Tema 27. Delitos contra la libertad. Las torturas y otros delitos contra la integridad moral.

El tema se estudia con un solo bloque del Código Penal (CP), los arts. 163 a 177 bis: primero los delitos contra la libertad (detenciones ilegales y secuestros, amenazas y coacciones, con el matrimonio forzado y el acoso) y después las torturas y demás atentados contra la integridad moral; el rango termina con la trata de seres humanos, que se resume de forma breve porque el título no la nombra [CP, art. 163.1; CP, art. 173.1; CP, art. 177 bis.1].

1. Delitos contra la libertad

1.1. Detenciones ilegales y secuestros

Tipo básico. El particular que encerrare o detuviere a otro, privándole de su libertad, será castigado con prisión de cuatro a seis años [CP, art. 163.1].

• Si da libertad al encerrado o detenido dentro de los tres primeros días, sin haber logrado el objeto que se había propuesto, se impone la pena inferior en grado [CP, art. 163.2].
• Si el encierro o detención ha durado más de quince días, la pena es de prisión de cinco a ocho años [CP, art. 163.3].
• El particular que, fuera de los casos permitidos por las leyes, aprehendiere a una persona para presentarla inmediatamente a la autoridad será castigado con multa de tres a seis meses [CP, art. 163.4].

Secuestro. Es la detención de una persona exigiendo alguna condición para ponerla en libertad, castigada con prisión de seis a diez años; si dura más de quince días (art. 163.3) se impone la pena superior en grado, y la inferior en grado si se dan las condiciones del art. 163.2 [CP, art. 164].

Agravación común. Las penas anteriores se imponen en su mitad superior si la detención ilegal o el secuestro se ejecuta con simulación de autoridad o función pública, o si la víctima es menor de edad, persona con discapacidad necesitada de especial protección o funcionario público en el ejercicio de sus funciones [CP, art. 165].

No dar razón del paradero. Penas para el reo de detención ilegal o secuestro que no dé razón del paradero de la persona detenida [CP, art. 166.1; CP, art. 166.2]:

Detención por autoridad o funcionario. La autoridad o funcionario público que, fuera de los casos permitidos por la ley y sin mediar causa por delito, cometa alguno de los hechos de este capítulo será castigado con las penas previstas en su mitad superior, pudiendo llegar hasta la superior en grado [CP, art. 167.1]. Las mismas penas se imponen [CP, art. 167.2]:

• al funcionario o autoridad que, mediando o no causa por delito, acordare, practicare o prolongare la privación de libertad de cualquiera y no la reconociese o ocultase la situación o paradero de esa persona, privándola de sus derechos constitucionales o legales [CP, art. 167.2.a)];
• al particular que actúe con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado o de sus autoridades [CP, art. 167.2.b)].

Si los hechos los comete autoridad o funcionario, se impone además inhabilitación absoluta de ocho a doce años [CP, art. 167.3]. La provocación, la conspiración y la proposición para los delitos de este capítulo se castigan con la pena inferior en uno o dos grados [CP, art. 168].

1.2. Amenazas

Amenaza de un mal que constituye delito. Se castiga al que amenace a otro, a su familia o a personas íntimamente vinculadas con un mal que constituya delito de homicidio, lesiones, aborto, contra la libertad, torturas y contra la integridad moral, la libertad sexual, la intimidad, el honor, el patrimonio y el orden socioeconómico, con esta escala [CP, art. 169]:

Las penas de la amenaza condicional van en su mitad superior si se hace por escrito, por teléfono o por cualquier medio de comunicación o de reproducción, o en nombre de entidades o grupos reales o supuestos [CP, art. 169].

Amenazas para atemorizar a un grupo. Si van dirigidas a atemorizar a los habitantes de una población, grupo étnico, cultural o religioso, colectivo social o profesional o cualquier otro grupo, con la gravedad necesaria para conseguirlo, se imponen las penas superiores en grado a las del art. 169 [CP, art. 170.1]. Quienes, con esa finalidad y gravedad, reclamen públicamente acciones violentas de organizaciones o grupos terroristas reciben prisión de seis meses a dos años [CP, art. 170.2].

Amenaza de un mal que no constituye delito. Prisión de tres meses a un año o multa de seis a 24 meses cuando la amenaza sea condicional y la condición no consista en una conducta debida; si consigue su propósito, en su mitad superior [CP, art. 171.1].

Exigencia bajo amenaza de revelar hechos. Quien exija una cantidad o recompensa bajo la amenaza de revelar o difundir hechos de la vida privada o relaciones familiares no conocidos públicamente y que puedan afectar a la fama, crédito o interés será castigado con prisión de dos a cuatro años si consigue todo o parte de lo exigido, y de cuatro meses a dos años si no [CP, art. 171.2]. Si la amenaza es de revelar o denunciar un delito, el Ministerio Fiscal podrá abstenerse de acusar por ese delito, salvo que tenga prisión superior a dos años; en ese caso el juez o tribunal podrá rebajar la sanción en uno o dos grados [CP, art. 171.3].

Amenazas leves. Tres supuestos según la víctima [CP, art. 171.4; CP, art. 171.5; CP, art. 171.7]:

• Las penas de los apartados 4 y 5 van en su mitad superior si el delito se comete en presencia de menores, en el domicilio común o en el de la víctima, o quebrantando una pena del art. 48 o una medida cautelar o de seguridad de la misma naturaleza [CP, art. 171.5].
• En los apartados 4 y 5 el juez, razonándolo en sentencia, podrá imponer la pena inferior en grado [CP, art. 171.6].
• Si la amenaza leve del apartado 7 se dirige a una persona del art. 173.2, la pena es localización permanente de cinco a treinta días en domicilio diferente y alejado del de la víctima, TBC de cinco a treinta días o multa de uno a cuatro meses (solo en los supuestos del art. 84.2), y no se exige denuncia [CP, art. 171.7].

1.3. Coacciones

Tipo básico. El que, sin estar legítimamente autorizado, impidiere a otro con violencia hacer lo que la ley no prohíbe, o le compeliere a efectuar lo que no quiere, sea justo o injusto, será castigado con prisión de seis meses a tres años o multa de 12 a 24 meses, según la gravedad de la coacción o de los medios [CP, art. 172.1]. Va en su mitad superior si busca impedir el ejercicio de un derecho fundamental (salvo que otro precepto le señale mayor pena) o impedir el legítimo disfrute de la vivienda [CP, art. 172.1].

Coacciones leves. La coacción leve a la esposa o expareja mujer, aun sin convivencia, o a una persona especialmente vulnerable que conviva con el autor se castiga con prisión de seis meses a un año o TBC de treinta y uno a ochenta días, privación de armas de un año y un día a tres años y, si el juez lo estima adecuado, inhabilitación especial hasta cinco años, con la misma agravación (menores, domicilio, quebrantamiento) y la misma posibilidad de rebajar en un grado razonándolo en sentencia [CP, art. 172.2]. Fuera de esos casos, la coacción leve se castiga con multa de uno a tres meses y solo es perseguible por denuncia; si el ofendido es persona del art. 173.2, la pena es localización permanente de cinco a treinta días, TBC de cinco a treinta días o multa de uno a cuatro meses, y la denuncia no es exigible [CP, art. 172.3].

1.4. Matrimonio forzado

• El que con intimidación grave o violencia compeliere a otra persona a contraer matrimonio será castigado con prisión de seis meses a tres años y seis meses o multa de doce a veinticuatro meses [CP, art. 172 bis.1].
• Igual pena para quien, con esa finalidad, use violencia, intimidación grave o engaño para forzar a otro a abandonar el territorio español o a no regresar [CP, art. 172 bis.2].
• En su mitad superior si la víctima es menor de edad [CP, art. 172 bis.3].
• La sentencia se pronuncia también, en su caso, sobre la nulidad o disolución del matrimonio, la filiación y los alimentos [CP, art. 172 bis.4].

1.5. Acoso

Se castiga con prisión de tres meses a dos años o multa de seis a veinticuatro meses al que acose a una persona realizando de forma insistente y reiterada, sin estar legítimamente autorizado, alguna de estas conductas, alterando el normal desarrollo de su vida cotidiana [CP, art. 172 ter.1]:

• La vigile, la persiga o busque su cercanía física [CP, art. 172 ter.1].
• Establezca o intente establecer contacto con ella por cualquier medio de comunicación o por terceras personas [CP, art. 172 ter.1].
• Con el uso indebido de sus datos personales, adquiera productos, contrate servicios o haga que terceros contacten con ella [CP, art. 172 ter.1].
• Atente contra su libertad o su patrimonio, o contra los de otra persona próxima a ella [CP, art. 172 ter.1].

• Víctima en especial vulnerabilidad por edad, enfermedad, discapacidad u otra circunstancia: prisión de seis meses a dos años [CP, art. 172 ter.1].
• Ofendido del art. 173.2: prisión de uno a dos años o TBC de sesenta a ciento veinte días, sin necesidad de denuncia [CP, art. 172 ter.2].
• Las penas se imponen sin perjuicio de las de los delitos en que se concreten los actos de acoso [CP, art. 172 ter.3], y los hechos solo son perseguibles por denuncia del agraviado o su representante legal [CP, art. 172 ter.4].
• Usar sin consentimiento la imagen de una persona para anuncios o perfiles falsos en redes sociales o medios de difusión pública, causándole acoso, hostigamiento o humillación: prisión de tres meses a un año o multa de seis a doce meses, en su mitad superior si la víctima es menor o persona con discapacidad [CP, art. 172 ter.5].

Acoso para obstaculizar la interrupción voluntaria del embarazo. Prisión de tres meses a un año o TBC de treinta y uno a ochenta días para quien acose a una mujer con actos molestos, ofensivos, intimidatorios o coactivos que menoscaben su libertad, y a quien acose así a los trabajadores sanitarios y al personal facultativo o directivo de los centros habilitados [CP, art. 172 quater.1; CP, art. 172 quater.2]. El tribunal puede añadir la prohibición de acudir a determinados lugares de seis meses a tres años [CP, art. 172 quater.3], y no es necesaria la denuncia [CP, art. 172 quater.5].

2. Las torturas y otros delitos contra la integridad moral

2.1. Trato degradante y conductas asimiladas

El que infligiera a otra persona un trato degradante, menoscabando gravemente su integridad moral, será castigado con prisión de seis meses a dos años, y con la misma pena [CP, art. 173.1]:

• quienes, conociendo el paradero del cadáver de una persona, lo oculten de modo reiterado a sus familiares o allegados [CP, art. 173.1];
• quienes, en una relación laboral o funcionarial y prevaliéndose de su superioridad, realicen de forma reiterada actos hostiles o humillantes que, sin llegar a trato degradante, supongan grave acoso [CP, art. 173.1];
• quien de forma reiterada realice actos hostiles o humillantes para impedir el legítimo disfrute de la vivienda [CP, art. 173.1].

A la persona jurídica responsable (art. 31 bis) se le impone multa de seis meses a dos años [CP, art. 173.1].

2.2. Violencia habitual en el ámbito familiar

El que habitualmente ejerza violencia física o psíquica sobre estas personas será castigado con prisión de seis meses a tres años, privación del derecho a la tenencia y porte de armas de tres a cinco años y, en su caso, inhabilitación especial para patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento de uno a cinco años, sin perjuicio de las penas por los actos concretos de violencia [CP, art. 173.2]:

• quien sea o haya sido su cónyuge o persona ligada por análoga relación de afectividad, aun sin convivencia [CP, art. 173.2];
• descendientes, ascendientes o hermanos por naturaleza, adopción o afinidad, propios o del cónyuge o conviviente [CP, art. 173.2];
• menores o personas con discapacidad necesitadas de especial protección que convivan con él o estén bajo la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho del cónyuge o conviviente [CP, art. 173.2];
• persona integrada en el núcleo de su convivencia familiar por cualquier otra relación [CP, art. 173.2];
• personas que por su especial vulnerabilidad están bajo custodia o guarda en centros públicos o privados [CP, art. 173.2].

Va en su mitad superior si algún acto se comete en presencia de menores, utilizando armas, en el domicilio común o en el de la víctima, o quebrantando una pena del art. 48 o una medida cautelar, de seguridad o prohibición de la misma naturaleza; además puede imponerse libertad vigilada [CP, art. 173.2].

Para apreciar la habitualidad se atiende al número de actos acreditados y a su proximidad temporal, aunque la violencia se haya ejercido sobre la misma o distintas víctimas y aunque los actos hayan sido o no enjuiciados antes [CP, art. 173.3].

2.3. Injuria o vejación leve y expresiones de carácter sexual

• Injuria o vejación injusta leve a una persona del art. 173.2: localización permanente de cinco a treinta días en domicilio diferente y alejado del de la víctima, TBC de cinco a treinta días o multa de uno a cuatro meses (solo en los supuestos del art. 84.2) [CP, art. 173.4].
• Las mismas penas para quien se dirija a otra persona con expresiones, comportamientos o proposiciones de carácter sexual que le creen una situación objetivamente humillante, hostil o intimidatoria, sin constituir delito más grave [CP, art. 173.4].
• Ambos solo son perseguibles por denuncia del agraviado o su representante legal [CP, art. 173.4].

2.4. Tortura

Comete tortura la autoridad o funcionario público que, abusando de su cargo, con el fin de obtener una confesión o información, de castigar a una persona por un hecho cometido o sospechado, o por cualquier razón basada en discriminación, la someta a condiciones o procedimientos que le supongan sufrimientos físicos o mentales, la supresión o disminución de sus facultades de conocimiento, discernimiento o decisión, o que de otro modo atenten contra su integridad moral [CP, art. 174.1]. Incurren en las mismas penas la autoridad o funcionario de instituciones penitenciarias o de centros de protección o corrección de menores que cometa esos actos sobre detenidos, internos o presos [CP, art. 174.2].

2.5. Otros atentados de autoridad o funcionario

La autoridad o funcionario que, abusando de su cargo y fuera de los casos del art. 174, atente contra la integridad moral de una persona comete el delito del art. 175, y la que, faltando a los deberes de su cargo, permita que otros ejecuten esos hechos recibe las mismas penas [CP, art. 175; CP, art. 176]:

Si además del atentado a la integridad moral se produce lesión o daño a la vida, integridad física, salud, libertad sexual o bienes de la víctima o de un tercero, los hechos se castigan separadamente, salvo que ya estén especialmente castigados por la ley [CP, art. 177].

3. Trata de seres humanos

Es reo de trata, con prisión de cinco a ocho años, quien, en territorio español, desde España, en tránsito o con destino a ella, empleando violencia, intimidación o engaño, abusando de superioridad, necesidad o vulnerabilidad de la víctima o mediante pagos o beneficios a quien la controle, la captare, transportare, trasladare, acogiere o recibiere con alguna de estas finalidades [CP, art. 177 bis.1]:

• Trabajo o servicios forzados, esclavitud o prácticas similares, servidumbre o mendicidad [CP, art. 177 bis.1.a)].
• Explotación sexual, incluida la pornografía [CP, art. 177 bis.1.b)].
• Explotación para actividades delictivas [CP, art. 177 bis.1.c)].
• Extracción de órganos corporales [CP, art. 177 bis.1.d)].
• Matrimonios forzados [CP, art. 177 bis.1.e)].

• Hay necesidad o vulnerabilidad cuando la persona no tiene otra alternativa, real o aceptable, que someterse al abuso [CP, art. 177 bis.1].
• Con menores de edad hay trata aunque no se use ninguno de esos medios, si hay fines de explotación [CP, art. 177 bis.2]; el consentimiento de la víctima es irrelevante cuando se ha usado alguno de ellos [CP, art. 177 bis.3].
• Pena superior en grado si se pone en peligro la vida o integridad de las víctimas, si la víctima es especialmente vulnerable o menor, o si su vulnerabilidad deriva del desplazamiento por un conflicto armado o catástrofe humanitaria [CP, art. 177 bis.4]; también, con inhabilitación absoluta de seis a doce años, si se actúa prevaliéndose de la condición de autoridad, agente o funcionario [CP, art. 177 bis.5], y si el culpable pertenece a una organización o asociación de más de dos personas [CP, art. 177 bis.6].
• La víctima queda exenta de pena por las infracciones cometidas en la situación de explotación cuando sean consecuencia directa de la violencia, intimidación, engaño o abuso sufridos y haya adecuada proporcionalidad [CP, art. 177 bis.11].