Corresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias la competencia exclusiva para regular: a) El régimen jurídico, las modalidades, el procedimiento, la realización y la convocatoria por ella misma o por los entes locales, en el ámbito de sus competencias, de encuestas, audiencias públicas, foros de participación y cualquier otro instrumento análogo de consulta popular, con la excepción del referéndum. b) Los procedimientos de relación entre las entidades locales y la población, respetando la autonomía local.