Tema 23. La Policía Judicial: concepto, funciones y normativa. La entrada y registro en domicilios y locales.

Este tema se estudia con cuatro normas. La Constitución (CE) declara inviolable el domicilio [CE, art. 18.2]. La Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) regula el objeto y la composición de la Policía Judicial, sus diligencias y el atestado [LECRIM, art. 282; LECRIM, art. 283; LECRIM, art. 292] y la entrada y registro en lugar cerrado [LECRIM, art. 545]. La Ley Orgánica 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (LOFCS), organiza las Unidades de Policía Judicial [LO2-1986, art. 29.1]. El Real Decreto 769/1987 desarrolla la regulación de la Policía Judicial [RD769-1987, art. 1].

1. Concepto de Policía Judicial

1.1. Objeto

La Policía Judicial tiene por objeto, y es obligación de todos los que la componen, averiguar los delitos públicos que se cometan en su territorio o demarcación, practicar según sus atribuciones las diligencias necesarias para comprobarlos y descubrir a los delincuentes, y recoger los efectos, instrumentos o pruebas del delito de cuya desaparición hubiere peligro, poniéndolos a disposición de la autoridad judicial [LECRIM, art. 282]. Con las víctimas, cumple los deberes de información de la legislación vigente y valora sus circunstancias para determinar provisionalmente las medidas de protección, sin perjuicio de la decisión final del Juez o Tribunal [LECRIM, art. 282].

Si el delito solo puede perseguirse a instancia de parte legítima, la obligación es la misma si se les requiere al efecto. La ausencia de denuncia no impide las primeras diligencias de prevención y aseguramiento de los delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial [LECRIM, art. 282].

1.2. Quiénes la constituyen

Constituyen la Policía Judicial y son auxiliares de los Jueces y Tribunales competentes en materia penal y del Ministerio Fiscal, obligados a seguir sus instrucciones para investigar delitos y perseguir delincuentes, los siguientes [LECRIM, art. 283]:

1.3. Sentido genérico y sentido estricto

• Las funciones generales de policía judicial corresponden a todos los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, cualquiera que sea su naturaleza y dependencia, en la medida en que deben colaborar con la Autoridad Judicial o el Ministerio Fiscal [RD769-1987, art. 1].
• Las ejercen a requerimiento de la Autoridad Judicial, del Ministerio Fiscal o de sus superiores policiales, o por propia iniciativa a través de estos últimos [RD769-1987, art. 2].
• La Policía Judicial desarrolla, bajo la dependencia funcional directa de los Jueces y Tribunales y del Ministerio Fiscal, funciones de averiguación del delito y descubrimiento y aseguramiento del delincuente [RD769-1987, art. 6].
• La Policía Judicial en sentido estricto son las Unidades Orgánicas del art. 30.1 LOFCS, integradas por miembros del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil [RD769-1987, art. 7].
• En la función de Policía Judicial, el personal de Policía de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales tiene carácter colaborador de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado [LO2-1986, art. 29.2].

2. Funciones de la Policía Judicial

2.1. Primeras diligencias de cualquier miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

• Practican por propia iniciativa las primeras diligencias de prevención y aseguramiento en cuanto tienen noticia del hecho presuntamente delictivo, ocupan y custodian los objetos relacionados con él y dan cuenta a la Autoridad Judicial o Fiscal, directamente o a través de las Unidades Orgánicas [RD769-1987, art. 4].
• Cesan en la investigación cuando comparece a hacerse cargo de ella la Autoridad Judicial o el Fiscal, y les entregan las diligencias, los efectos y los detenidos [RD769-1987, art. 5].
• Pueden recibir el encargo de concretas diligencias en defecto de Unidades de Policía Judicial, con carácter transitorio o en supuestos de urgencia [RD769-1987, art. 3].

2.2. Comunicación a la autoridad y relación con jueces y fiscales

Al conocer un delito público, o ser requeridos para prevenir diligencias por un delito privado, los funcionarios de Policía Judicial lo participan a la autoridad judicial o al Ministerio Fiscal, si pueden hacerlo sin cesar en las diligencias de prevención; si no, al terminarlas [LECRIM, art. 284.1]. Si recogen armas, instrumentos o efectos, extienden diligencia del lugar, tiempo y ocasión del hallazgo, con una descripción minuciosa que puede sustituirse por un reportaje gráfico y que firma la persona en cuyo poder se hallaron [LECRIM, art. 284.3].

• Si concurre un funcionario de categoría superior, el que actúa le informa y se pone a su disposición [LECRIM, art. 285].
• Cuando el Juez de instrucción o el municipal se presentan a formar el sumario, cesan las diligencias de prevención policiales, que se le entregan en el acto con los efectos y los detenidos [LECRIM, art. 286].
• La Policía Judicial practica sin dilación las diligencias que le encomienden el Fiscal y los Jueces [LECRIM, art. 287], que pueden entenderse directamente con cualquier funcionario; si el servicio admite espera, acuden a su superior [LECRIM, art. 288].
• Quien no pueda cumplir una orden lo comunica inmediatamente [LECRIM, art. 289]; si la causa no es legítima, se avisa a su superior jerárquico para la corrección disciplinaria [LECRIM, art. 290]. Lo mismo rige para el jefe de cualquier fuerza pública que no pueda prestar el auxilio pedido [LECRIM, art. 291].
• Si practican diligencias por orden de la Autoridad judicial o del Fiscal, comunican el resultado en los plazos fijados en la orden [LECRIM, art. 296].
• Jueces y Fiscales califican su comportamiento en un registro reservado y cada semestre comunican a sus superiores la calificación razonada [LECRIM, art. 298].

Antes de abrirse la actuación judicial, las Unidades Orgánicas actúan bajo la dependencia del Ministerio Fiscal, que puede asumir la dirección en cualquier momento [RD769-1987, art. 20].

2.3. El agente encubierto

En investigaciones de delincuencia organizada, el Juez de Instrucción o el Ministerio Fiscal, dando cuenta inmediata al Juez, pueden autorizar a funcionarios de la Policía Judicial a actuar bajo identidad supuesta, que otorga el Ministerio del Interior por seis meses prorrogables por períodos iguales [LECRIM, art. 282 bis.1]. Es delincuencia organizada la asociación de tres o más personas para cometer, de forma permanente o reiterada, alguno de los delitos de la lista legal [LECRIM, art. 282 bis.4]. Nadie puede ser obligado a actuar como agente encubierto [LECRIM, art. 282 bis.2], que queda exento de responsabilidad criminal por lo que sea consecuencia necesaria de la investigación si es proporcionado y no constituye una provocación al delito [LECRIM, art. 282 bis.5]. Si la investigación puede afectar a derechos fundamentales, debe pedir al órgano judicial las autorizaciones que establezcan la Constitución y la Ley [LECRIM, art. 282 bis.3].

2.4. El atestado policial

Los funcionarios de Policía Judicial extienden, en papel sellado o común, un atestado de las diligencias que practican, con los hechos averiguados, las declaraciones e informes recibidos y las circunstancias que puedan ser prueba o indicio del delito [LECRIM, art. 292]. Lo acompañan de un informe de las detenciones anteriores y de las requisitorias que consten en sus bases de datos [LECRIM, art. 292].

• Firma: lo firma quien lo extiende y, si usa sello, lo estampa con su rúbrica en todas las hojas; las personas presentes, peritos y testigos son invitados a firmar su parte y, si no lo hacen, se expresa la razón [LECRIM, art. 293].
• Relación verbal: si el funcionario no puede redactarlo, se sustituye por una relación verbal circunstanciada que reduce a escrito el Fiscal o el Juez a quien deba presentarse [LECRIM, art. 294].
• Valor: los atestados y las manifestaciones de los funcionarios sobre sus averiguaciones se consideran denuncias a efectos legales; sus demás declaraciones, firmadas, tienen valor de declaraciones testificales sobre hechos de conocimiento propio [LECRIM, art. 297]. Deben observar las formalidades legales y no usar medios de averiguación que la Ley no autorice [LECRIM, art. 297].

En ningún caso pueden pasar más de veinticuatro horas sin dar conocimiento a la autoridad judicial o al Ministerio Fiscal de las diligencias, salvo fuerza mayor y el supuesto del art. 284.2 [LECRIM, art. 295]. Las sanciones son estas [LECRIM, art. 295]:

Sin autor conocido, la Policía Judicial conserva el atestado a disposición del Fiscal y de la autoridad judicial, sin enviarlo, salvo que [LECRIM, art. 284.2]:

• Se trate de delitos contra la vida, la integridad física, la libertad e indemnidad sexuales o relacionados con la corrupción [LECRIM, art. 284.2].
• Se practique una diligencia pasadas setenta y dos horas desde la apertura del atestado y tenga resultado [LECRIM, art. 284.2].
• El Fiscal o la autoridad judicial pidan la remisión [LECRIM, art. 284.2].

Al denunciante se le advierte de que, si no se identifica al autor en setenta y dos horas, las actuaciones no se remitirán, aunque puede reiterar la denuncia ante la fiscalía o el juzgado [LECRIM, art. 284.2].

2.5. Cometidos de las Unidades adscritas

Las Unidades especialmente adscritas hacen cometidos de investigación criminal especializada propios de una Policía científica: inspecciones oculares, averiguación de domicilios y paraderos, informes periciales provisionales de urgente necesidad, intervención técnica en levantamiento de cadáveres, recogida de pruebas y ejecución de órdenes inmediatas de Presidentes, Jueces y Fiscales, entre otros [RD769-1987, art. 28].

3. Normativa: las Unidades de Policía Judicial

3.1. En la Ley Orgánica 2/1986

Las funciones de Policía Judicial del art. 126 de la Constitución las ejercen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a través de Unidades específicas [LO2-1986, art. 29.1]:

• Organización: el Ministerio del Interior las organiza con funcionarios con formación especializada, según criterios territoriales y de especialización delictual, y les corresponde esta función con carácter permanente y especial [LO2-1986, art. 30.1]. Pueden adscribirse a Juzgados y Tribunales, oído el Consejo General del Poder Judicial, o al Ministerio Fiscal, oído el Fiscal General del Estado [LO2-1986, art. 30.2].
• Doble dependencia: orgánica del Ministerio del Interior y funcional de los Jueces, Tribunales o Ministerio Fiscal que conozcan del asunto [LO2-1986, art. 31.1]. Jueces, Presidentes y Fiscales Jefes pueden pedir la intervención de funcionarios o medios de las Unidades por conducto del Presidente del Tribunal Supremo, de los Presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia o del Fiscal General del Estado [LO2-1986, art. 31.2].
• Formación: la especialización se cursa en los Centros de Formación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con participación de la Judicatura y del Ministerio Fiscal, o complementariamente en el Centro de Estudios Judiciales; el diploma es requisito para ocupar puestos en las Unidades [LO2-1986, art. 32].
• Exclusividad: desempeñan la función con carácter exclusivo, sin perjuicio de misiones de prevención cuando las circunstancias lo requieran [LO2-1986, art. 33].
• Inamovilidad: no pueden ser apartados de una investigación hasta que termine esta o la fase procesal que la originó, salvo decisión o autorización del Juez o Fiscal competente [LO2-1986, art. 34.1].
• Comisionados: actúan como comisionados de Jueces, Tribunales y Fiscales y pueden requerir el auxilio de las Autoridades y, en su caso, de los particulares [LO2-1986, art. 34.2].
• Régimen funcionarial: salvo lo dispuesto en ese capítulo, el de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado [LO2-1986, art. 36].

Los Jueces y Tribunales de lo Penal y el Fiscal les dan órdenes e instrucciones, determinan su contenido, controlan su ejecución y pueden instar la potestad disciplinaria [LO2-1986, art. 35].

3.2. En el Real Decreto 769/1987

• Las Unidades Orgánicas se estructuran sobre una base provincial, con posibles secciones en poblaciones cuyo índice de criminalidad lo aconseje, y Unidades de ámbito superior por especialización delictual o técnicas de investigación [RD769-1987, art. 9].
• Los funcionarios comisionados siguen las órdenes de la Autoridad Judicial o Fiscal, sin que las instrucciones técnicas de sus superiores policiales puedan contradecirlas [RD769-1987, art. 11], y le informan de la evolución y del resultado de sus investigaciones [RD769-1987, art. 12].
• Deben guardar rigurosa reserva sobre las investigaciones; su infracción se corrige disciplinariamente, y la reserva no impide el intercambio interno de información dentro de la Unidad salvo prohibición expresa del Juez o Fiscal [RD769-1987, art. 15].
• El Juez o el Fiscal se entienden directamente con el Jefe de la Unidad, sin acudir a instancias administrativas superiores [RD769-1987, art. 21].
• El Ministerio del Interior, previo informe favorable del Consejo General del Poder Judicial o a su propuesta, puede asignar con carácter permanente y estable Unidades adscritas a Juzgados, Tribunales y Fiscalías [RD769-1987, art. 23]. Su pertenencia puede dejarse sin efecto previo informe preceptivo y vinculante de la Comisión Provincial de Coordinación [RD769-1987, art. 24].

3.3. Las Comisiones de Coordinación

Se crean las Comisiones Nacional y Provinciales de Coordinación de la Policía Judicial para armonizar y lograr la unidad de dirección [RD769-1987, art. 31].

4. La entrada y registro en domicilios y locales

4.1. Regla constitucional y general

El domicilio es inviolable: ninguna entrada o registro puede hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito [CE, art. 18.2]. Nadie puede entrar en el domicilio de un español o extranjero residente en España sin su consentimiento, salvo en los casos y forma previstos en las leyes [LECRIM, art. 545].

4.2. Lugares públicos y domicilio

El Juez o Tribunal puede decretar la entrada y registro, de día o de noche, en edificios y lugares públicos si hay indicios de encontrarse allí el procesado o efectos, instrumentos o papeles útiles para la causa [LECRIM, art. 546]. Son públicos los destinados a un servicio «oficial», militar o civil, del Estado, la Provincia o el Municipio; los establecimientos de reunión o recreo, lícitos o no; otros lugares cerrados que no sean domicilio de un particular, y los buques del Estado [LECRIM, art. 547].

Se reputan domicilio los Palacios Reales, el lugar destinado principalmente a la habitación de una persona y su familia, los buques nacionales mercantes y, para personas jurídicas imputadas, su centro de dirección o los lugares donde custodien documentos reservados al conocimiento de terceros [LECRIM, art. 554]. El art. 557 figura en el fichero como anulado y no se resume.

Si el representante extranjero no contesta en plazo o deniega la venia, el Juez lo comunica al Ministerio de Gracia y Justicia y, mientras no reciba resolución, no entra y adopta medidas de vigilancia [LECRIM, art. 560].

4.3. Domicilio de un particular

El Juez instructor puede ordenar la entrada, de día o de noche si la urgencia lo exige, con consentimiento del interesado o, sin él, por auto motivado, que se notifica inmediatamente o como más tarde en veinticuatro horas [LECRIM, art. 550]. Consiente quien, requerido, realiza los actos necesarios para la entrada sin invocar la inviolabilidad del domicilio [LECRIM, art. 551]. El auto es siempre fundado y expresa el lugar, si se hará solo de día y quién lo practicará [LECRIM, art. 558].

Sin auto, los Agentes de policía pueden detener de propia autoridad y registrar el lugar donde se oculte la persona [LECRIM, art. 553]:

• Cuando haya mandamiento de prisión contra ella [LECRIM, art. 553].
• Cuando sea sorprendida en flagrante delito [LECRIM, art. 553].
• Cuando un delincuente perseguido inmediatamente se oculte o refugie en una casa [LECRIM, art. 553].
• En casos de excepcional o urgente necesidad, si se trata de presuntos responsables de las acciones del art. 384 bis [LECRIM, art. 553].

Del registro se da cuenta inmediata al Juez competente, con sus causas, resultados, detenciones, intervinientes e incidentes [LECRIM, art. 553].

4.4. Práctica del registro

El Juez puede encomendar la entrada al Juez municipal o a cualquier Autoridad o agente de Policía judicial [LECRIM, art. 563]. En los lugares públicos de los números 1.º y 3.º del art. 547 oficia a la Autoridad o Jefe de quien dependan [LECRIM, art. 564]; en los de reunión o recreo, notifica a quien esté al frente [LECRIM, art. 565]. En un domicilio particular, el auto se notifica al interesado; si no es hallado, a su encargado o a otra persona mayor de edad, con preferencia los familiares; si no hay nadie, se extiende diligencia con dos vecinos, que la firman [LECRIM, art. 566]. Desde que acuerda la entrada, el Juez adopta medidas de vigilancia para evitar la fuga o la sustracción de objetos [LECRIM, art. 567]. Después se entra, con auxilio de la fuerza si es necesario [LECRIM, art. 568], evitando inspecciones inútiles y respetando los secretos del interesado que no interesen a la instrucción [LECRIM, art. 552].

• Presencia: del interesado o su representante; si no, de un familiar mayor de edad; si no lo hay, de dos testigos vecinos del mismo pueblo [LECRIM, art. 569].
• Secretario: siempre asiste el del Juzgado o Tribunal, o el del servicio de guardia, que levanta acta firmada por todos [LECRIM, art. 569].
• Resistencia: negarse a presenciarlo produce la responsabilidad de la desobediencia grave, y el registro se hace igualmente [LECRIM, art. 569].
• De noche: si acaba el día sin terminar, se pide permiso para seguir; si el interesado se opone, se suspende, salvo los arts. 546 y 550, cerrando y sellando el local [LECRIM, art. 570]. La suspensión dura solo el tiempo en que no sea posible continuar [LECRIM, art. 571].
• Acta: expresa quiénes intervienen, incidentes, hora de inicio y fin, relación del registro y resultados [LECRIM, art. 572].

4.5. Libros y papeles

Los libros de contabilidad solo se registran con indicios graves de descubrir un hecho importante [LECRIM, art. 573]. Los libros y papeles recogidos se folian, sellan y rubrican en todas sus hojas por el Secretario judicial [LECRIM, art. 574]. Quien se niegue a exhibir objetos o papeles es multado con 125 a 500 pesetas y, si insiste, puede ser procesado por desobediencia [LECRIM, art. 575].