Tema 2. El Defensor del Pueblo. Las Cortes Generales. El Gobiernos y la Administración. Relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales.

Regulan el tema la Constitución española (CE), arts. 54 y 66 a 116; la Ley Orgánica 3/1981, del Defensor del Pueblo (LO3-1981); y la Ley 50/1997, del Gobierno (L50-1997) [CE, art. 54; LO3-1981, art. 1; L50-1997, art. 1.1]. Como el rango tiene 122 artículos, el resumen sigue el orden del título y prioriza lo más preguntado en el fichero: la elección y el estatuto del Defensor, la composición de las Cámaras, la elaboración de las leyes, el Gobierno, el art. 104 CE y las relaciones Gobierno-Cortes, incluidos los estados de alarma, excepción y sitio [CE, art. 104.1; CE, art. 116.1].

1. El Defensor del Pueblo

1.1. Naturaleza y elección

• Una ley orgánica regula la institución del Defensor del Pueblo, alto comisionado de las Cortes Generales, designado por estas para la defensa de los derechos del Título I; a ese efecto puede supervisar la actividad de la Administración, dando cuenta a las Cortes Generales [CE, art. 54].
• Es elegido por las Cortes Generales para un periodo de cinco años, y se dirige a ellas a través de los Presidentes del Congreso y del Senado [LO3-1981, art. 2.1].
• Una Comisión Mixta Congreso-Senado se relaciona con él e informa a los Plenos; se reúne cuando lo acuerden conjuntamente los Presidentes de ambas Cámaras y, en todo caso, para proponer el candidato o candidatos, y adopta sus acuerdos por mayoría simple [LO3-1981, art. 2.2; LO3-1981, art. 2.3].
• Puede ser elegido cualquier español mayor de edad en el pleno disfrute de sus derechos civiles y políticos [LO3-1981, art. 3].

El procedimiento de designación, según el art. 2 de la LO 3/1981 [LO3-1981, art. 2.4; LO3-1981, art. 2.5]:

• Los Presidentes del Congreso y del Senado acreditan conjuntamente con sus firmas el nombramiento, que se publica en el «Boletín Oficial del Estado» [LO3-1981, art. 4.1].
• Toma posesión ante las Mesas de ambas Cámaras reunidas conjuntamente, prestando juramento o promesa [LO3-1981, art. 4.2].

1.2. Cese, prerrogativas e incompatibilidades

• Causas de cese: renuncia; expiración del plazo; muerte o incapacidad sobrevenida; actuar con notoria negligencia en el cumplimiento de sus obligaciones; y condena por delito doloso en sentencia firme [LO3-1981, art. 5.1].
• La vacante la declara el Presidente del Congreso en caso de muerte, renuncia o expiración del plazo; en los demás casos se decide por tres quintas partes de los componentes de cada Cámara, mediante debate y previa audiencia del interesado [LO3-1981, art. 5.2].
• Vacante el cargo, el procedimiento de nuevo nombramiento se inicia en plazo no superior a un mes; mientras tanto, desempeñan sus funciones interinamente, en su propio orden, los Adjuntos [LO3-1981, art. 5.3; LO3-1981, art. 5.4].
• No está sujeto a mandato imperativo, no recibe instrucciones de ninguna autoridad y actúa con autonomía y según su criterio [LO3-1981, art. 6.1].
• Goza de inviolabilidad: no puede ser detenido, expedientado, multado, perseguido o juzgado por las opiniones que formule o los actos que realice en el ejercicio de su cargo [LO3-1981, art. 6.2].
• En los demás casos, solo puede ser detenido o retenido en flagrante delito, y su inculpación, prisión, procesamiento y juicio corresponden exclusivamente a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo [LO3-1981, art. 6.3].
• Su condición es incompatible, entre otros, con todo mandato representativo, el servicio activo en una Administración pública, la afiliación a un partido político y cualquier actividad profesional, liberal, mercantil o laboral [LO3-1981, art. 7.1].
• Debe cesar en la incompatibilidad dentro de los diez días siguientes a su nombramiento y antes de tomar posesión; si no, se entiende que no acepta el nombramiento; si la incompatibilidad es sobrevenida, se entiende que renuncia [LO3-1981, art. 7.2; LO3-1981, art. 7.3].

1.3. Adjuntos

• Le auxilian un Adjunto Primero y un Adjunto Segundo, en los que puede delegar y que le sustituyen por su orden en caso de imposibilidad temporal o cese [LO3-1981, art. 8.1].
• Los nombra y separa el propio Defensor, previa conformidad de las Cámaras; el nombramiento se publica en el «Boletín Oficial del Estado» [LO3-1981, art. 8.2; LO3-1981, art. 8.3].

1.4. Actuación y quejas

• Puede dirigirse a él toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo, sin que impidan hacerlo la nacionalidad, residencia, sexo, minoría de edad, incapacidad legal o el internamiento en un centro penitenciario [LO3-1981, art. 10.1].
• Ninguna autoridad administrativa puede presentarle quejas en asuntos de su competencia [LO3-1981, art. 10.3].
• La queja se presenta firmada, con nombre, apellidos y domicilio, en escrito razonado en papel común y en el plazo máximo de un año desde que se conocieron los hechos; las actuaciones son gratuitas y no es preceptiva la asistencia de Letrado ni de Procurador [LO3-1981, art. 15.1; LO3-1981, art. 15.2].
• Rechaza las quejas anónimas y puede rechazar las de mala fe, sin fundamento o sin pretensión; sus decisiones no son recurribles; no examina quejas pendientes de resolución judicial [LO3-1981, art. 17.2; LO3-1981, art. 17.3].
• Está legitimado para interponer los recursos de inconstitucionalidad y de amparo [LO3-1981, art. 29].
• Puede formular advertencias, recomendaciones, recordatorios de deberes legales y sugerencias, y las autoridades deben responder por escrito en término no superior a un mes [LO3-1981, art. 30.1].
• Da cuenta anualmente a las Cortes en un informe que presenta cuando están reunidas en periodo ordinario de sesiones; si la gravedad o urgencia lo aconsejan, puede presentar un informe extraordinario [LO3-1981, art. 32.1; LO3-1981, art. 32.2].
• Ejerce las funciones del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, con un Consejo Asesor presidido por el Adjunto en quien delegue [LO3-1981, disp. final única].

2. Las Cortes Generales

2.1. Naturaleza y funciones

• Representan al pueblo español y están formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado [CE, art. 66.1].
• Ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus Presupuestos, controlan la acción del Gobierno y tienen las demás competencias que les atribuya la Constitución; son inviolables [CE, art. 66.2; CE, art. 66.3].
• Nadie puede ser miembro de las dos Cámaras a la vez, ni acumular el acta de una Asamblea autonómica con la de Diputado; sus miembros no están ligados por mandato imperativo [CE, art. 67.1; CE, art. 67.2].

2.2. Congreso y Senado

La columna del Congreso sale del art. 68 y la del Senado del art. 69 [CE, art. 68.1; CE, art. 68.2; CE, art. 68.3; CE, art. 68.4; CE, art. 69.1; CE, art. 69.2; CE, art. 69.6].

• En el Senado, a Gran Canaria, Mallorca y Tenerife les corresponden tres Senadores, y uno a cada una de Ibiza, Formentera, Menorca, Fuerteventura, La Gomera, El Hierro, Lanzarote y La Palma [CE, art. 69.3].
• Ceuta y Melilla eligen dos Senadores cada una [CE, art. 69.4].
• Las Comunidades Autónomas designan además un Senador y otro más por cada millón de habitantes; la designación corresponde a la Asamblea legislativa o, en su defecto, al órgano colegiado superior [CE, art. 69.5].
• Son electores y elegibles todos los españoles en pleno uso de sus derechos políticos [CE, art. 68.5].
• Las elecciones se celebran entre los treinta y sesenta días desde la terminación del mandato, y el Congreso electo debe convocarse dentro de los veinticinco días siguientes [CE, art. 68.6].

2.3. Estatuto de los parlamentarios

• La ley electoral fija las causas de inelegibilidad e incompatibilidad, que comprenden en todo caso a los componentes del Tribunal Constitucional, los altos cargos que determine la ley (salvo los miembros del Gobierno), el Defensor del Pueblo, los Magistrados, Jueces y Fiscales en activo, los militares profesionales y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Policía en activo y los miembros de las Juntas Electorales [CE, art. 70.1].
• Gozan de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones [CE, art. 71.1].
• Gozan de inmunidad: solo pueden ser detenidos en flagrante delito y no pueden ser inculpados ni procesados sin autorización previa de la Cámara [CE, art. 71.2].
• En las causas contra ellos es competente la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo; perciben una asignación fijada por las Cámaras [CE, art. 71.3; CE, art. 71.4].

2.4. Organización y funcionamiento

• Las Cámaras aprueban sus Reglamentos (votación final de totalidad por mayoría absoluta) y sus presupuestos, y eligen a sus Presidentes y Mesas; las sesiones conjuntas las preside el Presidente del Congreso [CE, art. 72.1; CE, art. 72.2].
• Hay dos periodos ordinarios de sesiones: septiembre a diciembre y febrero a junio [CE, art. 73.1].
• Funcionan en Pleno y por Comisiones; pueden delegar en las Comisiones Legislativas Permanentes la aprobación de leyes, salvo la reforma constitucional, las cuestiones internacionales, las leyes orgánicas y de bases y los Presupuestos [CE, art. 75.1; CE, art. 75.2; CE, art. 75.3].
• Pueden nombrar Comisiones de investigación; sus conclusiones no vinculan a los Tribunales, y es obligatorio comparecer a su requerimiento [CE, art. 76.1; CE, art. 76.2].
• Cada Cámara tiene una Diputación Permanente de al menos veintiún miembros, presidida por el Presidente de la Cámara, que, expirado el mandato o disueltas las Cámaras, sigue ejerciendo sus funciones hasta la constitución de las nuevas Cortes [CE, art. 78.1; CE, art. 78.2; CE, art. 78.3].
• Para adoptar acuerdos se exige la asistencia de la mayoría de sus miembros, y los acuerdos se aprueban por mayoría de los presentes, salvo mayorías especiales; el voto es personal e indelegable [CE, art. 79.1; CE, art. 79.2; CE, art. 79.3].
• Las sesiones plenarias son públicas, salvo acuerdo en contrario por mayoría absoluta o con arreglo al Reglamento [CE, art. 80].

2.5. Elaboración de las leyes

• Son leyes orgánicas las de desarrollo de los derechos fundamentales y libertades públicas, las que aprueban los Estatutos de Autonomía y el régimen electoral general y las demás previstas en la Constitución; exigen mayoría absoluta del Congreso en una votación final sobre el conjunto [CE, art. 81.1; CE, art. 81.2].
• La iniciativa legislativa corresponde al Gobierno, al Congreso y al Senado; las Asambleas autonómicas pueden pedir al Gobierno un proyecto o remitir una proposición al Congreso, delegando un máximo de tres miembros [CE, art. 87.1; CE, art. 87.2].
• La iniciativa popular exige no menos de 500.000 firmas y no procede en materias de ley orgánica, tributarias o de carácter internacional, ni en la prerrogativa de gracia [CE, art. 87.3].
• Aprobado un proyecto por el Congreso, el Senado dispone de dos meses para oponer su veto (por mayoría absoluta) o introducir enmiendas; el plazo se reduce a veinte días naturales en los proyectos urgentes [CE, art. 90.1; CE, art. 90.2; CE, art. 90.3].
• El Congreso levanta el veto ratificando el texto inicial por mayoría absoluta, o por mayoría simple pasados dos meses desde su interposición; las enmiendas las acepta o no por mayoría simple [CE, art. 90.2].
• El Rey sanciona en el plazo de quince días las leyes aprobadas, y las promulga y ordena su inmediata publicación [CE, art. 91].

2.6. Legislación delegada y decretos-leyes

La tabla resume los arts. 82, 85 y 86 [CE, art. 82.1; CE, art. 82.2; CE, art. 82.3; CE, art. 82.6; CE, art. 85; CE, art. 86.1; CE, art. 86.2].

• La delegación se agota con la publicación de la norma; no puede concederse de modo implícito ni por tiempo indeterminado, ni permitir la subdelegación a autoridades distintas del Gobierno [CE, art. 82.3].
• Las leyes de bases no pueden autorizar su propia modificación ni facultar para dictar normas retroactivas [CE, art. 83].

2.7. Referéndum

• Las decisiones políticas de especial trascendencia pueden someterse a referéndum consultivo, convocado por el Rey a propuesta del Presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso [CE, art. 92.1; CE, art. 92.2].

3. El Gobierno

3.1. Funciones y composición

• El Gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado, y ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria [CE, art. 97].
• La Constitución lo compone del Presidente, de los Vicepresidentes, en su caso, de los Ministros y de los demás miembros que establezca la ley [CE, art. 98.1].
• La Ley 50/1997 lo compone del Presidente, del Vicepresidente o Vicepresidentes, en su caso, y de los Ministros, que se reúnen en Consejo de Ministros y en Comisiones Delegadas [L50-1997, art. 1.2; L50-1997, art. 1.3].
• El Presidente dirige la acción del Gobierno y coordina a los demás miembros [CE, art. 98.2].
• Los miembros del Gobierno no pueden ejercer otras funciones representativas que las del mandato parlamentario, ni otra función pública ajena a su cargo, ni actividad profesional o mercantil alguna [CE, art. 98.3].
• Para ser miembro del Gobierno se requiere ser español, mayor de edad, disfrutar de los derechos de sufragio activo y pasivo y no estar inhabilitado por sentencia judicial firme [L50-1997, art. 11].

3.2. Órganos y atribuciones

• Corresponde al Presidente, entre otras cosas: representar al Gobierno; proponer al Rey la disolución de las Cámaras y la convocatoria de referéndum; plantear la cuestión de confianza; interponer el recurso de inconstitucionalidad; crear, modificar y suprimir por Real Decreto los Departamentos Ministeriales; y proponer el nombramiento y separación de Vicepresidentes y Ministros [L50-1997, art. 2.2].
• Los Ministros son titulares de sus Departamentos; puede haber Ministros sin cartera con funciones gubernamentales determinadas [L50-1997, art. 4.1; L50-1997, art. 4.2].
• El Consejo de Ministros aprueba los proyectos de ley y el de Presupuestos, los Reales Decretos-leyes y Legislativos, declara los estados de alarma y de excepción y propone al Congreso la declaración del de sitio; sus deliberaciones son secretas [L50-1997, art. 5.1; L50-1997, art. 5.3].

3.3. Nombramiento, cese y responsabilidad

• Los demás miembros del Gobierno son nombrados y separados por el Rey, a propuesta de su Presidente [CE, art. 100].
• En el nombramiento de Vicepresidentes y Ministros, cada sexo debe suponer como mínimo el cuarenta por ciento en su conjunto [L50-1997, art. 12.2 bis].
• El Gobierno cesa tras las elecciones generales, por pérdida de la confianza parlamentaria o por dimisión o fallecimiento de su Presidente, y continúa en funciones hasta la toma de posesión del nuevo [CE, art. 101.1; CE, art. 101.2].
• El Gobierno en funciones limita su gestión al despacho ordinario de los asuntos; su Presidente no puede proponer la disolución, plantear la cuestión de confianza ni proponer un referéndum, y el Gobierno no puede aprobar el proyecto de Presupuestos ni presentar proyectos de ley [L50-1997, art. 21.3; L50-1997, art. 21.4; L50-1997, art. 21.5].
• La responsabilidad criminal del Presidente y los miembros del Gobierno se exige ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo [CE, art. 102.1].
• Si la acusación es por traición o delito contra la seguridad del Estado, solo puede plantearse a iniciativa de la cuarta parte del Congreso y con la aprobación de su mayoría absoluta; no cabe la prerrogativa de gracia [CE, art. 102.2; CE, art. 102.3].

4. La Administración

• La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho [CE, art. 103.1].
• La ley regula el estatuto de los funcionarios y el acceso a la función pública según los principios de mérito y capacidad [CE, art. 103.3].
• Las Fuerzas y Cuerpos de seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, tienen como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana; una ley orgánica determina sus funciones, principios básicos de actuación y estatutos [CE, art. 104.1; CE, art. 104.2].
• Los Tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa; los particulares tienen derecho a ser indemnizados por las lesiones causadas por el funcionamiento de los servicios públicos, salvo fuerza mayor [CE, art. 106.1; CE, art. 106.2].
• El Consejo de Estado es el supremo órgano consultivo del Gobierno [CE, art. 107].

5. Relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales

5.1. Investidura

• Tras cada renovación del Congreso, el Rey, previa consulta con los representantes de los grupos políticos y a través del Presidente del Congreso, propone un candidato, que expone su programa y solicita la confianza [CE, art. 99.1; CE, art. 99.2].
• La confianza se otorga por mayoría absoluta; si no, se repite la votación cuarenta y ocho horas después y basta la mayoría simple [CE, art. 99.3].
• Si en dos meses desde la primera votación ningún candidato obtiene la confianza, el Rey disuelve ambas Cámaras y convoca elecciones con el refrendo del Presidente del Congreso [CE, art. 99.5].

5.2. Responsabilidad y control

• El Gobierno responde solidariamente en su gestión política ante el Congreso [CE, art. 108].
• El Gobierno y sus miembros están sometidos a interpelaciones y preguntas, con un tiempo mínimo semanal; toda interpelación puede dar lugar a una moción [CE, art. 111.1; CE, art. 111.2].

5.3. Cuestión de confianza y moción de censura

Así lo regulan los arts. 112 a 114 [CE, art. 112; CE, art. 113.1; CE, art. 113.2; CE, art. 114.1; CE, art. 114.2].

• La moción de censura no puede votarse hasta pasados cinco días desde su presentación, y en los dos primeros pueden presentarse mociones alternativas [CE, art. 113.3].
• Si no se aprueba, sus signatarios no pueden presentar otra en el mismo periodo de sesiones [CE, art. 113.4].

5.4. Disolución

• El Presidente, previa deliberación del Consejo de Ministros y bajo su exclusiva responsabilidad, puede proponer la disolución del Congreso, del Senado o de las Cortes, que decreta el Rey; el decreto fija la fecha de las elecciones [CE, art. 115.1].
• No cabe proponerla si está en trámite una moción de censura, ni procede nueva disolución antes de un año desde la anterior, salvo el art. 99.5 [CE, art. 115.2; CE, art. 115.3].

5.5. Estados de alarma, excepción y sitio

Los regula una ley orgánica, y la Constitución fija sus reglas básicas [CE, art. 116.1; CE, art. 116.2; CE, art. 116.3; CE, art. 116.4]:

• Mientras esté declarado alguno de estos estados no puede disolverse el Congreso, y las Cámaras quedan automáticamente convocadas si no están en periodo de sesiones [CE, art. 116.5].
• Su declaración no modifica el principio de responsabilidad del Gobierno y de sus agentes [CE, art. 116.6].