Tema 3. La Constitución Española de 1978 (III): La Corona. Las Cortes Generales. El Gobierno y la Administración. La organización territorial del Estado en la Constitución. Las Comunidades Autónomas. La Provincia. El Municipio.

Este tema se estudia con la Constitución Española (CE). El rango del fichero va del artículo 56 al 158, unos cien artículos, y este resumen cubre solo lo que nombra el título: la Corona (arts. 56 a 65), las Cortes Generales (arts. 66 a 96), el Gobierno y la Administración junto con sus relaciones con las Cortes (arts. 97 a 116) y la organización territorial del Estado, con el Municipio, la Provincia y las Comunidades Autónomas (arts. 137 a 158) [CE, art. 56.1] [CE, art. 66.1] [CE, art. 97] [CE, art. 137]. Quedan fuera los artículos 117 a 127 (Jueces y Tribunales, Consejo General del Poder Judicial, Ministerio Fiscal) y 128 a 136 (riqueza, tributos, Presupuestos y Tribunal de Cuentas), porque el título no los nombra.

1. La Corona

1.1. El Rey

• Es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia; arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones, asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales y ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes [CE, art. 56.1].
• Su título es el de Rey de España y puede utilizar los demás que correspondan a la Corona [CE, art. 56.2].
• Su persona es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Sus actos estarán siempre refrendados y carecen de validez sin refrendo, salvo lo dispuesto en el art. 65.2 [CE, art. 56.3].
• Nombra y releva libremente a los miembros civiles y militares de su Casa, que es la salvedad del art. 56.3 [CE, art. 65.2].

1.2. El refrendo

De los actos del Rey son responsables las personas que los refrenden [CE, art. 64.2]. Quién refrenda [CE, art. 64.1]:

1.3. La sucesión

• La Corona es hereditaria en los sucesores de S. M. Don Juan Carlos I de Borbón, legítimo heredero de la dinastía histórica [CE, art. 57.1].
• Orden regular de primogenitura y representación: la línea anterior a las posteriores; en la misma línea, el grado más próximo al más remoto; en el mismo grado, el varón a la mujer; en el mismo sexo, la persona de más edad a la de menos [CE, art. 57.1].
• El Príncipe heredero tiene la dignidad de Príncipe de Asturias desde su nacimiento o desde que se produzca el hecho que origine el llamamiento [CE, art. 57.2].
• Extinguidas todas las líneas llamadas en Derecho, las Cortes Generales proveerán a la sucesión en la forma que más convenga a los intereses de España [CE, art. 57.3].
• Quien, con derecho a suceder, contraiga matrimonio contra la expresa prohibición del Rey y de las Cortes Generales queda excluido por sí y sus descendientes [CE, art. 57.4].
• Abdicaciones, renuncias y dudas en el orden de sucesión se resuelven por ley orgánica [CE, art. 57.5].
• La Reina consorte o el consorte de la Reina no pueden asumir funciones constitucionales, salvo lo dispuesto para la Regencia [CE, art. 58].

1.4. Regencia, tutela y juramento

Quién ejerce la Regencia [CE, art. 59]:

• Para ser Regente hay que ser español y mayor de edad; la Regencia se ejerce por mandato constitucional y siempre en nombre del Rey [CE, art. 59.4] [CE, art. 59.5].
• Tutor del Rey menor: el nombrado en el testamento del Rey difunto (mayor de edad y español de nacimiento); si no, el padre o la madre mientras permanezcan viudos; en su defecto, lo nombran las Cortes [CE, art. 60.1].
• Solo el padre, la madre o los ascendientes directos del Rey pueden acumular los cargos de Regente y tutor; la tutela es incompatible con todo cargo o representación política [CE, art. 60.1] [CE, art. 60.2].
• El Rey jura ante las Cortes, al ser proclamado, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes; el Príncipe heredero y el Regente prestan el mismo juramento y el de fidelidad al Rey [CE, art. 61.1] [CE, art. 61.2].

1.5. Funciones del Rey

• Sancionar y promulgar las leyes; convocar y disolver las Cortes y convocar elecciones y referéndum en los casos previstos [CE, art. 62].
• Proponer el candidato a Presidente del Gobierno y, en su caso, nombrarlo y poner fin a sus funciones; nombrar y separar a los miembros del Gobierno a propuesta de su Presidente [CE, art. 62].
• Expedir los decretos acordados en el Consejo de Ministros, conferir los empleos civiles y militares y conceder honores y distinciones; ser informado de los asuntos de Estado y presidir el Consejo de Ministros cuando lo estime oportuno, a petición del Presidente del Gobierno [CE, art. 62].
• El mando supremo de las Fuerzas Armadas, el derecho de gracia con arreglo a la ley (que no puede autorizar indultos generales) y el Alto Patronazgo de las Reales Academias [CE, art. 62].
• Acredita a los embajadores, manifiesta el consentimiento del Estado para obligarse por tratados y, previa autorización de las Cortes, declara la guerra y hace la paz [CE, art. 63].

2. Las Cortes Generales

2.1. Naturaleza y reglas comunes

• Representan al pueblo español y están formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado; ejercen la potestad legislativa, aprueban los Presupuestos, controlan la acción del Gobierno y son inviolables [CE, art. 66].
• Nadie puede ser miembro de las dos Cámaras a la vez, ni acumular el acta de una Asamblea autonómica con la de Diputado al Congreso; no hay mandato imperativo [CE, art. 67.1] [CE, art. 67.2].

2.2. Composición de las Cámaras

Congreso [CE, art. 68] y Senado [CE, art. 69]:

• Las Comunidades Autónomas designan un Senador y otro más por cada millón de habitantes, a través de la Asamblea legislativa o, en su defecto, del órgano colegiado superior [CE, art. 69.5].
• Son electores y elegibles todos los españoles en pleno uso de sus derechos políticos [CE, art. 68.5].
• Las elecciones se celebran entre los treinta y sesenta días desde la terminación del mandato, y el Congreso electo se convoca dentro de los veinticinco días siguientes [CE, art. 68.6].

2.3. Estatuto de los parlamentarios

• La ley electoral fija la inelegibilidad e incompatibilidad, que alcanzan en todo caso, entre otros, a los Magistrados, Jueces y Fiscales en activo y a los militares profesionales y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Policía en activo [CE, art. 70.1].
• Inviolabilidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones [CE, art. 71.1].
• Inmunidad: durante su mandato solo pueden ser detenidos en caso de flagrante delito y no pueden ser inculpados ni procesados sin autorización de la Cámara [CE, art. 71.2].
• Fuero: en las causas contra ellos es competente la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo [CE, art. 71.3].

2.4. Organización y funcionamiento

• Cada Cámara aprueba su Reglamento con mayoría absoluta en votación final de totalidad y elige a su Presidente y su Mesa; las sesiones conjuntas las preside el Presidente del Congreso [CE, art. 72.1] [CE, art. 72.2].
• Periodos ordinarios: de septiembre a diciembre y de febrero a junio. Las sesiones extraordinarias se piden por el Gobierno, la Diputación Permanente o la mayoría absoluta de los miembros de cualquier Cámara, con orden del día determinado [CE, art. 73].
• Las Cámaras funcionan en Pleno y por Comisiones y pueden delegar en las Comisiones Legislativas Permanentes la aprobación de proyectos o proposiciones de ley, salvo reforma constitucional, cuestiones internacionales, leyes orgánicas y de bases y Presupuestos [CE, art. 75].
• Diputación Permanente: mínimo veintiún miembros, presidida por el Presidente de la Cámara; sigue en funciones tras la disolución o expiración del mandato hasta que se constituyan las nuevas Cortes [CE, art. 78.1] [CE, art. 78.2] [CE, art. 78.3].
• Quórum y mayoría: asistencia de la mayoría de los miembros y acuerdos por mayoría de los presentes; el voto es personal e indelegable [CE, art. 79].

2.5. La elaboración de las leyes

• Leyes orgánicas: desarrollo de derechos fundamentales y libertades públicas, Estatutos de Autonomía, régimen electoral general y demás previstas; requieren mayoría absoluta del Congreso en votación final sobre el conjunto [CE, art. 81].
• Delegación legislativa: por ley de bases para textos articulados o por ley ordinaria para refundir textos; expresa, para materia concreta y con plazo; se agota con su uso y no admite subdelegación [CE, art. 82.2] [CE, art. 82.3]. Las leyes de bases no pueden autorizar su propia modificación ni normas retroactivas [CE, art. 83]. El resultado son los Decretos Legislativos [CE, art. 85].
• Decretos-leyes: en caso de extraordinaria y urgente necesidad; no pueden afectar a las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades del Título I, al régimen autonómico ni al Derecho electoral general [CE, art. 86.1]. El Congreso los convalida o deroga en treinta días desde su promulgación [CE, art. 86.2].
• Iniciativa: Gobierno, Congreso y Senado; las Asambleas autonómicas pueden pedir al Gobierno un proyecto de ley o remitir a la Mesa del Congreso una proposición, con un máximo de tres miembros en su defensa; la iniciativa popular exige al menos 500.000 firmas y no cabe en materias propias de ley orgánica, tributarias o de carácter internacional, ni en lo relativo a la prerrogativa de gracia [CE, art. 87]. Los proyectos de ley se aprueban en Consejo de Ministros [CE, art. 88].

Paso por el Senado [CE, art. 90]:

• El Rey sanciona en quince días las leyes, las promulga y ordena su publicación [CE, art. 91].
• El referéndum consultivo sobre decisiones de especial trascendencia lo convoca el Rey, a propuesta del Presidente del Gobierno, previa autorización del Congreso [CE, art. 92].

2.6. Los tratados internacionales

• Requieren autorización previa de las Cortes los tratados políticos, militares, los que afecten a la integridad territorial o a los derechos del Título I, los que impliquen obligaciones financieras para la Hacienda Pública y los que modifiquen o deroguen alguna ley o exijan medidas legislativas; de los demás se informa inmediatamente al Congreso y al Senado [CE, art. 94].
• Un tratado con estipulaciones contrarias a la Constitución exige su previa revisión [CE, art. 95.1].

3. El Gobierno y la Administración

3.1. Funciones y composición

• El Gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado, y ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria [CE, art. 97].
• Se compone del Presidente, los Vicepresidentes en su caso, los Ministros y los demás miembros que establezca la ley; el Presidente dirige su acción y coordina a los demás [CE, art. 98.1] [CE, art. 98.2].

3.2. La investidura del Presidente

• Tras cada renovación del Congreso, el Rey, previa consulta con los Grupos políticos y a través del Presidente del Congreso, propone un candidato, que expone su programa y pide la confianza [CE, art. 99.1] [CE, art. 99.2].
• Primera votación: mayoría absoluta. Si no se alcanza, nueva votación cuarenta y ocho horas después: mayoría simple [CE, art. 99.3].
• Si fracasa, se tramitan sucesivas propuestas [CE, art. 99.4].
• Pasados dos meses desde la primera votación sin investidura, el Rey disuelve ambas Cámaras y convoca elecciones con el refrendo del Presidente del Congreso [CE, art. 99.5].

3.3. Cese y responsabilidad

• El Gobierno cesa tras elecciones generales, por pérdida de la confianza parlamentaria o por dimisión o fallecimiento de su Presidente, y sigue en funciones hasta que tome posesión el nuevo [CE, art. 101].
• Su responsabilidad criminal se exige ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo; la acusación por traición o delito contra la seguridad del Estado exige iniciativa de la cuarta parte del Congreso y aprobación por su mayoría absoluta, y no cabe la gracia [CE, art. 102].

3.4. La Administración Pública

• Sirve con objetividad los intereses generales con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho [CE, art. 103.1].
• Las Fuerzas y Cuerpos de seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, protegen el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizan la seguridad ciudadana; una ley orgánica fija sus funciones, principios básicos de actuación y estatutos [CE, art. 104].
• Los Tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad administrativa; los particulares tienen derecho a ser indemnizados por las lesiones causadas por el funcionamiento de los servicios públicos, salvo fuerza mayor [CE, art. 106].
• El Consejo de Estado es el supremo órgano consultivo del Gobierno [CE, art. 107].

3.5. Relaciones entre el Gobierno y las Cortes

• El Gobierno responde solidariamente en su gestión política ante el Congreso [CE, art. 108]. Está sometido a interpelaciones y preguntas, y toda interpelación puede dar lugar a una moción [CE, art. 111].

Cuestión de confianza y moción de censura [CE, art. 112] [CE, art. 113] [CE, art. 114]:

• Si la moción no prospera, sus signatarios no pueden presentar otra en el mismo período de sesiones [CE, art. 113.4].
• Disolución: la propone el Presidente, bajo su exclusiva responsabilidad, y la decreta el Rey; no cabe con una moción de censura en trámite ni antes de un año desde la anterior, salvo el art. 99.5 [CE, art. 115].

Estados excepcionales [CE, art. 116]:

Mientras rijan, el Congreso no puede disolverse [CE, art. 116.5].

4. La organización territorial del Estado

4.1. Principios generales

• El Estado se organiza en municipios, provincias y Comunidades Autónomas; todas gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses [CE, art. 137].
• El Estado garantiza la solidaridad, atendiendo en particular al hecho insular; las diferencias entre Estatutos no pueden implicar privilegios económicos o sociales [CE, art. 138].
• Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio [CE, art. 139].

4.2. El Municipio

• La Constitución garantiza su autonomía y tiene personalidad jurídica plena [CE, art. 140].
• Su gobierno y administración corresponden al Ayuntamiento, integrado por el Alcalde y los Concejales [CE, art. 140].
• Los Concejales los eligen los vecinos por sufragio universal, igual, libre, directo y secreto; los Alcaldes, los Concejales o los vecinos; la ley regula el concejo abierto [CE, art. 140].

4.3. La Provincia y las islas

• La provincia es una entidad local con personalidad jurídica propia, determinada por la agrupación de municipios y división territorial para las actividades del Estado; alterar sus límites exige ley orgánica de las Cortes [CE, art. 141.1].
• Su gobierno y administración autónoma corresponde a las Diputaciones u otras Corporaciones representativas [CE, art. 141.2]. Pueden crearse agrupaciones de municipios distintas de la provincia [CE, art. 141.3].
• En los archipiélagos, las islas tienen además administración propia en Cabildos o Consejos [CE, art. 141.4].
• Las Haciendas locales se nutren fundamentalmente de tributos propios y de participación en los del Estado y de las Comunidades Autónomas [CE, art. 142].

4.4. Las Comunidades Autónomas: acceso a la autonomía

• Pueden constituirse en Comunidad Autónoma las provincias limítrofes con características históricas, culturales y económicas comunes, los territorios insulares y las provincias con entidad regional histórica [CE, art. 143.1].
• No se admite la federación de Comunidades. Los Estatutos pueden prever convenios entre ellas para gestionar servicios propios, con comunicación a las Cortes; los demás acuerdos de cooperación necesitan autorización de las Cortes [CE, art. 145].

Dos vías de iniciativa [CE, art. 143] [CE, art. 151.1]:

4.5. Los Estatutos de Autonomía

• Son la norma institucional básica de cada Comunidad y deben contener su denominación, su territorio, sus instituciones y sus competencias; su reforma requiere en todo caso aprobación de las Cortes por ley orgánica [CE, art. 147].
• Con carácter general, el proyecto de Estatuto lo elabora una asamblea de los miembros de la Diputación u órgano interinsular y de los Diputados y Senadores elegidos en esas provincias, y se eleva a las Cortes para su tramitación como ley [CE, art. 146].
• En el supuesto del art. 151, lo elabora la Asamblea de Parlamentarios por mayoría absoluta; lo examina la Comisión Constitucional del Congreso en dos meses con una delegación de la Asamblea y, si hay acuerdo, el texto se somete a referéndum de las provincias afectadas [CE, art. 151.2]. Esos Estatutos solo se modifican por sus propios procedimientos y con referéndum [CE, art. 152.2].

4.6. Las competencias

• El art. 148.1 enumera las materias que pueden asumir las Comunidades, entre ellas la organización de sus instituciones, urbanismo y vivienda, asistencia social, sanidad e higiene y la vigilancia y protección de sus edificios y la coordinación de las policías locales en los términos de una ley orgánica [CE, art. 148.1]. Pasados cinco años, pueden ampliarlas reformando sus Estatutos [CE, art. 148.2].
• El art. 149.1 reserva al Estado, en exclusiva, treinta y dos materias, entre ellas la seguridad pública, sin perjuicio de las policías autonómicas que prevean los Estatutos en el marco de una ley orgánica, y el tráfico y circulación de vehículos a motor [CE, art. 149.1].
• Cláusula residual: lo no atribuido al Estado puede corresponder a las Comunidades por sus Estatutos; lo no asumido corresponde al Estado, cuyas normas prevalecen en caso de conflicto salvo en las competencias exclusivas autonómicas, y el derecho estatal es supletorio del autonómico [CE, art. 149.3].
• El Estado puede transferir o delegar facultades por ley orgánica y dictar leyes de armonización, cuya necesidad aprecian las Cortes por mayoría absoluta de cada Cámara [CE, art. 150].

4.7. Instituciones, control y financiación

• En los Estatutos del art. 151 la organización se basa en una Asamblea Legislativa elegida por representación proporcional, un Consejo de Gobierno y un Presidente elegido por la Asamblea y nombrado por el Rey; un Tribunal Superior de Justicia culmina la organización judicial en su territorio [CE, art. 152.1].
• Un Delegado nombrado por el Gobierno dirige la Administración del Estado en la Comunidad [CE, art. 154].
• Si una Comunidad incumple sus obligaciones o atenta gravemente al interés general, el Gobierno, previo requerimiento a su Presidente y con aprobación por mayoría absoluta del Senado, puede adoptar las medidas necesarias para obligarla [CE, art. 155.1].
• Las Comunidades gozan de autonomía financiera con coordinación con la Hacienda estatal y solidaridad [CE, art. 156.1]; sus recursos incluyen impuestos cedidos, sus propios tributos, transferencias del Fondo de Compensación, los rendimientos de su patrimonio y las operaciones de crédito [CE, art. 157.1]. El Fondo de Compensación corrige desequilibrios interterritoriales [CE, art. 158.2].