Los poderes públicos desarrollarán las actuaciones necesarias para la detección de situaciones de riesgo o existencia de violencia contra las mujeres, hijas e hijos menores, y darán cuenta de sus actuaciones sobre esta materia al Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, a través de los mecanismos de coordinación y colaboración que se establezcan, incluida la información necesaria para la elaboración del informe anual sobre actuaciones en materia de violencia contra las mujeres.