Todos los protocolos que a la entrada en vigor de esta ley estuvieran vigentes para la actuación, coordinación de actuaciones de sensibilización, protección y recuperación integral de las víctimas de violencia tendrán carácter de obligado cumplimiento para todas las instituciones, personas y entidades públicas o privadas, hasta que no se sustituyan por nuevos protocolos aprobados conforme a esta ley.