Tema 15. Delitos contra la seguridad vial. Especial referencia a la normativa de seguridad vial y en el Código Penal.

El tema se estudia con tres normas. El Código Penal (CP) tipifica los delitos contra la seguridad vial, desde la conducción a velocidad excesiva o bajo la influencia del alcohol o las drogas hasta la creación de un grave riesgo para la circulación [CP, art. 379] [CP, art. 385], con reglas comunes al capítulo [CP, art. 385 bis] [CP, art. 385 ter]. La Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial (LSV) fija la prohibición de conducir con alcohol o drogas y la obligación de someterse a las pruebas [LSV, art. 14]. El Reglamento General de Circulación (RGC) concreta las tasas, las personas obligadas, la práctica de las pruebas, las diligencias del agente, la inmovilización y la calificación de las infracciones [RGC, art. 20] [RGC, art. 28]. De la normativa de seguridad vial el fichero solo trae lo relativo al alcohol y las drogas, que es lo que se resume en la segunda parte.

1. Los delitos contra la seguridad vial en el Código Penal

1.1. Velocidad, alcohol y drogas

• Comete delito quien conduce un vehículo de motor o un ciclomotor a velocidad superior en sesenta km/h en vía urbana o en ochenta km/h en vía interurbana a la permitida reglamentariamente [CP, art. 379.1].
• Con las mismas penas se castiga a quien conduce un vehículo de motor o ciclomotor bajo la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o bebidas alcohólicas [CP, art. 379.2].
• En todo caso se condena con esas penas a quien conduce con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,60 mg/l o en sangre superior a 1,2 g/l [CP, art. 379.2].

La pena es prisión de tres a seis meses, o multa de seis a doce meses, o trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días, y en cualquier caso privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años [CP, art. 379.1].

1.2. Conducción temeraria

Quien conduce un vehículo a motor o un ciclomotor con temeridad manifiesta y pone en concreto peligro la vida o la integridad de las personas es castigado con prisión de seis meses a dos años y privación del derecho a conducir por tiempo superior a uno y hasta seis años [CP, art. 380.1].

Se reputa manifiestamente temeraria la conducción en que concurran a la vez el exceso de velocidad del apartado primero del artículo 379 y la tasa de alcohol del inciso segundo de su apartado segundo (0,60 mg/l en aire o 1,2 g/l en sangre) [CP, art. 380.2].

1.3. Conducción con manifiesto desprecio por la vida de los demás

• Quien realiza la conducta del artículo 380 con manifiesto desprecio por la vida de los demás es castigado con prisión de dos a cinco años, multa de doce a veinticuatro meses y privación del derecho a conducir durante seis a diez años [CP, art. 381.1].
• Si no se ha puesto en concreto peligro la vida o la integridad de las personas, las penas son prisión de uno a dos años, multa de seis a doce meses y privación del derecho a conducir por el mismo tiempo del apartado anterior [CP, art. 381.2].

1.4. Concurrencia con un resultado lesivo

Cuando con los actos de los artículos 379, 380 y 381 se ocasiona, además del riesgo prevenido, un resultado lesivo constitutivo de delito, cualquiera que sea su gravedad, los jueces o tribunales aprecian solo la infracción más gravemente penada, aplicando la pena en su mitad superior y condenando en todo caso al resarcimiento de la responsabilidad civil [CP, art. 382]. Si el resultado lesivo concurre con un delito del artículo 381, se impone en todo caso la privación del derecho a conducir de ese artículo en su mitad superior [CP, art. 382].

1.5. Abandono del lugar del accidente

El conductor de un vehículo a motor o de un ciclomotor que, fuera de los casos del artículo 195, voluntariamente y sin que concurra riesgo propio o de terceros, abandona el lugar de los hechos tras causar un accidente en el que fallecen una o varias personas o en el que se les causa alguna de las lesiones de los artículos 147.1, 149 y 150, es castigado como autor de un delito de abandono del lugar del accidente [CP, art. 382 bis.1].

1.6. Negativa a las pruebas de alcohol y drogas

El conductor que, requerido por un agente de la autoridad, se niega a someterse a las pruebas legalmente establecidas para comprobar las tasas de alcoholemia y la presencia de drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas es castigado con prisión de seis meses a un año y privación del derecho a conducir por tiempo superior a uno y hasta cuatro años [CP, art. 383].

1.7. Conducción sin permiso o licencia

Se castiga con prisión de tres a seis meses, o multa de doce a veinticuatro meses, o trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días a quien conduce un vehículo de motor o ciclomotor [CP, art. 384]:

• Tras la pérdida de vigencia del permiso o licencia por pérdida total de los puntos asignados legalmente [CP, art. 384].
• Tras haber sido privado cautelar o definitivamente del permiso o licencia por decisión judicial [CP, art. 384].
• Sin haber obtenido nunca permiso o licencia de conducción [CP, art. 384].

1.8. Creación de un grave riesgo para la circulación

Quien origina un grave riesgo para la circulación es castigado con prisión de seis meses a dos años o con multa de doce a veinticuatro meses y trabajos en beneficio de la comunidad de diez a cuarenta días, si lo hace de alguna de estas formas [CP, art. 385]:

• Colocando en la vía obstáculos imprevisibles, derramando sustancias deslizantes o inflamables, o mutando, sustrayendo o anulando la señalización, o por cualquier otro medio [CP, art. 385].
• No restableciendo la seguridad de la vía cuando haya obligación de hacerlo [CP, art. 385].

1.9. Reglas comunes del capítulo

• El vehículo a motor o ciclomotor utilizado en los hechos del capítulo se considera instrumento del delito a los efectos de los artículos 127 y 128 [CP, art. 385 bis].
• En los delitos de los artículos 379, 383, 384 y 385, el juez o tribunal, razonándolo en sentencia, puede rebajar en un grado la pena de prisión en atención a la menor entidad del riesgo causado y a las demás circunstancias del hecho [CP, art. 385 ter].

1.10. Cuadro de penas

2. La normativa de seguridad vial: alcohol y drogas

2.1. Prohibiciones

• Alcohol: no puede circular por las vías el conductor de cualquier vehículo con tasas de alcohol superiores a las que se determinen reglamentariamente [LSV, art. 14.1].
• Drogas: tampoco puede hacerlo el conductor con presencia de drogas en el organismo; se excluyen las sustancias usadas bajo prescripción facultativa y con finalidad terapéutica, siempre que se esté en condiciones de utilizar el vehículo conforme a la obligación de diligencia, precaución y no distracción del artículo 10 [LSV, art. 14.1].
• El reglamento prohíbe circular a los conductores de vehículos o bicicletas que hayan ingerido o incorporado a su organismo psicotrópicos, estimulantes u otras sustancias análogas, incluidos en cualquier caso los medicamentos u otras sustancias bajo cuyo efecto se altere el estado físico o mental apropiado para circular sin peligro [RGC, art. 27.1].

2.2. Tasas administrativas y tasa penal

Las tasas máximas para circular son estas [RGC, art. 20] [LSV, art. 14.1]:

Para el periodo de dos años, la antigüedad de la licencia solo se computa cuando se conduzcan vehículos para los que basta esa licencia [RGC, art. 20]. Por encima de 0,60 mg/l en aire o 1,2 g/l en sangre, la conducción es en todo caso delito [CP, art. 379.2].

2.3. Obligación de someterse a las pruebas

La ley obliga al conductor a las pruebas de alcohol y drogas que practiquen los agentes encargados de la vigilancia del tráfico, y a los demás usuarios de la vía implicados en un accidente de tráfico o que hayan cometido una infracción [LSV, art. 14.2]. Para el alcohol, los agentes pueden someter a las pruebas [RGC, art. 21]:

• A cualquier usuario o conductor implicado directamente como posible responsable en un accidente de circulación [RGC, art. 21.a)].
• A quien conduzca con síntomas evidentes, manifestaciones que denoten o hechos que permitan razonablemente presumir que lo hace bajo la influencia de bebidas alcohólicas [RGC, art. 21.b)].
• A los conductores denunciados por alguna infracción al reglamento [RGC, art. 21.c)].
• A quienes sean requeridos dentro de programas de controles preventivos de alcoholemia ordenados por la autoridad [RGC, art. 21.d)].

Para las drogas queda obligada toda persona en situación análoga a las del artículo 21 [RGC, art. 28.1.b)], y la autoridad competente fija los programas de controles preventivos para cualquier conductor [RGC, art. 28.1.d)].

2.4. Práctica de las pruebas de alcohol

• Consisten en la verificación del aire espirado mediante dispositivos autorizados [LSV, art. 14.3], normalmente con etilómetros que, «oficialmente autorizados», determinan de forma cuantitativa el grado de impregnación alcohólica [RGC, art. 22.1].
• Si la primera prueba supera 0,5 g/l o 0,25 mg/l, o la tasa especial del artículo 20, o hay síntomas evidentes, se hace una segunda prueba de aire espirado por un procedimiento similar, informando antes al interesado [RGC, art. 23.1].
• Entre ambas pruebas debe mediar un tiempo mínimo de 10 minutos, que el interesado puede controlar por sí o por sus acompañantes o testigos [RGC, art. 23.2].
• El interesado puede formular alegaciones, que se consignan por diligencia, y contrastar los resultados con análisis de sangre, orina u otros análogos [RGC, art. 23.3].
• El contraste se paga con el depósito previo del interesado si da positivo; si da negativo, lo pagan los órganos periféricos de la Jefatura Central de Tráfico o las autoridades municipales o autonómicas competentes y se devuelve el depósito [RGC, art. 23.4].
• La ley dice que el contraste consistirá preferentemente en análisis de sangre, salvo causas excepcionales debidamente justificadas, y que si da positivo lo abona el interesado [LSV, art. 14.5].
• Si las lesiones, dolencias o enfermedades impiden las pruebas, decide las que se hagan el personal facultativo del centro médico [RGC, art. 22.2].
• El personal sanitario obtiene las muestras, las remite al laboratorio y da cuenta del resultado a la autoridad judicial, a los órganos periféricos de la Jefatura Central de Tráfico y, cuando proceda, a las autoridades municipales, con el sistema empleado, la hora exacta de la toma, el método de conservación y el porcentaje de alcohol en sangre [RGC, art. 26.1].

2.5. Pruebas de drogas

La ley y el reglamento describen estas pruebas de forma distinta [LSV, art. 14.3] [RGC, art. 28.1.a)]:

• Según la LSV: una prueba salival mediante dispositivo autorizado y un posterior análisis de una muestra salival en cantidad suficiente; si hay razones justificadas que lo impidan, el reconocimiento médico o los análisis clínicos del centro sanitario [LSV, art. 14.3].
• Según el RGC: normalmente, el reconocimiento médico y los análisis clínicos que estimen más adecuados el médico forense u otro titular experimentado, o el personal facultativo del centro sanitario o instituto médico [RGC, art. 28.1.a)].

Regulan el mismo supuesto de forma distinta y el resumen no elige; la ley remite al reglamento el procedimiento, las condiciones y los términos de las pruebas [LSV, art. 14.4]. El contraste puede repetirse a petición del interesado o por orden judicial, con análisis de sangre, orina u otros análogos [RGC, art. 28.1.a)].

2.6. Actuación del agente

Si la segunda prueba o el contraste dan positivo, o el conductor presenta síntomas evidentes o aparece implicado en una conducta delictiva, el agente, además de ajustarse a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, debe [RGC, art. 24]:

• Describir en el boletín de denuncia o en el atestado el procedimiento seguido y los datos del instrumento empleado y sus características genéricas [RGC, art. 24.a)].
• Consignar las advertencias hechas, en especial el derecho al contraste, y acreditar las pruebas hechas en el centro sanitario [RGC, art. 24.b)].
• Conducir al juzgado al examinado o a quien se negó a las pruebas cuando los hechos revistan caracteres delictivos [RGC, art. 24.c)].

Para las drogas, el agente que advierta síntomas evidentes se ajusta a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, a lo que ordene la autoridad judicial y, en cuanto sea posible, a las normas de las pruebas de alcohol [RGC, art. 28.1.c)].

Inmovilización. Con resultado positivo, el agente puede inmovilizar el vehículo de inmediato, mediante precinto u otro procedimiento efectivo, salvo que pueda conducirlo otra persona debidamente habilitada, y provee lo necesario para la seguridad de la circulación y de las personas transportadas, especialmente niños, ancianos, enfermos o inválidos [RGC, art. 25.1]. También cabe ante la negativa a las pruebas de alcohol [RGC, art. 25.2] o de drogas [RGC, art. 28.1.b)]. Se deja sin efecto cuando desaparece la causa o puede sustituir al conductor otro habilitado que ofrezca garantía suficiente, salvo que la autoridad judicial haya ordenado el depósito o intervención [RGC, art. 25.3]. Los gastos son de cuenta del conductor o de quien legalmente deba responder por él [RGC, art. 25.4].

2.7. Infracción administrativa y delito

Las calificaciones administrativas remiten al artículo 65.5 del texto articulado, que no está en el fichero [RGC, art. 26.2].