

5.1. Posición

• El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma culmina la organización judicial en su territorio, sin perjuicio de la jurisdicción del Tribunal Supremo [LOPJ, art. 70]. Toma el nombre de la Comunidad Autónoma y extiende su jurisdicción a su ámbito territorial [LOPJ, art. 71].
• El de Canarias es competente para conocer de los recursos y procedimientos en los órdenes civil, penal, contencioso-administrativo y social y para tutelar los derechos reconocidos por el Estatuto [EACAN, art. 78.1].
• Es la última instancia jurisdiccional de todos los procesos seguidos ante los órganos judiciales de Canarias, sin perjuicio de la competencia reservada al Tribunal Supremo [EACAN, art. 78.2].
• Le corresponde en exclusiva la unificación de la interpretación del Derecho propio de Canarias y la resolución de los recursos extraordinarios de revisión contra resoluciones firmes de órganos judiciales canarios [EACAN, art. 78.3] [EACAN, art. 78.4].
• Tiene su sede en Las Palmas de Gran Canaria, con las salas necesarias en Santa Cruz de Tenerife [EACAN, art. 78.5].

5.2. Composición

El Tribunal Superior de Justicia tiene tres Salas: de lo Civil y Penal, de lo Contencioso-Administrativo y de lo Social [LOPJ, art. 72.1]. Se compone de un Presidente, que también preside la Sala de lo Civil y Penal y tiene la consideración de Magistrado del Tribunal Supremo mientras desempeña el cargo, de los Presidentes de Sala y de los Magistrados que determine la ley [LOPJ, art. 72.2].

El Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias es el representante del Poder Judicial en Canarias; lo nombra el Rey a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, y el Presidente del Gobierno de Canarias ordena publicar el nombramiento en el «Boletín Oficial de Canarias» [EACAN, art. 79.1].

5.3. Funciones

En todo caso corresponde al Tribunal Superior de Justicia de Canarias conocer de los recursos relacionados con los procesos electorales de la Comunidad Autónoma y resolver las cuestiones de competencia entre órganos judiciales de Canarias sin superior común [EACAN, art. 80]. Por Salas, sus competencias principales son estas:

• Sala de lo Civil y Penal, como Sala de lo Civil: demandas de responsabilidad civil contra el Presidente y miembros del Consejo de Gobierno y contra los miembros de la Asamblea legislativa, cuando no correspondan al Tribunal Supremo [LOPJ, art. 73.2].
• Sala de lo Civil y Penal, como Sala de lo Penal: causas que el Estatuto le reserve, causas contra jueces, magistrados y fiscales por hechos en el ejercicio de su cargo en la comunidad cuando no correspondan al Tribunal Supremo, y apelaciones contra resoluciones de las Audiencias Provinciales en primera instancia [LOPJ, art. 73.3].
• Sala de lo Contencioso-Administrativo: en única instancia, recursos contra actos de las Entidades locales y de la Administración autonómica no atribuidos a los Tribunales de Instancia, contra disposiciones generales autonómicas y locales y contra la prohibición o propuesta de modificación de reuniones previstas en la ley reguladora del derecho de reunión [LOPJ, art. 74.1].
• Sala de lo Social: recursos contra las resoluciones de las Secciones de lo Social de los Tribunales de Instancia de la comunidad [LOPJ, art. 75].

5.4. El Fiscal Superior de Canarias

El Fiscal Superior de Canarias es el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia y representa al Ministerio Fiscal en la Comunidad Autónoma; se designa según el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, y el Presidente del Gobierno de Canarias ordena publicar su nombramiento en el «Boletín Oficial de Canarias» [EACAN, art. 81.1] [EACAN, art. 81.2]. Envía la memoria anual de la Fiscalía al Gobierno, al Consejo de Justicia de Canarias y al Parlamento, y debe presentarla ante este dentro de los seis meses siguientes a hacerse pública [EACAN, art. 81.3].