Tema 1. El Estado. Concepto. Elementos. La división de poder. Funciones. Organización del Estado español. Antecedentes constitucionales en España. La Constitución española de 1978. Estructura y contenido. La reforma de la Constitución española. El Estado español como Estado social y democrático de derecho. Derechos y deberes constitucionales; clasificación y diferenciación.

El tema se estudia con una sola norma, la Constitución Española (CE), de la que el fichero recoge los artículos 1 a 55 y 166 a 169 [CE, art. 1.1] [CE, art. 166]. Con ellos se resumen la definición del Estado español y sus elementos según la Constitución, el Estado social y democrático de Derecho, la reforma constitucional y los derechos y deberes con sus garantías [CE, art. 53.1]. La teoría general del Estado (concepto, elementos, división de poderes y funciones), la organización completa del Estado, los antecedentes constitucionales y la estructura de la Constitución no están en ningún artículo del fichero y quedan como huecos [CE, art. 168.1].

1. El Estado español en la Constitución

1.1. Definición, soberanía y forma política

• España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político [CE, art. 1.1].
• La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado [CE, art. 1.2].
• La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria [CE, art. 1.3].
• La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas [CE, art. 2].

1.2. Símbolos, lenguas y capital

• El castellano es la «lengua española oficial del Estado»; todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla [CE, art. 3.1].
• Las demás lenguas españolas serán también «oficiales» en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos [CE, art. 3.2], y la riqueza de las modalidades lingüísticas es un patrimonio cultural objeto de especial respeto y protección [CE, art. 3.3].
• La bandera está formada por tres franjas horizontales, roja, amarilla y roja, siendo la amarilla de doble anchura que cada una de las rojas [CE, art. 4.1]. Los Estatutos pueden reconocer banderas y enseñas propias de las Comunidades Autónomas, que se utilizan junto a la bandera de España en sus edificios públicos y actos [CE, art. 4.2].
• La capital del Estado es la villa de Madrid [CE, art. 5].

1.3. Partidos, sindicatos y Fuerzas Armadas

Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política [CE, art. 6]. Los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios [CE, art. 7]. En ambos casos, su creación y actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley, y su estructura interna y funcionamiento deben ser democráticos [CE, art. 6] [CE, art. 7].

Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional [CE, art. 8.1]. Una ley orgánica regula las bases de la organización militar [CE, art. 8.2].

2. El Estado social y democrático de Derecho

2.1. Estado de Derecho: sujeción a la Constitución y principios del artículo 9.3

Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico [CE, art. 9.1]. La Constitución garantiza [CE, art. 9.3]:

• el principio de legalidad [CE, art. 9.3];
• la jerarquía normativa [CE, art. 9.3];
• la publicidad de las normas [CE, art. 9.3];
• la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales [CE, art. 9.3];
• la seguridad jurídica [CE, art. 9.3];
• la responsabilidad de los poderes públicos [CE, art. 9.3];
• la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos [CE, art. 9.3].

2.2. Estado social: la igualdad real

Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas, remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social [CE, art. 9.2]. Los artículos 39 a 52 encargan además a los poderes públicos, entre otras tareas, la protección de la familia y el mantenimiento de un régimen público de Seguridad Social (ver apartado 5.4) [CE, art. 39.1] [CE, art. 41].

2.3. Estado democrático: soberanía popular, pluralismo y participación

La democracia se apoya en la soberanía del pueblo español [CE, art. 1.2], en el pluralismo político que expresan los partidos [CE, art. 6] y en el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal [CE, art. 23.1].

2.4. Fundamento del orden político

La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social [CE, art. 10.1]. Las normas sobre derechos fundamentales y libertades se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España [CE, art. 10.2].

3. La reforma de la Constitución

La iniciativa de reforma se ejerce en los términos de los apartados 1 y 2 del artículo 87 [CE, art. 166]. Hay dos procedimientos:

No puede iniciarse la reforma constitucional en tiempo de guerra ni durante la vigencia de alguno de los estados previstos en el artículo 116 [CE, art. 169].

4. Derechos y deberes: igualdad, nacionalidad y extranjeros

4.1. Igualdad

Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social [CE, art. 14].

4.2. Nacionalidad, mayoría de edad y extranjeros

• La nacionalidad española se adquiere, se conserva y se pierde de acuerdo con la ley [CE, art. 11.1]. Ningún español de origen puede ser privado de su nacionalidad [CE, art. 11.2].
• El Estado puede concertar tratados de doble nacionalidad con los países iberoamericanos o con los que tengan particular vinculación con España [CE, art. 11.3].
• Los españoles son mayores de edad a los dieciocho años [CE, art. 12].
• Los extranjeros gozan de las libertades públicas del Título I en los términos de los tratados y la ley [CE, art. 13.1]. Solo los españoles son titulares de los derechos del artículo 23, salvo el sufragio activo y pasivo en elecciones municipales que, por reciprocidad, se establezca por tratado o ley [CE, art. 13.2].
• La extradición solo se concede en cumplimiento de un tratado o de la ley, atendiendo a la reciprocidad; se excluyen los delitos políticos, sin que se consideren tales los actos de terrorismo [CE, art. 13.3]. La ley regula el derecho de asilo [CE, art. 13.4].

5. Clasificación de los derechos y deberes según su protección

El fichero no recoge las rúbricas de los capítulos y secciones del Título I, de modo que la clasificación se hace con lo que dicen los artículos 53, 55 y 168, que se refieren al artículo 14, al «Capítulo segundo», a su «Sección primera» y al «Capítulo tercero» [CE, art. 53.1] [CE, art. 53.2] [CE, art. 53.3].

5.1. Niveles de protección

Una ley orgánica regula el Defensor del Pueblo, alto comisionado de las Cortes Generales, designado por ellas para defender los derechos del Título I, que puede supervisar la actividad de la Administración dando cuenta a las Cortes [CE, art. 54].

5.2. Derechos y libertades de los artículos 15 a 29

• Vida e integridad física y moral; nadie puede ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes; queda abolida la pena de muerte, salvo lo que dispongan las leyes penales militares para tiempos de guerra [CE, art. 15].
• Libertad ideológica, religiosa y de culto, con el único límite del orden público; nadie puede ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias, y ninguna confesión tiene carácter estatal [CE, art. 16.1] [CE, art. 16.2] [CE, art. 16.3].
• Libertad y seguridad: la detención preventiva no puede durar más del tiempo estrictamente necesario y, como máximo, setenta y dos horas hasta la libertad o la puesta a disposición judicial [CE, art. 17.2]. El detenido debe ser informado de forma inmediata y comprensible de sus derechos y de las razones de la detención, no puede ser obligado a declarar y tiene garantizada la asistencia de abogado [CE, art. 17.3]. La ley regula el «habeas corpus» y el plazo máximo de la prisión provisional [CE, art. 17.4].
• Honor, intimidad y propia imagen; el domicilio es inviolable y solo cabe entrar o registrar con consentimiento del titular, resolución judicial o flagrante delito; el secreto de las comunicaciones se garantiza salvo resolución judicial [CE, art. 18.1] [CE, art. 18.2] [CE, art. 18.3].
• Residencia y circulación por el territorio nacional y entrada y salida de España, sin limitación por motivos políticos o ideológicos [CE, art. 19].
• Libertades de expresión, creación, cátedra e información veraz, sin censura previa; el secuestro de publicaciones solo cabe por resolución judicial [CE, art. 20.1] [CE, art. 20.2] [CE, art. 20.5].
• Reunión pacífica y sin armas, sin autorización previa; en lugares de tránsito público y manifestaciones se da comunicación previa a la autoridad, que solo puede prohibirlas por razones fundadas de alteración del orden público con peligro para personas o bienes [CE, art. 21.1] [CE, art. 21.2].
• Asociación: son ilegales las que persigan fines o usen medios tipificados como delito; se inscriben en un registro a los solos efectos de publicidad; solo se disuelven o suspenden por resolución judicial motivada, y se prohíben las secretas y paramilitares [CE, art. 22.2] [CE, art. 22.3] [CE, art. 22.4] [CE, art. 22.5].
• Participación en los asuntos públicos y acceso en condiciones de igualdad a funciones y cargos públicos [CE, art. 23.1] [CE, art. 23.2].
• Tutela judicial efectiva sin indefensión, juez ordinario predeterminado por la ley, defensa y asistencia de letrado, proceso público sin dilaciones indebidas, no declarar contra sí mismo y [CE, art. 24.1] [CE, art. 24.2].

5.3. Derechos y deberes de los artículos 30 a 38

• Defender a España es derecho y deber de los españoles; la ley regula la objeción de conciencia y los deberes en caso de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública [CE, art. 30.1] [CE, art. 30.2] [CE, art. 30.4].
• Contribuir al sostenimiento de los gastos públicos según la capacidad económica, mediante un sistema tributario justo, inspirado en la igualdad y la progresividad y sin alcance confiscatorio [CE, art. 31.1].
• Matrimonio con plena igualdad jurídica [CE, art. 32.1]; propiedad privada y herencia, delimitadas por su función social, y expropiación solo por utilidad pública o interés social con indemnización [CE, art. 33.1] [CE, art. 33.2] [CE, art. 33.3].
• Fundación para fines de interés general [CE, art. 34.1].
• Deber de trabajar y derecho al trabajo, a la libre elección de profesión, a la promoción y a una remuneración suficiente, sin discriminación por razón de sexo [CE, art. 35.1].
• Colegios Profesionales con estructura y funcionamiento democráticos [CE, art. 36]; negociación colectiva y fuerza vinculante de los convenios, y medidas de conflicto colectivo [CE, art. 37.1] [CE, art. 37.2]; libertad de empresa en el marco de la economía de mercado [CE, art. 38].

5.4. Mandatos a los poderes públicos de los artículos 39 a 52

Estos artículos se dirigen a los poderes públicos, que aseguran, promueven o garantizan lo siguiente [CE, art. 39.1] [CE, art. 50]:

5.5. Suspensión de derechos

Pueden suspenderse cuando se declare el estado de excepción o de sitio los derechos de los artículos 17, 18.2 y 18.3, 19, 20.1.a) y d) y 20.5, 21, 28.2 y 37.2; en el estado de excepción no se suspende el artículo 17.3 [CE, art. 55.1]. Una ley orgánica puede prever la suspensión individual de los artículos 17.2 y 18.2 y 18.3, con intervención judicial y control parlamentario, para investigaciones sobre bandas armadas o elementos terroristas; su uso injustificado o abusivo genera responsabilidad penal [CE, art. 55.2].