Tema 1. El ordenamiento jurídico y las fuentes del Derecho. La Constitución Española de 1978: características generales y estructura. El Título Preliminar de la Constitución. El Título I: De los derechos y deberes fundamentales. Título II. La Corona: funciones del Rey y el refrendo.

El tema se apoya en dos normas: el Código Civil (CC), cuyos arts. 1 y 2 fijan las fuentes del ordenamiento y la vigencia de las leyes [CC, art. 1.1; CC, art. 2.1], y la Constitución Española (CE), de la que se resumen los arts. 1 a 65: principios del Estado, derechos y deberes y Corona [CE, art. 1.1; CE, art. 10.1; CE, art. 56.1].

1. El ordenamiento jurídico y las fuentes del Derecho

Las tres fuentes y su orden

Las fuentes del ordenamiento jurídico español son la ley, la costumbre y los principios generales del derecho [CC, art. 1.1]:

• Ley: carecen de validez las disposiciones que contradigan otra de rango superior [CC, art. 1.2].
• Costumbre: solo rige en defecto de ley aplicable, si no es contraria a la moral o al orden público y resulta probada; los usos jurídicos no meramente interpretativos de una declaración de voluntad se consideran costumbre [CC, art. 1.3].
• Principios generales del derecho: se aplican en defecto de ley o costumbre, sin perjuicio de su carácter informador del ordenamiento [CC, art. 1.4].

Tratados y jurisprudencia

• Las normas de los tratados internacionales no son de aplicación directa mientras no formen parte del ordenamiento interno mediante su publicación íntegra en el «Boletín Oficial del Estado» [CC, art. 1.5].
• La jurisprudencia complementa el ordenamiento con la doctrina que, de modo reiterado, establezca el Tribunal Supremo al interpretar y aplicar la ley, la costumbre y los principios generales [CC, art. 1.6].
• Jueces y Tribunales tienen el deber inexcusable de resolver en todo caso los asuntos de que conozcan, ateniéndose al sistema de fuentes [CC, art. 1.7].

Vigencia, derogación y retroactividad de las leyes

La tabla resume los tres apartados del mismo artículo [CC, art. 2.1; CC, art. 2.2; CC, art. 2.3].

Principios constitucionales del ordenamiento

Ciudadanos y poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico [CE, art. 9.1]. La Constitución garantiza la legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos [CE, art. 9.3]. Los valores superiores del ordenamiento son la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político [CE, art. 1.1].

2. La Constitución de 1978: características generales y estructura

Los artículos del fichero permiten señalar estos rasgos de la Constitución [CE, art. 9.1]:

• Sujeción de todos: ciudadanos y poderes públicos están sujetos a la Constitución [CE, art. 9.1].
• Vinculación a los derechos: los derechos del Capítulo segundo del Título I vinculan a todos los poderes públicos y solo una ley que respete su contenido esencial puede regular su ejercicio [CE, art. 53.1].
• Estado social y democrático de Derecho, con Monarquía parlamentaria como forma política y soberanía nacional en el pueblo español [CE, art. 1.1; CE, art. 1.2; CE, art. 1.3].
• Unidad y autonomía: indisoluble unidad de la Nación y derecho a la autonomía de nacionalidades y regiones [CE, art. 2].
• Interpretación conforme a los tratados en materia de derechos fundamentales [CE, art. 10.2].

En cuanto a la estructura, el texto se divide en Títulos («el presente Título») [CE, art. 13.1], y el Título I en Capítulos y Secciones: el art. 53 distingue el Capítulo segundo, su Sección primera y el Capítulo tercero [CE, art. 53.2; CE, art. 53.3].

3. El Título Preliminar

• España es un Estado social y democrático de Derecho [CE, art. 1.1]; la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado [CE, art. 1.2]; la forma política es la Monarquía parlamentaria [CE, art. 1.3].
• La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones y la solidaridad entre todas ellas [CE, art. 2].
• El castellano es la «lengua española oficial del Estado»: todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla [CE, art. 3.1]. Las demás lenguas españolas «serán también oficiales» en sus Comunidades Autónomas según sus Estatutos [CE, art. 3.2], y las modalidades lingüísticas son un patrimonio cultural de especial respeto y protección [CE, art. 3.3].
• Bandera: tres franjas horizontales, roja, amarilla y roja, la amarilla de doble anchura que cada roja [CE, art. 4.1]. Las banderas autonómicas que reconozcan los Estatutos se usan junto a la de España en sus edificios públicos y «actos oficiales» [CE, art. 4.2].
• La capital del Estado es la villa de Madrid [CE, art. 5].

Partidos políticos, sindicatos y asociaciones empresariales comparten régimen: creación y actividad libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley, y estructura interna y funcionamiento democráticos [CE, art. 6; CE, art. 7]. Los partidos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política [CE, art. 6]; sindicatos y asociaciones empresariales defienden y promueven sus intereses económicos y sociales [CE, art. 7].

Las Fuerzas Armadas (Ejército de Tierra, Armada y Ejército del Aire) garantizan la soberanía e independencia de España y defienden su integridad territorial y el ordenamiento constitucional [CE, art. 8.1]; una ley orgánica regula las bases de la organización militar [CE, art. 8.2].

Los poderes públicos deben promover las condiciones para que la libertad y la igualdad sean reales y efectivas, remover los obstáculos que lo impidan y facilitar la participación de todos en la vida política, económica, cultural y social [CE, art. 9.2].

4. El Título I: de los derechos y deberes fundamentales

Fundamento, nacionalidad y extranjeros

• La dignidad de la persona, sus derechos inviolables, el libre desarrollo de la personalidad y el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social [CE, art. 10.1]. Los derechos se interpretan conforme a la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados ratificados por España [CE, art. 10.2].
• La nacionalidad se adquiere, conserva y pierde según la ley; ningún español de origen puede ser privado de ella [CE, art. 11.1; CE, art. 11.2]. Caben tratados de doble nacionalidad con países iberoamericanos o de particular vinculación con España [CE, art. 11.3].
• Mayoría de edad a los dieciocho años [CE, art. 12].
• Solo los españoles son titulares de los derechos del art. 23, salvo lo que por reciprocidad se establezca por tratado o ley para el sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales [CE, art. 13.2].
• La extradición exige tratado o ley y reciprocidad; se excluyen los delitos políticos, sin que lo sean los actos de terrorismo [CE, art. 13.3]. La ley regula el asilo de extranjeros y apátridas [CE, art. 13.4].

Igualdad, vida y libertades de conciencia

• Igualdad ante la ley sin discriminación por nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social [CE, art. 14].
• Derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin tortura ni tratos inhumanos o degradantes; pena de muerte abolida, salvo lo que dispongan las leyes penales militares para tiempos de guerra [CE, art. 15].
• Libertad ideológica, religiosa y de culto, limitada solo por el orden público protegido por la ley [CE, art. 16.1]; nadie está obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias [CE, art. 16.2]; ninguna confesión tendrá carácter estatal, con cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones [CE, art. 16.3].

Libertad personal (art. 17)

Nadie puede ser privado de libertad sino en los casos y forma previstos en la ley [CE, art. 17.1]:

Las filas proceden de los apartados 2 a 4 [CE, art. 17.2; CE, art. 17.3; CE, art. 17.4].

Intimidad, residencia, expresión, reunión y asociación

• Derecho al honor, intimidad personal y familiar y propia imagen [CE, art. 18.1]. Domicilio inviolable: sin entrada ni registro salvo consentimiento del titular, resolución judicial o flagrante delito [CE, art. 18.2]. Secreto de las comunicaciones, salvo resolución judicial [CE, art. 18.3]. La ley limita el uso de la informática [CE, art. 18.4].
• Libre elección de residencia, circulación y entrada y salida de España, sin límites por motivos políticos o ideológicos [CE, art. 19].
• Libertad de expresión, de creación, de cátedra e información veraz [CE, art. 20.1], sin censura previa [CE, art. 20.2] y con límite en el honor, la intimidad, la propia imagen y la protección de la juventud y la infancia [CE, art. 20.4]. Secuestro de publicaciones solo por resolución judicial [CE, art. 20.5].
• Reunión pacífica y sin armas, sin autorización previa [CE, art. 21.1]; en lugares de tránsito público y manifestaciones, comunicación previa a la autoridad, que solo puede prohibirlas por razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes [CE, art. 21.2].
• Asociación [CE, art. 22.1]: ilegales las que persigan fines o usen medios tipificados como delito [CE, art. 22.2]; inscripción en registro a los solos efectos de publicidad [CE, art. 22.3]; disolución o suspensión solo por resolución judicial motivada [CE, art. 22.4]; prohibidas las secretas y las paramilitares [CE, art. 22.5]. Los apartados 2 y 4 rigen también para las fundaciones [CE, art. 34.2].

Participación, tutela judicial y legalidad sancionadora

• Participación en los asuntos públicos, directamente o por representantes elegidos por sufragio universal, y acceso en condiciones de igualdad a funciones y cargos públicos [CE, art. 23.1; CE, art. 23.2].
• Tutela judicial efectiva sin indefensión [CE, art. 24.1]; Juez ordinario predeterminado por la ley, defensa y letrado, proceso público sin dilaciones indebidas, prueba pertinente, no declarar contra sí mismo, no confesarse culpable y presunción de inocencia; la ley fija cuándo, por parentesco o secreto profesional, no hay obligación de declarar [CE, art. 24.2].
• Nadie puede ser condenado o sancionado por lo que no era delito, falta o infracción administrativa cuando se cometió [CE, art. 25.1]. Penas orientadas a la reeducación y reinserción social, sin trabajos forzados [CE, art. 25.2]. La Administración civil no puede imponer sanciones que impliquen privación de libertad [CE, art. 25.3]. Se prohíben los Tribunales de Honor en la Administración civil y las organizaciones profesionales [CE, art. 26].

Educación, sindicación, huelga y petición

• Derecho a la educación y libertad de enseñanza [CE, art. 27.1]; enseñanza básica obligatoria y gratuita [CE, art. 27.4]; autonomía de las Universidades [CE, art. 27.10].
• Sindicación libre; la ley puede limitarla o exceptuarla para las Fuerzas o Institutos armados y Cuerpos con disciplina militar; nadie está obligado a afiliarse [CE, art. 28.1]. Huelga, con garantía de los servicios esenciales [CE, art. 28.2].
• Petición individual y colectiva, por escrito [CE, art. 29.1]; en Fuerzas o Institutos armados y Cuerpos con disciplina militar, solo individualmente [CE, art. 29.2].

Derechos y deberes de los ciudadanos

• Defensa de España: derecho y deber; la ley regula la objeción de conciencia [CE, art. 30.1; CE, art. 30.2] y los deberes ante grave riesgo, catástrofe o calamidad pública [CE, art. 30.4].
• Sistema tributario justo, de igualdad y progresividad, nunca confiscatorio [CE, art. 31.1].
• Matrimonio con plena igualdad jurídica [CE, art. 32.1]; propiedad privada y herencia con función social y expropiación solo con causa y indemnización [CE, art. 33.2; CE, art. 33.3]; trabajo como deber y derecho [CE, art. 35.1]; negociación colectiva y conflicto colectivo [CE, art. 37.1; CE, art. 37.2]; libertad de empresa en la economía de mercado [CE, art. 38].

Mandatos a los poderes públicos (arts. 39 a 52)

Garantías de los derechos

El Defensor del Pueblo se regula por ley orgánica: es alto comisionado de las Cortes Generales, designado por ellas para defender los derechos del Título I, y supervisa la Administración dando cuenta a las Cortes Generales [CE, art. 54].

Suspensión de derechos

Con el estado de excepción o de sitio pueden suspenderse los derechos de los arts. 17, 18.2 y 3, 19, 20.1.a) y d) y 20.5, 21, 28.2 y 37.2; en el estado de excepción no se suspende el art. 17.3 [CE, art. 55.1]. Una ley orgánica puede permitir suspender de forma individual, con intervención judicial y control parlamentario, los arts. 17.2 y 18.2 y 3 en investigaciones sobre bandas armadas o elementos terroristas; su uso injustificado o abusivo produce responsabilidad penal [CE, art. 55.2].

5. El Título II. La Corona

El Rey y la sucesión

El Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones y asume la más alta representación del Estado en las relaciones internacionales [CE, art. 56.1]. Su título es Rey de España [CE, art. 56.2]; su persona es inviolable y no está sujeta a responsabilidad [CE, art. 56.3].

• Corona hereditaria en los sucesores de Don Juan Carlos I de Borbón, por primogenitura y representación: línea anterior, grado más próximo, en el mismo grado el varón a la mujer y en el mismo sexo la persona de más edad [CE, art. 57.1].
• El heredero tiene la dignidad de Príncipe de Asturias [CE, art. 57.2]; extinguidas las líneas, proveen las Cortes Generales [CE, art. 57.3].
• Quedan excluidos, con sus descendientes, quienes se casen contra la expresa prohibición del Rey y de las Cortes Generales [CE, art. 57.4]; abdicaciones, renuncias y dudas se resuelven por ley orgánica [CE, art. 57.5].
• El consorte no asume funciones constitucionales, salvo lo dispuesto para la Regencia [CE, art. 58].

Regencia, tutela y juramento

Regencia por minoría de edad del Rey [CE, art. 59.1]:

El Regente debe ser español y mayor de edad [CE, art. 59.4] y ejerce por mandato constitucional y en nombre del Rey [CE, art. 59.5]. Tutor del Rey menor: el nombrado en el testamento del Rey difunto, si es mayor de edad y español de nacimiento; si no, el padre o la madre mientras permanezcan viudos; en su defecto, lo nombran las Cortes Generales; Regente y tutor solo se acumulan en padre, madre o ascendientes directos [CE, art. 60.1]. La tutela es incompatible con todo cargo o representación política [CE, art. 60.2]. El Rey jura ante las Cortes Generales guardar y hacer guardar la Constitución [CE, art. 61.1]; el Príncipe heredero y los Regentes juran además fidelidad al Rey [CE, art. 61.2].

Funciones del Rey

Corresponde al Rey [CE, art. 62]:

El Rey acredita a los embajadores [CE, art. 63.1], manifiesta el consentimiento del Estado en los tratados [CE, art. 63.2] y, previa autorización de las Cortes Generales, declara la guerra y hace la paz [CE, art. 63.3]. Recibe de los Presupuestos una cantidad global para su Familia y Casa, que distribuye libremente [CE, art. 65.1], y nombra y releva libremente a los miembros de su Casa [CE, art. 65.2].

El refrendo

Los actos del Rey estarán siempre refrendados y carecen de validez sin refrendo, salvo el art. 65.2 [CE, art. 56.3]. Refrendan [CE, art. 64.1]:

De los actos del Rey son responsables quienes los refrenden [CE, art. 64.2].