Tema 2. Derechos fundamentales y libertades públicas I: derecho a la vida e integridad. Libertad ideológica, religiosa y de culto. Derecho a la libertad y seguridad. Derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. La inviolabilidad del domicilio y el secreto de las comunicaciones. La libertad de residencia y de circulación. El derecho a la libertad de expresión reconocido en el artículo 20 de la Constitución.

El tema se estudia con tres normas del fichero: la Constitución Española (CE), artículos 15 a 20 [CE, art. 15]; la Ley Orgánica 1/1982, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen (LO 1/1982), que desarrolla el artículo 18 de la Constitución [LO1-1982, art. 1.1]; y la Ley Orgánica 7/1980, de Libertad Religiosa (LO 7/1980), que desarrolla la libertad religiosa y de culto reconocida en la Constitución [LO7-1980, art. 1.Uno]. El orden del resumen sigue el del título: vida e integridad, libertad ideológica y religiosa, libertad y seguridad, honor, intimidad e imagen, domicilio y comunicaciones, residencia y circulación y, por último, libertad de expresión del artículo 20 [CE, art. 20.1].

1. Derecho a la vida y a la integridad física y moral

El artículo 15 reconoce tres contenidos en un solo precepto [CE, art. 15]:

• Titularidad: «Todos» tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral [CE, art. 15].
• Prohibiciones absolutas: nadie puede ser sometido, «en ningún caso», a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes [CE, art. 15].
• Pena de muerte: queda abolida, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra [CE, art. 15].

Conviene fijarse en el sujeto: el artículo 15 dice «Todos», mientras que el artículo 19 habla de «Los españoles» y el artículo 17 de «Toda persona» [CE, art. 15] [CE, art. 17.1] [CE, art. 19].

2. Libertad ideológica, religiosa y de culto

2.1. Lo que dice la Constitución

• Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades [CE, art. 16.1].
• Su único límite, y solo en sus manifestaciones, es el necesario para el mantenimiento del orden público protegido por la ley [CE, art. 16.1].
• Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias [CE, art. 16.2].
• Ninguna confesión tendrá carácter estatal [CE, art. 16.3].
• Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones [CE, art. 16.3].

2.2. La Ley Orgánica 7/1980, de Libertad Religiosa

Principios. El Estado garantiza el derecho fundamental a la libertad religiosa y de culto, de acuerdo con la LO 7/1980 [LO7-1980, art. 1.Uno]. Las creencias religiosas no constituirán motivo de desigualdad o discriminación ante la Ley, y no podrán alegarse motivos religiosos para impedir a nadie el ejercicio de cualquier trabajo o actividad o el desempeño de cargos o funciones públicas [LO7-1980, art. 1.Dos]. La ley repite que ninguna confesión tendrá carácter estatal [LO7-1980, art. 1.Tres].

Contenido individual. La libertad religiosa y de culto comprende, «con la consiguiente inmunidad de coacción», el derecho de toda persona a [LO7-1980, art. 2.Uno]:

• Profesar las creencias religiosas que libremente elija o no profesar ninguna; cambiar de confesión o abandonar la que tenía; manifestar libremente sus creencias o la ausencia de ellas, o abstenerse de declarar sobre ellas [LO7-1980, art. 2.Uno.a)].
• Practicar los actos de culto y recibir asistencia religiosa de su confesión; conmemorar sus festividades; celebrar sus ritos matrimoniales; recibir sepultura digna sin discriminación por motivos religiosos, y no ser obligado a practicar actos de culto o a recibir asistencia religiosa contraria a sus convicciones [LO7-1980, art. 2.Uno.b)].
• Recibir e impartir enseñanza e información religiosa de toda índole, y elegir para sí y para los menores no emancipados e incapacitados bajo su dependencia, dentro y fuera del ámbito escolar, la educación religiosa y moral acorde con sus convicciones [LO7-1980, art. 2.Uno.c)].
• Reunirse o manifestarse públicamente con fines religiosos y asociarse para desarrollar comunitariamente sus actividades religiosas [LO7-1980, art. 2.Uno.d)].

Contenido colectivo. Las Iglesias, Confesiones y Comunidades religiosas tienen derecho a establecer lugares de culto o de reunión con fines religiosos, a designar y formar a sus ministros, a divulgar y propagar su credo y a mantener relaciones con sus propias organizaciones o con otras confesiones, en territorio nacional o en el extranjero [LO7-1980, art. 2.Dos].

Deber de los poderes públicos. Adoptarán las medidas necesarias para facilitar la asistencia religiosa en los establecimientos públicos, militares, hospitalarios, asistenciales, penitenciarios y otros bajo su dependencia, así como la formación religiosa en centros docentes públicos [LO7-1980, art. 2.Tres].

Límites. El ejercicio de estos derechos tiene como único límite la protección del derecho de los demás al ejercicio de sus libertades públicas y derechos fundamentales, así como la salvaguardia de la seguridad, la salud y la moralidad pública, que son los elementos constitutivos del orden público protegido por la Ley en una sociedad democrática [LO7-1980, art. 3.Uno]. Quedan fuera de la protección de la ley las actividades y entidades relacionadas con el estudio y experimentación de los fenómenos psíquicos o parapsicológicos o la difusión de valores humanísticos o espiritualistas u otros fines análogos ajenos a los religiosos [LO7-1980, art. 3.Dos].

Tutela. Los derechos de la ley, ejercidos dentro de sus límites, se tutelan mediante amparo judicial ante los Tribunales ordinarios y amparo constitucional ante el Tribunal Constitucional [LO7-1980, art. 4].

2.3. Entidades religiosas: Registro, autonomía y acuerdos

• Las Iglesias, Confesiones y Comunidades religiosas y sus Federaciones gozan de personalidad jurídica una vez inscritas en el Registro público creado a tal efecto en el Ministerio de Justicia [LO7-1980, art. 5.Uno].
• La inscripción se practica a solicitud, acompañada de documento fehaciente con su fundación o establecimiento en España, sus fines religiosos, denominación y datos de identificación, régimen de funcionamiento y órganos representativos [LO7-1980, art. 5.Dos].
• La cancelación de los asientos solo puede hacerse a petición de sus órganos representativos o en cumplimiento de sentencia judicial firme [LO7-1980, art. 5.Tres].
• Las entidades inscritas tienen plena autonomía y pueden establecer sus normas de organización, régimen interno y de su personal, con cláusulas de salvaguarda de su identidad religiosa, sin perjuicio de los derechos y libertades constitucionales, en especial los de libertad, igualdad y no discriminación [LO7-1980, art. 6.Uno]. Pueden crear y fomentar Asociaciones, Fundaciones e Instituciones para sus fines [LO7-1980, art. 6.Dos].
• El Estado establecerá, en su caso, Acuerdos o Convenios de cooperación con las entidades inscritas que, por su ámbito y número de creyentes, hayan alcanzado notorio arraigo en España; estos Acuerdos se aprueban por Ley de las Cortes Generales [LO7-1980, art. 7.Uno]. En ellos, respetando el principio de igualdad, se pueden extender los beneficios fiscales previstos para las entidades sin fin de lucro [LO7-1980, art. 7.Dos].
• En el Ministerio de Justicia existe una Comisión Asesora de Libertad Religiosa, de composición paritaria y estable, con representantes de la Administración del Estado, de las confesiones (en todo caso, las de arraigo notorio) y personas de reconocida competencia; puede tener una Comisión Permanente, también paritaria [LO7-1980, art. 8]. Le corresponden funciones de estudio, informe y propuesta, y con carácter preceptivo la preparación y dictamen de los Acuerdos de cooperación [LO7-1980, art. 8].
• El Gobierno, a propuesta del Ministerio de Justicia, dicta los reglamentos del Registro y de la Comisión Asesora [LO7-1980, disp. final única].
• Las entidades religiosas que tenían personalidad jurídica al entrar en vigor la ley la conservan; transcurridos tres años, solo pueden justificarla con la certificación de su inscripción en el Registro [LO7-1980, disp. trans. primera].

3. Derecho a la libertad y a la seguridad

Regla general. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad, y nadie puede ser privado de su libertad sino con la observancia de lo establecido en el artículo 17 y en los casos y en la forma previstos en la ley [CE, art. 17.1].

Detención preventiva. No podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, y, en todo caso, en el plazo máximo de setenta y dos horas el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial [CE, art. 17.2].

Derechos del detenido. Toda persona detenida [CE, art. 17.3]:

• Debe ser informada de forma inmediata y de modo que le sea comprensible de sus derechos y de las razones de su detención [CE, art. 17.3].
• No puede ser obligada a declarar [CE, art. 17.3].
• Tiene garantizada la asistencia de abogado en las diligencias policiales y judiciales, en los términos que la ley establezca [CE, art. 17.3].

Habeas corpus y prisión provisional. La ley regulará un procedimiento de «habeas corpus» para producir la inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente [CE, art. 17.4]. También por ley se determinará el plazo máximo de duración de la prisión provisional [CE, art. 17.4].

Resumen de cifras y garantías del artículo 17 [CE, art. 17.2]:

4. Derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen

4.1. La garantía constitucional

Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen [CE, art. 18.1]. Además, la ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos [CE, art. 18.4].

4.2. La protección civil: Ley Orgánica 1/1982

Objeto y caracteres. El derecho del artículo 18 de la Constitución se protege civilmente frente a todo género de intromisiones ilegítimas [LO1-1982, art. 1.1]. El carácter delictivo de la intromisión no impide acudir al procedimiento de tutela judicial del artículo 9, y los criterios de esta ley se aplican para fijar la responsabilidad civil derivada de delito [LO1-1982, art. 1.2]. El derecho es irrenunciable, inalienable e imprescriptible, y la renuncia a la protección es nula, salvo los supuestos de autorización o consentimiento del artículo segundo [LO1-1982, art. 1.3].

Delimitación. La protección queda delimitada por las leyes y por los usos sociales, atendiendo al ámbito que, por sus propios actos, cada persona mantenga reservado para sí o su familia [LO1-1982, art. 2.Uno].

Cuándo no hay intromisión ilegítima [LO1-1982, art. 2.Dos]:

• Cuando esté expresamente autorizada por Ley [LO1-1982, art. 2.Dos].
• Cuando el titular haya dado su consentimiento expreso [LO1-1982, art. 2.Dos].
• Cuando se trate de opiniones de Diputados o Senadores en el ejercicio de sus funciones, por imperativo del artículo 71 de la Constitución; iniciado un proceso civil, no podrá seguirse contra ellos sin previa autorización del Congreso o del Senado, tramitada por el procedimiento de los suplicatorios [LO1-1982, art. 2.Dos].

El consentimiento es revocable en cualquier momento, pero habrán de indemnizarse los daños y perjuicios causados, incluidas las expectativas justificadas [LO1-1982, art. 2.Tres].

Menores e incapaces. Prestan el consentimiento ellos mismos si sus condiciones de madurez lo permiten [LO1-1982, art. 3.Uno]. En los demás casos lo otorga por escrito su representante legal, que debe comunicarlo antes al Ministerio Fiscal; si este se opone en el plazo de ocho días, resuelve el Juez [LO1-1982, art. 3.Dos].

Personas fallecidas: quién ejerce las acciones. El orden es el siguiente [LO1-1982, art. 4]:

• Quien el fallecido haya designado en su testamento, que puede ser una persona jurídica [LO1-1982, art. 4.Uno].
• Sin designación o fallecido el designado: el cónyuge, descendientes, ascendientes y hermanos que vivieran al tiempo del fallecimiento [LO1-1982, art. 4.Dos].
• A falta de todos ellos: el Ministerio Fiscal, de oficio o a instancia de persona interesada, siempre que no hayan pasado más de ochenta años desde el fallecimiento; el mismo plazo rige si la acción corresponde a una persona jurídica designada en testamento [LO1-1982, art. 4.Tres].

En las intromisiones en los derechos de las víctimas de un delito del apartado 8 del artículo séptimo, está legitimado el ofendido o perjudicado, haya o no ejercido la acción penal o civil, y en todo caso el Ministerio Fiscal [LO1-1982, art. 4.Cuatro]. Si sobreviven varios parientes, o hay varios designados en testamento (salvo disposición en contrario), cualquiera de ellos puede ejercer las acciones [LO1-1982, art. 5]. Si el titular fallece sin haber podido ejercerlas por las circunstancias de la lesión, pueden hacerlo las personas del artículo cuarto, que también pueden continuar la acción ya entablada [LO1-1982, art. 6].

4.3. Intromisiones ilegítimas

Tienen la consideración de intromisiones ilegítimas [LO1-1982, art. 7]:

• Emplazar aparatos de escucha, filmación, dispositivos ópticos u otro medio apto para grabar o reproducir la vida íntima [LO1-1982, art. 7.1].
• Utilizar esos medios para conocer la vida íntima o manifestaciones o cartas privadas no destinadas a quien los usa, así como su grabación, registro o reproducción [LO1-1982, art. 7.2].
• Divulgar hechos de la vida privada que afecten a la reputación y buen nombre, o revelar o publicar cartas, memorias u otros escritos personales íntimos [LO1-1982, art. 7.3].
• Revelar datos privados conocidos a través de la actividad profesional u «oficial» de quien los revela [LO1-1982, art. 7.4].
• Captar, reproducir o publicar la imagen de una persona en lugares o momentos de su vida privada o fuera de ellos, salvo los casos del artículo octavo, dos [LO1-1982, art. 7.5].
• Usar el nombre, la voz o la imagen para fines publicitarios, comerciales o análogos [LO1-1982, art. 7.6].
• Imputar hechos o manifestar juicios de valor que lesionen la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación [LO1-1982, art. 7.7].
• Que el condenado en sentencia penal firme utilice el delito para conseguir notoriedad pública u obtener provecho económico, o divulgar datos falsos sobre los hechos, cuando menoscabe la dignidad de las víctimas [LO1-1982, art. 7.8].

Excepciones. Con carácter general no son intromisiones ilegítimas las actuaciones autorizadas o acordadas por la Autoridad competente de acuerdo con la ley, ni cuando predomine un interés histórico, científico o cultural relevante [LO1-1982, art. 8.Uno]. En particular, el derecho a la propia imagen no impide [LO1-1982, art. 8.Dos]:

• a) La captación, reproducción o publicación de la imagen de personas con cargo público o profesión de notoriedad o proyección pública, si se capta durante un acto público o en lugares abiertos al público [LO1-1982, art. 8.Dos.a)].
• b) La caricatura de dichas personas, de acuerdo con el uso social [LO1-1982, art. 8.Dos.b)].
• c) La información gráfica sobre un suceso público cuando la imagen de una persona aparezca como meramente accesoria [LO1-1982, art. 8.Dos.c)].

Las excepciones a) y b) no se aplican a las autoridades o personas cuyas funciones, por su naturaleza, necesiten el anonimato de quien las ejerce [LO1-1982, art. 8.Dos].

4.4. Tutela judicial, indemnización y caducidad

• La tutela puede recabarse por las vías procesales ordinarias o por el procedimiento del artículo 53.2 de la Constitución, y, cuando proceda, por el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional [LO1-1982, art. 9.Uno].
• Comprende las medidas para: el restablecimiento del perjudicado (declaración de la intromisión, cese inmediato y reposición del estado anterior); prevenir intromisiones inminentes o ulteriores; la indemnización de daños y perjuicios, y la apropiación del lucro obtenido con la intromisión [LO1-1982, art. 9.Dos].
• En el derecho al honor, el restablecimiento incluye, sin perjuicio del derecho de réplica, la publicación total o parcial de la sentencia a costa del condenado, con al menos la misma difusión que tuvo la intromisión [LO1-1982, art. 9.Dos.a)].
• El perjuicio se presume siempre que se acredite la intromisión; la indemnización alcanza el daño moral, valorado según las circunstancias, la gravedad de la lesión y, en su caso, la difusión o audiencia del medio [LO1-1982, art. 9.Tres].
• En los casos de fallecidos de los tres primeros apartados del artículo cuarto, la indemnización por daño moral corresponde a los parientes del apartado dos y, en su defecto, a sus causahabientes; en los del artículo sexto, se entiende comprendida en la herencia del perjudicado [LO1-1982, art. 9.Cuatro].
• Las acciones caducan a los cuatro años desde que el legitimado pudo ejercitarlas [LO1-1982, art. 9.Cinco].

5. Inviolabilidad del domicilio y secreto de las comunicaciones

Domicilio. El domicilio es inviolable [CE, art. 18.2]. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin una de estas tres circunstancias [CE, art. 18.2]:

• Consentimiento del titular [CE, art. 18.2].
• Resolución judicial [CE, art. 18.2].
• Flagrante delito [CE, art. 18.2].

Comunicaciones. Se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial [CE, art. 18.3]. Obsérvese que, a diferencia del domicilio, el artículo 18.3 no menciona el consentimiento ni el flagrante delito: la única excepción que nombra es la resolución judicial [CE, art. 18.3].

6. Libertad de residencia y de circulación

• Los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio nacional [CE, art. 19].
• Tienen también derecho a entrar y salir libremente de España en los términos que la ley establezca [CE, art. 19].
• Este derecho no podrá ser limitado por motivos políticos o ideológicos [CE, art. 19].

7. La libertad de expresión del artículo 20 de la Constitución

Derechos que se reconocen y protegen [CE, art. 20.1]:

• a) Expresar y difundir libremente pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción [CE, art. 20.1.a)].
• b) La producción y creación literaria, artística, científica y técnica [CE, art. 20.1.b)].
• c) La libertad de cátedra [CE, art. 20.1.c)].
• d) Comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión; la ley regulará la cláusula de conciencia y el secreto profesional en el ejercicio de estas libertades [CE, art. 20.1.d)].

Prohibición de censura previa. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa [CE, art. 20.2].

Medios públicos. La ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público y garantizará el acceso a ellos de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España [CE, art. 20.3].

Límites. Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos del Título I, en las leyes que lo desarrollen y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia [CE, art. 20.4].

Secuestro. Solo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial [CE, art. 20.5].

8. Cuadro de repaso: intervención judicial en el bloque

Varios preceptos del tema exigen resolución judicial o intervención de un juez; se recogen aquí con su cita [CE, art. 18.2]:

Los mismos preceptos ya se han citado en sus secciones [CE, art. 18.3] [CE, art. 20.5] [CE, art. 17.4] [LO7-1980, art. 5.Tres] [LO1-1982, art. 3.Dos].