Tema 32. Delitos cometidos por los funcionarios contra las garantías constitucionales. Delitos contra la Administración Pública.

El tema se estudia con dos bloques del Código Penal (CP): los arts. 529 a 542, que castigan a la autoridad o funcionario que vulnera la libertad, el domicilio, las comunicaciones y otros derechos de las personas, y los arts. 404 a 445, que recogen los delitos contra la Administración Pública, de la prevaricación a los abusos en el ejercicio de la función [CP, art. 530; CP, art. 542; CP, art. 404; CP, art. 445]. El resumen sigue el orden del título.

1. Delitos de los funcionarios contra las garantías constitucionales

1.1. Libertad individual

• El juez o magistrado que entregue una causa criminal a otra autoridad o funcionario que ilegalmente se la reclame: inhabilitación especial de seis meses a dos años [CP, art. 529.1]. Si además entrega la persona de un detenido, la pena superior en grado [CP, art. 529.2].
• La autoridad o funcionario que, mediando causa por delito, acuerde, practique o prolongue cualquier privación de libertad de un detenido, preso o sentenciado, con violación de los plazos o demás garantías constitucionales o legales: inhabilitación especial de cuatro a ocho años [CP, art. 530].
• La autoridad o funcionario que, mediando causa por delito, decrete, practique o prolongue la incomunicación de un detenido, preso o sentenciado, con violación de los plazos o garantías: inhabilitación especial de dos a seis años [CP, art. 531].
• Si los hechos de los arts. 530 y 531 se cometen por imprudencia grave: suspensión de empleo o cargo público de seis meses a dos años [CP, art. 532].
• El funcionario penitenciario o de centros de protección o corrección de menores que imponga a los reclusos o internos sanciones o privaciones indebidas, o use con ellos un rigor innecesario: inhabilitación especial de dos a seis años [CP, art. 533].

1.2. Inviolabilidad del domicilio y de las comunicaciones

La autoridad o funcionario que, mediando causa por delito y sin respetar las garantías constitucionales o legales, realice alguna de estas conductas es castigado con multa de seis a doce meses e inhabilitación especial de dos a seis años [CP, art. 534.1]:

• entrar en un domicilio sin el consentimiento del morador [CP, art. 534.1];
• registrar los papeles o documentos de una persona o los efectos de su domicilio, salvo que el dueño haya prestado libremente su consentimiento [CP, art. 534.1].

Si no devuelve al dueño, inmediatamente después del registro, los papeles, documentos y efectos registrados, las penas son inhabilitación especial de seis a doce años y multa de doce a veinticuatro meses [CP, art. 534.1]. Quien, con ocasión de un registro lícito, cometa una vejación injusta o un daño innecesario en los bienes es castigado con las penas de esos hechos en su mitad superior y, además, inhabilitación especial de dos a seis años [CP, art. 534.2].

1.3. Otros derechos de las personas

2. Delitos contra la Administración Pública

2.1. Prevaricación y nombramientos ilegales

La autoridad o funcionario que, a sabiendas de su injusticia, dicte una resolución arbitraria en un asunto administrativo es castigado con inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el derecho de sufragio pasivo de nueve a quince años [CP, art. 404].

La autoridad o funcionario que, en el ejercicio de su competencia y a sabiendas de su ilegalidad, proponga, nombre o dé posesión para un cargo público a una persona que no reúne los requisitos legales es castigado con multa de tres a ocho meses y suspensión de uno a tres años [CP, art. 405]. La misma pena de multa se impone a quien acepte la propuesta, nombramiento o toma de posesión sabiendo que carece de los requisitos [CP, art. 406].

2.2. Abandono de destino y omisión del deber de perseguir delitos

• La autoridad o funcionario que abandone su destino con el propósito de no impedir o no perseguir delitos de los Títulos XXI, XXII, XXIII y XXIV: prisión de uno a cuatro años e inhabilitación absoluta de seis a diez años; si lo hace para no impedir o perseguir cualquier otro delito, inhabilitación especial de uno a tres años [CP, art. 407.1]. Las mismas penas se imponen cuando el abandono tiene por objeto no ejecutar las penas impuestas por la autoridad judicial [CP, art. 407.2].
• La autoridad o funcionario que, faltando a la obligación de su cargo, deje intencionadamente de promover la persecución de los delitos de que tenga noticia o de sus responsables: inhabilitación especial de seis meses a dos años [CP, art. 408].
• Los que promuevan, dirijan u organicen el abandono colectivo y manifiestamente ilegal de un servicio público: multa de ocho a doce meses y suspensión de seis meses a dos años [CP, art. 409]. Los que meramente tomen parte en el abandono colectivo o manifiestamente ilegal de un servicio público esencial con grave perjuicio de éste o de la comunidad: multa de ocho a doce meses [CP, art. 409].

2.3. Desobediencia y denegación de auxilio

Las autoridades o funcionarios que se nieguen abiertamente a dar el debido cumplimiento a resoluciones judiciales, decisiones u órdenes de la autoridad superior, dictadas en su competencia y con las formalidades legales, incurren en multa de tres a doce meses e inhabilitación especial de seis meses a dos años [CP, art. 410.1]. No hay responsabilidad criminal por no cumplir un mandato que constituya una infracción manifiesta, clara y terminante de un precepto de ley o de cualquier otra disposición general [CP, art. 410.2].

Quien, habiendo suspendido la ejecución de las órdenes de sus superiores, las desobedezca después de que éstos hayan desaprobado la suspensión es castigado con multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial de uno a tres años [CP, art. 411].

La denegación de auxilio se castiga según quién requiere y para qué [CP, art. 412.1; CP, art. 412.2; CP, art. 412.3]:

2.4. Custodia de documentos y revelación de secretos

• Sustraer, destruir, inutilizar u ocultar, a sabiendas, documentos cuya custodia tenga encomendada por razón del cargo: prisión de uno a cuatro años, multa de siete a veinticuatro meses e inhabilitación especial de tres a seis años [CP, art. 413].
• Destruir o inutilizar los medios que impiden el acceso a documentos de acceso restringido, o consentirlo: prisión de seis meses a un año o multa de seis a veinticuatro meses, e inhabilitación especial [CP, art. 414.1]. El particular que destruya o inutilice esos medios: multa de seis a dieciocho meses [CP, art. 414.2].
• Acceder o permitir acceder, a sabiendas y sin autorización, a documentos secretos cuya custodia se le haya confiado: multa de seis a doce meses e inhabilitación especial de uno a tres años [CP, art. 415].
• Los particulares encargados accidentalmente del despacho o custodia de documentos que incurran en esas conductas reciben las penas de prisión o multa inmediatamente inferiores [CP, art. 416].

La revelación de secretos se gradúa así [CP, art. 417.1; CP, art. 417.2; CP, art. 418]:

2.5. Cohecho

• Las mismas penas se imponen cuando la dádiva se recibe o solicita como recompensa por esas conductas [CP, art. 421].
• Admitir dádiva o regalo ofrecido en consideración a su cargo o función: prisión de seis meses a un año y suspensión de uno a tres años [CP, art. 422].
• Todo ello se aplica también a jurados, árbitros, mediadores, peritos, administradores concursales y cualquier persona que participe en el ejercicio de la función pública [CP, art. 423].

Cohecho activo (del particular). El particular que ofrezca o entregue dádiva o retribución a una autoridad o funcionario es castigado con las mismas penas de prisión y multa que la persona corrompida, y también cuando la entregue atendiendo a la solicitud de ésta [CP, art. 424.1; CP, art. 424.2]. Si la actuación tiene relación con un procedimiento de contratación, subvenciones o subastas públicas, se le impone además inhabilitación para obtener subvenciones, contratar con el sector público y gozar de beneficios fiscales de cinco a diez años [CP, art. 424.3].

• Si el soborno media en causa criminal a favor del reo por parte de su cónyuge o pareja estable, ascendiente, descendiente o hermano, el sobornador es castigado con prisión de seis meses a un año [CP, art. 425].
• Exención de pena: queda exento el particular que, habiendo accedido ocasionalmente a la solicitud de dádiva de la autoridad o funcionario, denuncie el hecho antes de la apertura del procedimiento, siempre que no hayan transcurrido más de dos meses desde los hechos [CP, art. 426].
• Estas reglas se aplican también a cargos legislativos, administrativos o judiciales de la Unión Europea o de otro país extranjero, a funcionarios de la Unión Europea o de organizaciones internacionales públicas y a quienes gestionen intereses financieros de la Unión Europea [CP, art. 427].

2.6. Tráfico de influencias

En ambos casos, si se obtiene el beneficio perseguido, las penas van en su mitad superior [CP, art. 428; CP, art. 429]. Quienes, ofreciéndose a realizar estas influencias, soliciten de terceros dádivas o acepten promesa son castigados con prisión de seis meses a un año, y si es autoridad o funcionario, además inhabilitación especial de uno a cuatro años [CP, art. 430]. A efectos de este capítulo son funcionarios públicos los determinados por los arts. 24 y 427 [CP, art. 431].

2.7. Malversación

Patrimonio público es todo el conjunto de bienes y derechos, de contenido económico-patrimonial, pertenecientes a las Administraciones públicas [CP, art. 433 ter].

La autoridad o funcionario que, con ánimo de lucro, se apropie o consienta que un tercero se apropie del patrimonio público que tenga a su cargo es castigado según la cuantía y las circunstancias [CP, art. 432.1]:

• Destinar a usos privados, sin ánimo de apropiárselo, el patrimonio público a su cargo: prisión de seis meses a tres años y suspensión de uno a cuatro años; si no lo reintegra en los diez días siguientes a la incoación del proceso, las penas del art. 432 [CP, art. 432 bis].
• Dar al patrimonio público que administre una aplicación pública diferente: prisión de uno a cuatro años e inhabilitación especial de dos a seis años si resulta daño o entorpecimiento graves del servicio; si no resulta, inhabilitación de uno a tres años y multa de tres a doce meses [CP, art. 433].
• Falsear la contabilidad o los documentos de la situación económica de la entidad, de forma idónea para causarle perjuicio y fuera del art. 390: inhabilitación especial de uno a diez años y multa de doce a veinticuatro meses [CP, art. 433 bis.1]; si se causa el perjuicio, prisión de uno a cuatro años, inhabilitación especial de tres a diez años y multa de doce a veinticuatro meses [CP, art. 433 bis.3].
• Si el culpable repara de modo efectivo e íntegro el perjuicio antes del inicio del juicio oral, o colabora activa y eficazmente con las autoridades, se impone la pena inferior en uno o dos grados [CP, art. 434].
• Estas disposiciones se extienden a los encargados de fondos públicos, a los particulares designados depositarios de caudales públicos, a los depositarios de bienes embargados por autoridad pública, a los administradores concursales y a las personas jurídicas [CP, art. 435].

2.8. Fraudes y exacciones ilegales

• Fraude: la autoridad o funcionario que, interviniendo en la contratación pública o en liquidaciones de efectos públicos, se concierte con los interesados o use cualquier artificio para defraudar a un ente público: prisión de dos a seis años e inhabilitación especial de seis a diez años; el particular concertado recibe la misma prisión e inhabilitación para contratar con el sector público de dos a siete años [CP, art. 436].
• Exacciones ilegales: exigir derechos, tarifas o minutas no debidos o en cuantía mayor a la legal: multa de seis a veinticuatro meses y suspensión de seis meses a cuatro años, sin perjuicio de los reintegros [CP, art. 437].
• Cometer, abusando del cargo, estafa o fraude de prestaciones de la Seguridad Social: sus penas en su mitad superior, pudiendo llegar a la superior en grado [CP, art. 438].
• Enriquecimiento injustificado: la autoridad que, durante el cargo y hasta cinco años después de cesar, obtenga un incremento patrimonial o cancelación de deudas superior a 250.000 euros respecto de sus ingresos acreditados y se niegue abiertamente a atender los requerimientos para comprobar su justificación: prisión de seis meses a tres años, multa del tanto al triplo e inhabilitación especial de dos a siete años [CP, art. 438 bis].

2.9. Negociaciones prohibidas y abusos en el ejercicio de la función

• Aprovechar la intervención por razón del cargo en un contrato u operación para forzar o facilitarse participación en el negocio: prisión de seis meses a dos años, multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial de dos a siete años [CP, art. 439].
• Realizar, fuera de los casos legales, actividad profesional o de asesoramiento al servicio de particulares en asuntos en que intervenga o haya intervenido por razón del cargo: multa de seis a doce meses y suspensión de dos a cinco años [CP, art. 441].
• Uso de secreto o información privilegiada con ánimo de beneficio económico: multa del tanto al triplo e inhabilitación de dos a cuatro años; si obtiene el beneficio, prisión de uno a tres años; si resulta grave daño, prisión de uno a seis años [CP, art. 442]. Información privilegiada es toda información concreta que se tenga exclusivamente por razón del cargo y que no haya sido notificada, publicada o divulgada [CP, art. 442].
• Solicitud sexual a quien tenga pretensiones pendientes de la resolución de la autoridad o funcionario, o sus familiares: prisión de uno a dos años e inhabilitación absoluta de seis a doce años [CP, art. 443.1]. Si la hace el funcionario de un centro penitenciario, de menores, de internamiento de extranjeros o de detención a una persona sujeta a su guarda: prisión de uno a cuatro años e inhabilitación absoluta de seis a doce años [CP, art. 443.2], penas que alcanzan también a la solicitud a sus familiares o pareja [CP, art. 443.3]. Todo ello sin perjuicio de los delitos contra la libertad sexual efectivamente cometidos [CP, art. 444].

2.10. Disposición común

La provocación, la conspiración y la proposición para cometer los delitos de este Título se castigan con la pena inferior en uno o dos grados [CP, art. 445].