Tema 2. CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA II: Relaciones entre el Gobierno y las Cortes. El Poder Judicial. La Organización territorial del Estado. El Tribunal Constitucional. La reforma constitucional.

El tema se estudia con la Constitución Española (CE), en sus títulos V (relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales, artículos 108 a 116), VI (poder judicial, artículos 117 a 127), VIII (organización territorial del Estado, artículos 137 a 158), IX (Tribunal Constitucional, artículos 159 a 165) y X (reforma constitucional, artículos 166 a 169) [CE, art. 108] [CE, art. 117.1] [CE, art. 137] [CE, art. 159.1] [CE, art. 166].

1. Relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales

1.1. Responsabilidad e información

• El Gobierno responde solidariamente en su gestión política ante el Congreso de los Diputados [CE, art. 108].
• Las Cámaras y sus Comisiones pueden recabar, a través de sus Presidentes, la información y ayuda que precisen del Gobierno y de cualquier autoridad del Estado y de las Comunidades Autónomas [CE, art. 109].
• Pueden reclamar la presencia de los miembros del Gobierno, que a su vez tienen acceso a las sesiones, pueden hacerse oír en ellas y pedir que informen funcionarios de sus Departamentos [CE, art. 110.1] [CE, art. 110.2].
• El Gobierno y cada uno de sus miembros están sometidos a interpelaciones y preguntas, con un tiempo mínimo semanal fijado por los Reglamentos; toda interpelación puede dar lugar a una moción [CE, art. 111.1] [CE, art. 111.2].

1.2. Cuestión de confianza y moción de censura

La moción de censura no puede votarse hasta pasados cinco días desde su presentación, y en los dos primeros días caben mociones alternativas [CE, art. 113.3]. Si no se aprueba, sus signatarios no pueden presentar otra en el mismo periodo de sesiones [CE, art. 113.4].

1.3. Disolución de las Cortes

• La propone el Presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros y bajo su exclusiva responsabilidad, y la decreta el Rey; el decreto fija la fecha de las elecciones [CE, art. 115.1].
• No puede proponerse mientras esté en trámite una moción de censura [CE, art. 115.2].
• No procede nueva disolución antes de un año desde la anterior, salvo el supuesto del artículo 99.5 [CE, art. 115.3].

1.4. Estados de alarma, excepción y sitio

Una ley orgánica los regula [CE, art. 116.1]:

Mientras estén declarados no puede disolverse el Congreso, y las Cámaras quedan automáticamente convocadas si no están en periodo de sesiones; si el Congreso está disuelto, asume sus competencias la Diputación Permanente [CE, art. 116.5]. La declaración no modifica el principio de responsabilidad del Gobierno y sus agentes [CE, art. 116.6].

2. El poder judicial

2.1. Principios

• La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley [CE, art. 117.1].
• Solo pueden ser separados, suspendidos, trasladados o jubilados por las causas y con las garantías legales [CE, art. 117.2].
• La potestad jurisdiccional, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales [CE, art. 117.3], que no ejercen más funciones que esa y las que la ley les atribuya en garantía de derechos [CE, art. 117.4].
• La unidad jurisdiccional es la base de su organización; la jurisdicción militar se limita al ámbito estrictamente castrense y al estado de sitio, y se prohíben los Tribunales de excepción [CE, art. 117.5] [CE, art. 117.6].
• Es obligado cumplir las sentencias firmes y colaborar con los Jueces y Tribunales [CE, art. 118].
• La justicia es gratuita cuando lo disponga la ley y, en todo caso, para quienes acrediten insuficiencia de recursos [CE, art. 119].
• Las actuaciones son públicas, el procedimiento es predominantemente oral, sobre todo en lo criminal, y las sentencias son siempre motivadas y se pronuncian en audiencia pública [CE, art. 120.1] [CE, art. 120.2] [CE, art. 120.3].
• El error judicial y el funcionamiento anormal de la Justicia dan derecho a indemnización a cargo del Estado [CE, art. 121].

2.2. Órganos

Los Jueces y Magistrados de carrera forman un Cuerpo único [CE, art. 122.1]. El Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno del poder judicial [CE, art. 122.2]. Su composición [CE, art. 122.3]:

• El Tribunal Supremo, con jurisdicción en toda España, es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo en garantías constitucionales; su Presidente lo nombra el Rey a propuesta del CGPJ [CE, art. 123.1] [CE, art. 123.2].
• El Ministerio Fiscal promueve la acción de la justicia en defensa de la legalidad, los derechos de los ciudadanos y el interés público, y vela por la independencia de los Tribunales [CE, art. 124.1]. Actúa según los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica, con sujeción a los de legalidad e imparcialidad [CE, art. 124.2].
• El Fiscal General del Estado lo nombra el Rey a propuesta del Gobierno, oído el CGPJ [CE, art. 124.4].
• Los ciudadanos pueden ejercer la acción popular y participar mediante el Jurado y en los Tribunales consuetudinarios y tradicionales [CE, art. 125].
• La policía judicial depende de los Jueces, Tribunales y Ministerio Fiscal en la averiguación del delito y el descubrimiento y aseguramiento del delincuente [CE, art. 126].
• Jueces, Magistrados y Fiscales en activo no pueden desempeñar otros cargos públicos ni pertenecer a partidos políticos o sindicatos [CE, art. 127.1].

3. La organización territorial del Estado

3.1. Principios generales

• El Estado se organiza en municipios, provincias y Comunidades Autónomas, todos con autonomía para la gestión de sus intereses [CE, art. 137].
• El Estado garantiza el principio de solidaridad, atendiendo en particular al hecho insular, y las diferencias entre Estatutos no pueden implicar privilegios económicos o sociales [CE, art. 138.1] [CE, art. 138.2].
• Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio, y ninguna autoridad puede obstaculizar la libre circulación de personas y bienes [CE, art. 139.1] [CE, art. 139.2].

3.2. Administración local

• Los municipios tienen personalidad jurídica plena; los gobiernan los Ayuntamientos (Alcaldes y Concejales); los Concejales los eligen los vecinos y los Alcaldes, los Concejales o los vecinos; la ley regula el concejo abierto [CE, art. 140].
• La provincia es entidad local con personalidad jurídica propia; alterar sus límites exige ley orgánica de las Cortes, y la gobiernan las Diputaciones u otras Corporaciones representativas [CE, art. 141.1] [CE, art. 141.2]. En los archipiélagos, las islas tienen Cabildos o Consejos [CE, art. 141.4].
• Las Haciendas locales se nutren fundamentalmente de tributos propios y de participación en los del Estado y de las Comunidades Autónomas [CE, art. 142].

3.3. Comunidades Autónomas: acceso y Estatutos

• Pueden constituirse las provincias limítrofes con características históricas, culturales y económicas comunes, los territorios insulares y las provincias con entidad regional histórica [CE, art. 143.1].
• La iniciativa corresponde a las Diputaciones y a dos terceras partes de los municipios que sumen la mayoría del censo, en seis meses; si no prospera, se reitera pasados cinco años [CE, art. 143.2] [CE, art. 143.3].
• No hay que esperar los cinco años del artículo 148.2 si la iniciativa la acuerdan también tres cuartas partes de los municipios de cada provincia y la ratifica en referéndum la mayoría absoluta de los electores de cada una [CE, art. 151.1].
• No se admite la federación de Comunidades Autónomas; los convenios entre ellas se comunican a las Cortes y los demás acuerdos de cooperación necesitan su autorización [CE, art. 145.1] [CE, art. 145.2].
• Los Estatutos son la norma institucional básica de cada Comunidad y contienen su denominación, territorio, instituciones y competencias; su reforma exige ley orgánica de las Cortes [CE, art. 147.1] [CE, art. 147.2] [CE, art. 147.3].

3.4. Competencias

• Las Comunidades pueden asumir las materias del artículo 148.1, entre ellas la vigilancia de sus edificios e instalaciones y la coordinación de las policías locales en los términos de una ley orgánica [CE, art. 148.1]. Pasados cinco años, pueden ampliarlas mediante la reforma de sus Estatutos [CE, art. 148.2].
• El Estado tiene competencia exclusiva sobre las materias del artículo 149.1, entre ellas la seguridad pública, sin perjuicio de las policías que creen las Comunidades según sus Estatutos [CE, art. 149.1].
• Lo no asumido por los Estatutos corresponde al Estado, cuyas normas prevalecen en caso de conflicto en lo no atribuido en exclusiva a las Comunidades, y el derecho estatal es supletorio [CE, art. 149.3].

Instrumentos de las Cortes sobre las competencias autonómicas [CE, art. 150.1] [CE, art. 150.2] [CE, art. 150.3]:

3.5. Instituciones, control y financiación

• En los Estatutos aprobados por el procedimiento del artículo 151 hay una Asamblea Legislativa, un Consejo de Gobierno y un Presidente elegido por la Asamblea y nombrado por el Rey; un Tribunal Superior de Justicia culmina la organización judicial en la Comunidad [CE, art. 152.1].
• Un Delegado nombrado por el Gobierno dirige la Administración del Estado en el territorio de la Comunidad [CE, art. 154].

El control de la actividad de los órganos autonómicos corresponde [CE, art. 153]:

Si una Comunidad incumple sus obligaciones o atenta gravemente al interés general, el Gobierno, previo requerimiento a su Presidente y, si no es atendido, con aprobación por mayoría absoluta del Senado, puede adoptar las medidas necesarias y dar instrucciones a todas sus autoridades [CE, art. 155.1] [CE, art. 155.2].

Las Comunidades tienen autonomía financiera [CE, art. 156.1]. Sus recursos son los impuestos cedidos y participaciones, sus propios impuestos, tasas y contribuciones especiales, las transferencias del Fondo de Compensación, los rendimientos de su patrimonio y el crédito [CE, art. 157.1]. No pueden adoptar medidas tributarias sobre bienes situados fuera de su territorio [CE, art. 157.2]. El Fondo de Compensación se destina a gastos de inversión y sus recursos los distribuyen las Cortes [CE, art. 158.2].

4. El Tribunal Constitucional

4.1. Composición

Lo forman 12 miembros nombrados por el Rey [CE, art. 159.1]:

• Se eligen entre Magistrados y Fiscales, Profesores de Universidad, funcionarios públicos y Abogados, juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio [CE, art. 159.2].
• Su mandato es de nueve años y se renuevan por terceras partes cada tres [CE, art. 159.3].
• Es incompatible con todo mandato representativo, cargos políticos o administrativos, funciones directivas en partidos o sindicatos, las carreras judicial y fiscal y cualquier actividad profesional o mercantil [CE, art. 159.4]. Sus miembros son independientes e inamovibles [CE, art. 159.5].
• El Presidente lo nombra el Rey entre sus miembros, a propuesta del Tribunal en pleno, por tres años [CE, art. 160].

4.2. Competencias y legitimación

Tiene jurisdicción en todo el territorio español y conoce del recurso de inconstitucionalidad contra leyes y normas con fuerza de ley, del recurso de amparo por violación de los derechos del artículo 53.2, de los conflictos de competencia entre el Estado y las Comunidades o de estas entre sí, y de las demás materias que le atribuyan la Constitución o las leyes orgánicas [CE, art. 161.1]. El Gobierno puede impugnar disposiciones autonómicas, lo que produce su suspensión, que el Tribunal ratifica o levanta en un plazo no superior a cinco meses [CE, art. 161.2].

Si un órgano judicial considera que una norma con rango de ley aplicable al caso, de cuya validez dependa el fallo, puede ser inconstitucional, plantea la cuestión de inconstitucionalidad, que en ningún caso tiene efectos suspensivos [CE, art. 163].

4.3. Sentencias

Se publican en el «boletín oficial del Estado» con los votos particulares, tienen valor de cosa juzgada desde el día siguiente a su publicación y no cabe recurso contra ellas; las que declaran la inconstitucionalidad de una ley tienen plenos efectos frente a todos [CE, art. 164.1]. Salvo que el fallo diga otra cosa, la ley sigue vigente en la parte no afectada [CE, art. 164.2].

5. La reforma constitucional

La iniciativa de reforma se ejerce en los términos de los apartados 1 y 2 del artículo 87 [CE, art. 166].

No puede iniciarse la reforma en tiempo de guerra ni durante los estados del artículo 116 [CE, art. 169].