Tema 39. Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección integral contra la Violencia de Género.

Este tema se estudia con la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (LO 1/2004) [LO1-2004, art. 1.1]. Se resumen su título preliminar, los títulos I (sensibilización), II (derechos), III (tutela institucional), los preceptos propios de los títulos IV y V (tutela penal y judicial) y sus disposiciones; los artículos que solo modifican otras leyes no se desarrollan porque el fichero no trae el texto modificado [LO1-2004, art. 33].

1. Objeto y principios rectores

1.1. Objeto

La ley actúa contra la violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre estas por quienes sean o hayan sido sus cónyuges o estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia [LO1-2004, art. 1.1].

• Sus medidas de protección integral buscan prevenir, sancionar y erradicar esta violencia y prestar asistencia a las mujeres, a sus hijos menores y a los menores sujetos a su tutela, o guarda y custodia, víctimas de ella [LO1-2004, art. 1.2].
• Comprende todo acto de violencia física y psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad [LO1-2004, art. 1.3].
• También comprende la violencia que, con el objetivo de causar perjuicio o daño a las mujeres, se ejerza sobre sus familiares o allegados menores de edad por esas mismas personas [LO1-2004, art. 1.4].

1.2. Principios rectores

La ley articula un conjunto integral de medidas encaminadas, entre otros, a estos fines [LO1-2004, art. 2]:

• fortalecer la sensibilización ciudadana y la prevención en los ámbitos educativo, servicios sociales, sanitario, publicitario y mediático [LO1-2004, art. 2.a)];
• consagrar derechos de las víctimas exigibles ante las Administraciones Públicas, con un acceso rápido, transparente y eficaz a los servicios [LO1-2004, art. 2.b)];
• reforzar los servicios sociales de información, atención, emergencia, apoyo y recuperación integral, y coordinar los ya existentes a nivel municipal y autonómico [LO1-2004, art. 2.c)];
• garantizar derechos laborales, funcionariales y económicos [LO1-2004, art. 2.d)] [LO1-2004, art. 2.e)];
• establecer un sistema integral de tutela institucional y fortalecer el marco penal y procesal [LO1-2004, art. 2.f)] [LO1-2004, art. 2.g)];
• coordinar los recursos de los poderes públicos y promover la colaboración de la sociedad civil [LO1-2004, art. 2.h)] [LO1-2004, art. 2.i)];
• fomentar la especialización de los profesionales y garantizar la transversalidad de las medidas [LO1-2004, art. 2.j)] [LO1-2004, art. 2.k)].

2. Medidas de sensibilización, prevención y detección

2.1. Plan Estatal y campañas

El Gobierno pone en marcha, de manera inmediata a la entrada en vigor de la ley, un Plan Estatal de Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género de carácter permanente, dirigido tanto a hombres como a mujeres y con un programa de formación de los profesionales [LO1-2004, art. 3.1]. Lo controla una Comisión de amplia participación, que se crea en un plazo máximo de un mes, y la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género elabora su Informe anual de evaluación y lo remite a las Cortes Generales [LO1-2004, art. 3.1]. Las campañas de información y sensibilización deben ser accesibles a las personas con discapacidad [LO1-2004, art. 3.3].

2.2. Ámbito educativo

El sistema educativo incluye entre sus fines la formación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y de la igualdad entre hombres y mujeres [LO1-2004, art. 4.1]. Cada etapa contribuye a este objetivo [LO1-2004, art. 4]:

• Las Administraciones prevén la escolarización inmediata de los hijos que cambien de residencia por violencia de género [LO1-2004, art. 5] [LO1-2004, disp. adic. decimoséptima].
• Se eliminan los estereotipos sexistas de los materiales educativos [LO1-2004, art. 6], y la formación del profesorado incluye la detección precoz de la violencia en el ámbito familiar [LO1-2004, art. 7.c)].
• En el Consejo Escolar del Estado se asegura la representación del Instituto de la Mujer y de las organizaciones de mujeres de implantación nacional [LO1-2004, art. 8], y la inspección educativa vela por estos principios [LO1-2004, art. 9].

2.3. Publicidad y medios de comunicación

• Es ilícita la publicidad que utilice la imagen de la mujer con carácter vejatorio o discriminatorio [LO1-2004, art. 10].
• Están legitimados para la acción de cesación la Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer, el Instituto de la Mujer u órgano equivalente de cada Comunidad Autónoma, el Ministerio Fiscal y las asociaciones cuyo objetivo único sea la defensa de los intereses de la mujer [LO1-2004, art. 12].
• El Ente público que vela por los medios audiovisuales asegura un tratamiento de la mujer conforme a los valores constitucionales [LO1-2004, art. 11], y la Administración promueve acuerdos de autorregulación [LO1-2004, art. 13.2].
• La difusión de informaciones sobre violencia contra la mujer garantiza la objetividad y la dignidad de las víctimas y sus hijos, con especial cuidado en el tratamiento gráfico [LO1-2004, art. 14].

2.4. Ámbito sanitario

Las Administraciones sanitarias, en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, impulsan la detección precoz [LO1-2004, art. 15.1], y los Planes Nacionales de Salud incluyen un apartado de prevención e intervención integral [LO1-2004, art. 15.4]. En su seno se constituye, en el plazo de un año, una Comisión contra la Violencia de Género formada por representantes de todas las Comunidades Autónomas con competencia, que emite un informe anual al Observatorio Estatal y al Pleno del Consejo Interterritorial [LO1-2004, art. 16].

3. Derechos de las mujeres víctimas

3.1. Garantía, información y atención integral

Todas las víctimas tienen garantizados estos derechos sin discriminación en el acceso [LO1-2004, art. 17.1]. La información y orientación, la atención psicosocial inmediata, el asesoramiento jurídico 24 horas y la acogida y asistencia social integral son servicios esenciales, y se garantiza también el seguimiento telemático de las medidas de alejamiento [LO1-2004, art. 17.3].

• Información: plena información y asesoramiento [LO1-2004, art. 18.1], accesible para mujeres con discapacidad [LO1-2004, art. 18.2] y para quienes desconozcan el castellano o la otra lengua de su territorio [LO1-2004, art. 18.3].
• Atención integral: servicios sociales de atención, emergencia, apoyo y acogida y recuperación integral, organizados por comunidades autónomas y Corporaciones Locales según los principios de atención permanente, actuación urgente, especialización de prestaciones y multidisciplinariedad profesional [LO1-2004, art. 19.1].
• La atención multidisciplinar incluye información, atención psicológica, apoyo social, seguimiento de reclamaciones, apoyo educativo a la familia, formación preventiva y apoyo a la inserción laboral [LO1-2004, art. 19.2].
• Estos servicios actúan coordinadamente con los Cuerpos de Seguridad, los Juzgados de Violencia sobre la Mujer y los servicios sanitarios, y pueden pedir al órgano judicial medidas urgentes [LO1-2004, art. 19.4].
• Los menores bajo la patria potestad o guarda de la agredida también tienen derecho a la asistencia social integral, con profesionales de la psicología infantil, incluida la violencia vicaria [LO1-2004, art. 19.5].
• Atención sanitaria: el Sistema Público de Salud la garantiza a las víctimas y a sus hijos, con especial atención psicológica y psiquiátrica, hasta su total recuperación [LO1-2004, art. 19 bis.1], respetando su privacidad y sus decisiones [LO1-2004, art. 19 bis.2].

3.2. Asistencia jurídica

Las víctimas tienen derecho a asesoramiento jurídico gratuito en el momento inmediatamente previo a la denuncia y a la defensa y representación gratuitas por abogado y procurador en todos los procesos que tengan causa directa o indirecta en la violencia, con una misma dirección letrada; el derecho alcanza a los causahabientes si la víctima fallece, siempre que no fueran partícipes en los hechos [LO1-2004, art. 20.1].

• Los Colegios de Abogados designan urgentemente letrado de oficio [LO1-2004, art. 20.4], y los de Procuradores, procurador cuando la víctima quiera personarse como acusación particular [LO1-2004, art. 20.5].
• La víctima puede personarse como acusación particular en cualquier momento, sin retrotraer ni reiterar las actuaciones ya practicadas [LO1-2004, art. 20.7].

3.3. Derechos laborales, de Seguridad Social y de las funcionarias

La trabajadora víctima tiene derecho a la reducción o reordenación de su tiempo de trabajo, a la movilidad geográfica, al cambio de centro, a la adaptación del puesto, a la suspensión con reserva de puesto y a la extinción del contrato [LO1-2004, art. 21.1].

La funcionaria víctima tiene derecho a la reducción o reordenación del tiempo de trabajo, a la movilidad geográfica de centro y a la excedencia [LO1-2004, art. 24]; sus ausencias se justifican en los términos de su legislación específica [LO1-2004, art. 25], y estas situaciones se acreditan como prevé el artículo 23 [LO1-2004, art. 26].

3.4. Acreditación de la situación de violencia

Se acredita mediante sentencia condenatoria, orden de protección u otra resolución judicial con medida cautelar a favor de la víctima, informe del Ministerio Fiscal, o informe de los servicios sociales, especializados o de acogida de la Administración competente [LO1-2004, art. 23]. El Gobierno y las comunidades autónomas diseñan los procedimientos de acreditación en la Conferencia Sectorial de Igualdad [LO1-2004, art. 23].

3.5. Derechos económicos, vivienda y reparación

La ayuda de pago único corresponde a la víctima sin rentas mensuales superiores al 75 % del salario mínimo interprofesional, excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias, y con especiales dificultades para obtener empleo [LO1-2004, art. 27.1]:

Estas ayudas se financian con los Presupuestos Generales del Estado y las conceden las Administraciones competentes en servicios sociales, con informe del Servicio Público de Empleo [LO1-2004, art. 27.3]; son compatibles con las de la Ley 35/1995 y con las autonómicas o locales [LO1-2004, art. 27.5].

• Las víctimas son colectivos prioritarios en el acceso a viviendas protegidas y residencias públicas para mayores [LO1-2004, art. 28].
• El derecho a la reparación comprende la compensación económica, la recuperación física, psíquica y social, la reparación simbólica y las garantías de no repetición [LO1-2004, art. 28 bis].
• La indemnización cubre, al menos, el daño físico y psicológico, la pérdida de oportunidades, los daños materiales y el lucro cesante, el daño social y el tratamiento terapéutico [LO1-2004, art. 28 ter.2], y la pagan las personas civil o penalmente responsables [LO1-2004, art. 28 ter.3].
• El Estado garantiza el pago de alimentos reconocidos e impagados a favor de los hijos menores [LO1-2004, disp. adic. decimonovena].

4. Tutela institucional

• El Gobierno establece en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado unidades especializadas en la prevención y en el control de la ejecución de las medidas judiciales [LO1-2004, art. 31.1].
• Promueve que las Policías Locales, en el marco de su colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cooperen en asegurar el cumplimiento de las medidas de esta ley, del art. 544 bis de la LECRIM o del art. 57 del CP [LO1-2004, art. 31.2].
• Su actuación tiene en cuenta el Protocolo de Actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de Coordinación con los Órganos Judiciales [LO1-2004, art. 31.3], y estas reglas se aplican a las Comunidades Autónomas con policía propia [LO1-2004, art. 31.4].
• Los poderes públicos elaboran planes de colaboración que implican a las administraciones sanitarias, la Administración de Justicia, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y los servicios sociales y organismos de igualdad [LO1-2004, art. 32.1], con protocolos de actuación que garanticen la actividad probatoria [LO1-2004, art. 32.2].
• Se atiende especialmente a las mujeres con mayor riesgo, como las inmigrantes, las que tienen discapacidad, las mayores o las del ámbito rural [LO1-2004, art. 32.4].

5. Tutela penal

La Administración penitenciaria realiza programas específicos para internos condenados por violencia de género [LO1-2004, art. 42.1], y las Juntas de Tratamiento valoran su seguimiento en las progresiones de grado, los permisos y la libertad condicional [LO1-2004, art. 42.2].

6. Tutela judicial

6.1. Formación y Juzgados de Violencia sobre la Mujer

El Gobierno, el Consejo General del Poder Judicial y las comunidades autónomas aseguran formación específica en igualdad y violencia de género a jueces, fiscales, Secretarios Judiciales, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y médicos forenses, con el enfoque de la discapacidad y la violencia vicaria [LO1-2004, art. 47]. Las referencias de las leyes procesales penales a los Jueces de Instrucción se entienden hechas también a los Jueces de Violencia sobre la Mujer en su competencia [LO1-2004, disp. final primera].

6.2. Medidas judiciales de protección y seguridad

Son compatibles con las cautelares de los procesos civiles y penales [LO1-2004, art. 61.1], y el juez debe pronunciarse en todo caso, de oficio o a instancia de parte, sobre su pertinencia, en especial las de los artículos 64, 65 y 66 [LO1-2004, art. 61.2]. Ante una solicitud de orden de protección, el Juez de Violencia sobre la Mujer y, en su caso, el Juez de Guardia aplican el artículo 544 ter de la LECRIM [LO1-2004, art. 62].

• Intimidad: se protegen los datos de las víctimas y de sus descendientes [LO1-2004, art. 63.1], y las vistas pueden celebrarse a puerta cerrada y las actuaciones ser reservadas [LO1-2004, art. 63.2].
• Salida del domicilio y prohibición de volver [LO1-2004, art. 64.1]; excepcionalmente, permuta del uso de la vivienda familiar [LO1-2004, art. 64.2].
• Alejamiento: el juez fija una distancia mínima, cuyo rebase supone responsabilidad penal, y puede acordar medios tecnológicos de control [LO1-2004, art. 64.3]; cabe aunque la víctima ya hubiera abandonado el lugar [LO1-2004, art. 64.4].
• Prohibición de comunicación [LO1-2004, art. 64.5]; estas medidas pueden acordarse acumulada o separadamente [LO1-2004, art. 64.6].
• Suspensión de la patria potestad o la custodia; si no se acuerda, el juez se pronuncia sobre su ejercicio [LO1-2004, art. 65].
• Suspensión del régimen de visitas: el juez la ordena y, si no lo hace en interés superior del menor, debe pronunciarse sobre cómo se ejercerá [LO1-2004, art. 66].
• Suspensión del derecho a la tenencia, porte y uso de armas, con obligación de depositarlas [LO1-2004, art. 67].

Las medidas restrictivas de derechos se adoptan mediante auto motivado que aprecie proporcionalidad y necesidad, con intervención del Ministerio Fiscal y respeto de los principios de contradicción, audiencia y defensa [LO1-2004, art. 68]. Pueden mantenerse tras la sentencia definitiva durante los recursos, haciéndolo constar en la sentencia [LO1-2004, art. 69].

7. Disposiciones adicionales, transitorias y finales

• Pensiones: quien sea condenado por sentencia firme por homicidio doloso o lesiones a la causante pierde la pensión de viudedad, salvo reconciliación [LO1-2004, disp. adic. primera].
• Unidades de valoración forense integral, que diseñan protocolos de actuación global, con atención a la violencia vicaria [LO1-2004, disp. adic. segunda].
• Evaluación: a los tres años de su entrada en vigor, el Gobierno remite al Congreso de los Diputados un informe sobre sus efectos [LO1-2004, disp. adic. undécima].
• Fondo: durante los dos años siguientes a su entrada en vigor se dota un Fondo para los servicios del artículo 19 [LO1-2004, disp. adic. decimotercera].
• Los procesos en tramitación a su entrada en vigor siguen en los órganos que los conocían hasta sentencia firme [LO1-2004, disp. trans. primera], que pueden adoptar las medidas del capítulo IV del título V [LO1-2004, disp. trans. segunda].
• Naturaleza: tiene carácter de Ley Orgánica, salvo, entre otros, los títulos I, II y III y los artículos 42 a 47 y 70 a 72 [LO1-2004, disp. final tercera].
• Desarrollo: el Gobierno dicta sus disposiciones de aplicación en seis meses desde su publicación, y el CGPJ, en seis meses, los reglamentos de coordinación de la Policía Judicial con los Juzgados de Violencia sobre la Mujer [LO1-2004, disp. final cuarta].
• Entrada en vigor: a los treinta días de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», salvo los títulos IV y V, a los seis meses [LO1-2004, disp. final séptima].