Tema 12. El régimen local español. Principios constitucionales y regulación jurídica. Tipos de entidades locales.

El régimen local se apoya en tres bloques normativos del fichero: el capítulo de la Constitución Española sobre la organización territorial del Estado (CE, arts. 137 a 142), los primeros artículos de la Ley 7/1985, reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL, arts. 1 a 10), y el título preliminar de la Ley 5/1997, de Administración Local de Galicia (L5-1997-GA, arts. 1 a 9) [CE, art. 137] [LBRL, art. 1.1] [L5-1997-GA, art. 1.1]. Los artículos más preguntados son el 137 y el 140 de la Constitución y el 3 de la LBRL (tipos de entidades locales) [CE, art. 140] [LBRL, art. 3.1].

1. Principios constitucionales

1.1. Organización territorial y autonomía

• El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan [CE, art. 137].
• Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses [CE, art. 137].

1.2. Solidaridad e igualdad

• El Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad del artículo 2 de la Constitución, velando por un equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio y atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular [CE, art. 138.1].
• Las diferencias entre los Estatutos de Autonomía no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales [CE, art. 138.2].
• Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado [CE, art. 139.1].
• Ninguna autoridad podrá adoptar medidas que, directa o indirectamente, obstaculicen la libertad de circulación y establecimiento de las personas y la libre circulación de bienes en todo el territorio español [CE, art. 139.2].

1.3. El municipio en la Constitución

El artículo 140 reúne cinco ideas que conviene memorizar por separado [CE, art. 140]:

La ley regulará las condiciones en que proceda el régimen del concejo abierto [CE, art. 140].

1.4. La provincia en la Constitución

• La provincia es una entidad local con personalidad jurídica propia, determinada por la agrupación de municipios y división territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado [CE, art. 141.1].
• Cualquier alteración de los límites provinciales habrá de ser aprobada por las Cortes Generales mediante ley orgánica [CE, art. 141.1].
• El gobierno y la administración autónoma de las provincias están encomendados a Diputaciones u otras Corporaciones de carácter representativo [CE, art. 141.2].
• Se podrán crear agrupaciones de municipios diferentes de la provincia [CE, art. 141.3].
• En los archipiélagos, las islas tendrán además su administración propia en forma de Cabildos o Consejos [CE, art. 141.4].

Fíjate en la diferencia de matiz: el municipio goza de personalidad jurídica «plena» y la provincia de personalidad jurídica «propia» [CE, art. 140] [CE, art. 141.1].

1.5. Haciendas locales

Las Haciendas locales deberán disponer de los medios suficientes para desempeñar las funciones que la ley atribuye a las Corporaciones y se nutrirán fundamentalmente de [CE, art. 142]:

• tributos propios [CE, art. 142];
• participación en los tributos del Estado y de las Comunidades Autónomas [CE, art. 142].

2. Regulación jurídica

2.1. La Ley de Bases del Régimen Local: municipio, provincia e isla

• Los Municipios son entidades básicas de la organización territorial del Estado y cauces inmediatos de participación ciudadana en los asuntos públicos, que institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios de las correspondientes colectividades [LBRL, art. 1.1].
• La Provincia y, en su caso, la Isla gozan de idéntica autonomía para la gestión de los intereses respectivos [LBRL, art. 1.2].

2.2. Garantía de la autonomía local

Para hacer efectiva la autonomía garantizada constitucionalmente, la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas reguladora de los distintos sectores debe asegurar a Municipios, Provincias e Islas su derecho a intervenir en cuantos asuntos afecten directamente al círculo de sus intereses [LBRL, art. 2.1]. Les atribuirá las competencias que procedan según las características de la actividad y la capacidad de gestión de la entidad, de conformidad con los principios de [LBRL, art. 2.1]:

• descentralización y proximidad [LBRL, art. 2.1];
• eficacia y eficiencia [LBRL, art. 2.1];
• y con estricta sujeción a la normativa de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera [LBRL, art. 2.1].

Las leyes básicas del Estado previstas constitucionalmente deben determinar las competencias que ellas mismas atribuyan o que, en todo caso, deban corresponder a los entes locales en las materias que regulen [LBRL, art. 2.2].

Las normas de desarrollo de la LBRL que afecten a entidades locales territoriales no podrán limitar su ámbito de aplicación a una o varias de ellas con carácter singular, sin perjuicio de los regímenes municipales o provinciales especiales [LBRL, art. 9].

2.3. Principios de actuación y control

• Las entidades locales sirven con objetividad los intereses públicos y actúan conforme a los principios de eficacia, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho [LBRL, art. 6.1].
• Los Tribunales ejercen el control de legalidad de los acuerdos y actos de las entidades locales [LBRL, art. 6.2].
• Para cumplir sus fines tienen plena capacidad jurídica para adquirir, poseer, reivindicar, permutar, gravar o enajenar bienes, celebrar contratos, establecer y explotar obras o servicios públicos, obligarse, interponer recursos y ejercitar acciones [LBRL, art. 5].

2.4. Relaciones con otras Administraciones

• La Administración Local y las demás Administraciones ajustan sus relaciones a los deberes de información mutua, colaboración, coordinación y respeto a los ámbitos competenciales respectivos [LBRL, art. 10.1].
• Procede la coordinación cuando las actividades o servicios locales trasciendan el interés propio de la entidad, incidan o condicionen relevantemente los de otras Administraciones o sean concurrentes o complementarios de éstos [LBRL, art. 10.2].
• En especial, la coordinación tiene por objeto asegurar el cumplimiento de la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera [LBRL, art. 10.3].
• Las funciones de coordinación son compatibles con la autonomía de las entidades locales [LBRL, art. 10.4].

2.5. Potestades de las entidades locales territoriales

Corresponden en todo caso a municipios, provincias e islas, en su calidad de Administraciones públicas de carácter territorial [LBRL, art. 4.1]:

• Estas potestades podrán aplicarse a las entidades de ámbito inferior al municipal, comarcas, áreas metropolitanas y demás entidades locales; las leyes autonómicas concretan cuáles [LBRL, art. 4.2].
• Las mancomunidades tienen las que determinen sus Estatutos y, en defecto de previsión estatutaria, todas las del apartado 1 que sean precisas para su finalidad [LBRL, art. 4.3].

2.6. Competencias

• Las competencias de las entidades locales son propias o atribuidas por delegación [LBRL, art. 7.1].
• Las propias solo pueden ser determinadas por Ley y se ejercen en régimen de autonomía y bajo la propia responsabilidad, con la debida coordinación con las demás Administraciones [LBRL, art. 7.2].
• El Estado y las Comunidades Autónomas pueden delegar el ejercicio de sus competencias; las delegadas se ejercen en los términos de la disposición o acuerdo de delegación, con sujeción al artículo 27 y con técnicas de dirección y control de oportunidad y eficiencia [LBRL, art. 7.3].
• Solo pueden ejercer competencias distintas de las propias y delegadas si no se pone en riesgo la sostenibilidad financiera de la Hacienda municipal y no hay ejecución simultánea del mismo servicio con otra Administración; son necesarios y vinculantes los informes previos de la Administración competente por razón de materia (inexistencia de duplicidades) y de la que ejerza la tutela financiera [LBRL, art. 7.4].
• Las Provincias y las islas pueden realizar la gestión ordinaria de servicios propios de la Administración autonómica [LBRL, art. 8].

2.7. La Ley de Administración Local de Galicia

Régimen jurídico. Las Entidades Locales gallegas se rigen por la Ley 5/1997 y su normativa de desarrollo, sin perjuicio de la normativa básica estatal [L5-1997-GA, art. 4.1]. Sus reglamentos orgánicos y ordenanzas se aplican en todo lo no previsto por la legislación básica y por esa ley [L5-1997-GA, art. 4.2].

Principios. Las Entidades Locales gallegas sirven con objetividad los intereses públicos y actúan conforme a los principios de eficacia y servicio a los ciudadanos, descentralización, desconcentración y coordinación, con autonomía propia y sometimiento pleno a la Ley y al derecho [L5-1997-GA, art. 5.1]. En sus relaciones se rigen por los principios de colaboración, cooperación, auxilio y respeto a los ámbitos de competencias, según criterios de reciprocidad [L5-1997-GA, art. 5.2]. La Junta de Galicia fomenta esas relaciones a través de la Comisión Gallega de Cooperación Local [L5-1997-GA, art. 5.3].

Potestades. La ley gallega reconoce a las Entidades Locales territoriales las mismas potestades que la LBRL (reglamentaria y de autoorganización, tributaria y financiera, de planificación, expropiatoria, de ejecución forzosa y sancionadora, de revisión de oficio, prerrogativas de la Hacienda e inembargabilidad) y añade la exención de los impuestos del Estado y de la Junta de Galicia en los términos de las leyes [L5-1997-GA, art. 6.1] [L5-1997-GA, art. 6.1.i)]. Para las entidades no territoriales se aplican con dos particularidades [L5-1997-GA, art. 6.2]:

• la potestad tributaria se refiere exclusivamente a tasas, contribuciones especiales y precios públicos [L5-1997-GA, art. 6.2.a)];
• la potestad expropiatoria corresponde al municipio o provincia, que la ejerce en beneficio y a instancia de la entidad interesada [L5-1997-GA, art. 6.2.b)].

Lengua. El gallego, como lengua propia de Galicia, lo es también de su Administración Local; las convocatorias, órdenes del día, actas, notificaciones, recursos y demás actos escritos en nombre de las corporaciones locales se redactan en gallego [L5-1997-GA, art. 7.1]. Pueden hacerlo, además, en «la otra lengua oficial, el castellano» [L5-1997-GA, art. 7.2]. La Junta de Galicia impulsa la incorporación del gallego, especialmente con formación de funcionarios locales [L5-1997-GA, art. 7.3].

Competencias. Son propias o atribuidas por delegación, previa aceptación de la entidad [L5-1997-GA, art. 8.1]. Las propias solo pueden determinarse por Ley [L5-1997-GA, art. 8.2]. Cuando la Junta de Galicia delega competencias o encomienda la gestión ordinaria de sus servicios, se necesita la aceptación expresa del Pleno de la Corporación; ni la delegación ni la encomienda suponen cesión de la titularidad [L5-1997-GA, art. 8.3]. Las competencias municipales pueden ejercerlas áreas metropolitanas, mancomunidades o consorcios, siempre previa delegación mediante acuerdo corporativo [L5-1997-GA, art. 8.4].

Participación. Las asociaciones de municipios y provincias pueden exponer su parecer sobre las disposiciones generales y anteproyectos de ley de régimen local de la Junta mediante informe razonado, en un plazo mínimo de diez días desde el siguiente a la remisión [L5-1997-GA, art. 9].

3. Tipos de entidades locales

3.1. Según la LBRL

3.2. Según la Ley de Administración Local de Galicia

• La Comunidad Autónoma de Galicia se organiza en municipios y provincias, a los que se garantiza la autonomía para la gestión de sus respectivos intereses [L5-1997-GA, art. 1.1].
• La Junta de Galicia lleva un registro en el que se inscriben todas las Entidades Locales de Galicia; su contenido, organización y funcionamiento se determinan reglamentariamente [L5-1997-GA, art. 3].

3.3. Cuadro de comparación rápida