Tema 33. Alcoholemia. Datos. Su consideración según la normativa vigente. Procedimiento de averiguación del grado de impregnación alcohólica. Especial referencia a los preceptos contenidos en la normativa de Seguridad Vial y en el Código Penal.

El tema se estudia con tres normas: la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial (LSV), que fija la prohibición y la obligación de someterse a las pruebas [LSV, art. 14]; el Reglamento General de Circulación (RGC), que concreta las tasas, las personas obligadas, la práctica de las pruebas, las diligencias del agente y la inmovilización [RGC, art. 20; RGC, art. 21]; y el Código Penal (CP), que castiga como delito la conducción bajo la influencia del alcohol o las drogas y la negativa a las pruebas [CP, art. 379; CP, art. 383]. El fichero no contiene datos sobre la alcoholemia (cifras, estudios o efectos de cada tasa en el organismo) ni una definición del término, que quedan como huecos.

1. Alcoholemia: datos y su consideración según la normativa vigente

1.1. Concepto y prohibición general

Ningún artículo del fichero define la alcoholemia. El RGC habla de «intoxicación por alcohol» y mide de forma cuantitativa el «grado de impregnación alcohólica» de los interesados [RGC, art. 22.1]. La regla de partida es que no puede circular el conductor de cualquier vehículo con tasas de alcohol superiores a las que se determinen reglamentariamente [LSV, art. 14.1].

1.2. Tasas administrativas

Las tasas máximas son estas [RGC, art. 20; LSV, art. 14.1]:

Para el periodo de dos años, la antigüedad de la licencia solo se computa cuando se conduzcan vehículos para los que basta esa licencia [RGC, art. 20].

1.3. Tasa penal

Es delito conducir un vehículo de motor o ciclomotor bajo la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o bebidas alcohólicas, y en todo caso con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,60 mg/l o en sangre superior a 1,2 g/l [CP, art. 379.2].

1.4. Síntomas aunque no se supere la tasa

El fichero no describe los efectos de cada tasa sobre el conductor. Sí recoge que, aun sin alcanzar los límites, el agente actúa si la persona presenta síntomas evidentes de estar bajo la influencia de bebidas alcohólicas [RGC, art. 23.1], y que también es delito conducir bajo la influencia del alcohol, sin exigir una tasa concreta [CP, art. 379.2].

1.5. Drogas

No puede circular el conductor con presencia de drogas en el organismo, salvo las sustancias usadas bajo prescripción facultativa y con finalidad terapéutica, siempre que esté en condiciones de conducir con la diligencia, precaución y no distracción del artículo 10 [LSV, art. 14.1]. El reglamento prohíbe circular a los conductores de vehículos o bicicletas que hayan ingerido o incorporado psicotrópicos, estimulantes u otras sustancias análogas, incluidos los medicamentos que alteren el estado físico o mental apropiado para circular sin peligro [RGC, art. 27.1]. Es infracción muy grave [RGC, art. 27.2].

2. Procedimiento de averiguación del grado de impregnación alcohólica

2.1. Quién está obligado

La ley obliga a [LSV, art. 14.2]:

• El conductor de un vehículo, a las pruebas de alcohol y de drogas que practiquen los agentes encargados de la vigilancia del tráfico [LSV, art. 14.2].
• Los demás usuarios de la vía implicados en un accidente de tráfico o que hayan cometido una infracción [LSV, art. 14.2].

El reglamento, para el alcohol, obliga a todos los conductores de vehículos y de bicicletas y a los demás usuarios implicados en algún accidente de circulación [RGC, art. 21].

2.2. A quién pueden someter los agentes

Los agentes de vigilancia del tráfico pueden someter a las pruebas de alcohol [RGC, art. 21]:

2.3. Medio de prueba: etilómetros

Las pruebas de alcohol consisten en la verificación del aire espirado mediante dispositivos autorizados [LSV, art. 14.3]. Las practican los agentes de vigilancia del tráfico, normalmente con etilómetros que, «oficialmente autorizados», determinan de forma cuantitativa el grado de impregnación alcohólica [RGC, art. 22.1]. El procedimiento, las condiciones y los términos de las pruebas se determinan reglamentariamente [LSV, art. 14.4].

Si hay razones justificadas que impidan hacerlas, puede ordenarse el reconocimiento médico o los análisis clínicos que estimen más adecuados los facultativos del centro sanitario al que se traslade al sujeto [LSV, art. 14.3]. Si la persona obligada sufre lesiones, dolencias o enfermedades cuya gravedad impida las pruebas, decide las que se hagan el personal facultativo del centro médico al que sea evacuada [RGC, art. 22.2].

2.4. Segunda prueba

Si la primera prueba da más de 0,5 g/l en sangre o 0,25 mg/l en aire espirado, o más de la tasa especial del artículo 20, o si, aun sin alcanzar esos límites, la persona presenta síntomas evidentes, el agente le hace una segunda prueba de aire espirado, por un procedimiento similar al de la primera, para una mayor garantía y a efectos de contraste, informándole antes [RGC, art. 23.1].

El agente le advierte de su derecho a controlar, por sí o por sus acompañantes o testigos, que entre la primera y la segunda prueba medie un tiempo mínimo de 10 minutos [RGC, art. 23.2].

2.5. Derechos del interesado y contraste

El agente le informa también de su derecho a [RGC, art. 23.3]:

• Formular las alegaciones u observaciones que quiera, por sí o por su acompañante o defensor, que se consignan por diligencia [RGC, art. 23.3].
• Contrastar los resultados mediante análisis de sangre, orina u otros análogos que el personal facultativo del centro médico estime más adecuados [RGC, art. 23.3].

Las pruebas de contraste pueden repetirse a petición del interesado o por orden de la autoridad judicial [RGC, art. 22.1]. La ley dice que consistirán preferentemente en análisis de sangre, salvo causas excepcionales debidamente justificadas, y que si dan positivo las abona el interesado [LSV, art. 14.5].

Si el interesado pide los análisis, el agente adopta las medidas para su traslado al centro sanitario más próximo al lugar de los hechos; si el personal facultativo considera adecuadas las pruebas pedidas, procede conforme al artículo 26 [RGC, art. 23.4]. El importe lo deposita previamente el interesado [RGC, art. 23.4]:

2.6. Obligaciones del personal sanitario

El personal sanitario está obligado en todo caso a obtener las muestras, remitirlas al laboratorio y dar cuenta del resultado a la autoridad judicial, a los órganos periféricos de la Jefatura Central de Tráfico y, cuando proceda, a las autoridades municipales [RGC, art. 26.1]. Debe comunicar, en su caso, el sistema empleado, la hora exacta de la toma de la muestra, el método de conservación y el porcentaje de alcohol en sangre [RGC, art. 26.1]. Al regular las pruebas de contraste, la ley añade que el personal sanitario debe dar cuenta, en todo caso, del resultado de «estas pruebas» al Jefe de Tráfico de la provincia del hecho o, cuando proceda, a los órganos autonómicos con competencia sancionadora o a las autoridades municipales competentes [LSV, art. 14.5].

2.7. Pruebas de detección de drogas

La ley y el reglamento describen las pruebas de drogas de forma distinta [LSV, art. 14.3; RGC, art. 28.1.a)]:

• Según la LSV: una prueba salival con un dispositivo autorizado y un posterior análisis de una muestra salival en cantidad suficiente; si hay razones justificadas que lo impidan, el reconocimiento médico o los análisis clínicos del centro sanitario [LSV, art. 14.3].
• Según el RGC: normalmente, el reconocimiento médico y los análisis clínicos que estimen más adecuados el médico forense u otro titular experimentado, o el personal facultativo del centro sanitario o instituto médico al que se traslade a la persona [RGC, art. 28.1.a)].

Las dos reglas describen el mismo supuesto de forma distinta y el resumen no elige entre ellas; la ley remite al reglamento el procedimiento, las condiciones y los términos de las pruebas [LSV, art. 14.4].

• Queda obligada toda persona que esté en una situación análoga a cualquiera de las del artículo 21 [RGC, art. 28.1.b)], y la autoridad competente fija los programas de controles preventivos de drogas para cualquier conductor [RGC, art. 28.1.d)].
• Contraste: pueden repetirse a petición del interesado o por orden judicial, con análisis de sangre, orina u otros análogos [RGC, art. 28.1.a)].

3. Preceptos de la normativa de seguridad vial: actuación policial

3.1. Diligencias del agente

Si la segunda prueba o los análisis de contraste dan positivo, o el conductor de un vehículo de motor presenta síntomas evidentes de conducir bajo la influencia del alcohol o aparece presuntamente implicado en una conducta delictiva, el agente, además de ajustarse a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, debe [RGC, art. 24]:

• Describir con precisión, en el boletín de denuncia o en el atestado, el procedimiento seguido en las pruebas y los datos que identifiquen el instrumento usado y sus características genéricas [RGC, art. 24.a)].
• Consignar las advertencias hechas al interesado, especialmente su derecho al contraste por análisis, y acreditar las pruebas o análisis hechos en el centro sanitario [RGC, art. 24.b)].
• Conducir al juzgado al examinado o a quien se negó a las pruebas cuando los hechos revistan caracteres delictivos [RGC, art. 24.c)].

En materia de drogas, el agente que advierta síntomas evidentes o manifestaciones que razonablemente denoten su presencia se ajusta a la Ley de Enjuiciamiento Criminal y a lo que ordene la autoridad judicial y, en lo posible, a las normas de las pruebas de alcohol [RGC, art. 28.1.c)].

3.2. Inmovilización del vehículo

Si el resultado es positivo, el agente puede inmovilizar el vehículo de inmediato, mediante precinto u otro procedimiento efectivo, salvo que pueda conducirlo otra persona debidamente habilitada, y provee lo necesario para la seguridad de la circulación, de las personas transportadas, especialmente niños, ancianos, enfermos o inválidos, del vehículo y de su carga [RGC, art. 25.1].

3.3. Calificación de las infracciones administrativas

Las infracciones sobre la conducción habiendo ingerido bebidas alcohólicas o sobre la obligación de someterse a las pruebas son muy graves [RGC, art. 26.2], y lo mismo dispone el reglamento para la conducción bajo los efectos de drogas y la negativa a sus pruebas [RGC, art. 28.2]. Ambos preceptos remiten al artículo 65.5 del «texto articulado», que no está en el fichero [RGC, art. 26.2].

4. Preceptos del Código Penal

• Se reputa manifiestamente temeraria la conducción en que concurran el exceso de velocidad del artículo 379.1 y la tasa de 0,60 mg/l o 1,2 g/l del inciso segundo del artículo 379.2 [CP, art. 380.2].
• La negativa es delito cuando el conductor, requerido por un agente de la autoridad, se niega a las pruebas legalmente establecidas para comprobar las tasas de alcoholemia y la presencia de drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas [CP, art. 383].

4.1. Resultado lesivo

Si con los actos de los artículos 379, 380 y 381 se causa además un resultado lesivo constitutivo de delito, cualquiera que sea su gravedad, el juez aprecia solo la infracción más gravemente penada, en su mitad superior, y condena en todo caso a la responsabilidad civil [CP, art. 382]. Si el resultado lesivo concurre con un delito del artículo 381, la privación del derecho a conducir se impone en todo caso en su mitad superior [CP, art. 382].

4.2. Abandono del lugar del accidente

Comete este delito el conductor de un vehículo a motor o ciclomotor que, voluntariamente y sin riesgo propio o de terceros, abandona el lugar tras causar un accidente con fallecidos o con alguna de las lesiones de los artículos 147.1, 149 y 150, fuera de los casos del artículo 195 [CP, art. 382 bis.1].

Lo que más cae

Según el fichero, los artículos con más convocatorias son el delito de conducción bajo la influencia y por velocidad (32) [CP, art. 379], la negativa a las pruebas (28) [CP, art. 383], las tasas (17) [RGC, art. 20], la temeridad manifiesta (17) [CP, art. 380], la prohibición y las pruebas de la ley (15) [LSV, art. 14] y las personas obligadas (15) [RGC, art. 21].

Errores típicos

• La tasa penal es 0,60 mg/l en aire o 1,2 g/l en sangre; la administrativa general, 0,25 mg/l o 0,5 g/l [CP, art. 379.2; RGC, art. 20].
• Entre la primera y la segunda prueba median al menos 10 minutos [RGC, art. 23.2].
• El contraste positivo lo paga el interesado; el negativo, los órganos periféricos de la Jefatura Central de Tráfico o las autoridades municipales o autonómicas, que devuelven el depósito [RGC, art. 23.4].
• La negativa a las pruebas figura como infracción muy grave en el reglamento [RGC, art. 26.2] y como delito en el Código Penal [CP, art. 383].