Tema 3. Derechos fundamentales y libertades públicas II: derecho de reunión. Derecho de asociación. Derecho a la participación en los asuntos públicos y al acceso a funciones y cargos públicos. La tutela judicial efectiva y la prohibición de indefensión. La imposición de condena o sanción del artículo 25 de la Constitución, sentido de las penas y medidas de seguridad. Prohibición de tribunales de honor. El derecho a la educación y a la libertad de enseñanza. Derecho a la sindicación y a la huelga, especial referencia a los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Derecho de petición.

El tema se regula en la Constitución Española (CE), artículos 21 a 29 [CE, art. 21.1], y en cinco leyes del fichero: la Ley Orgánica 9/1983, reguladora del derecho de reunión [LO9-1983, art. 1.1]; la Ley Orgánica 1/2002, reguladora del derecho de asociación [LO1-2002, art. 1.1]; la Ley Orgánica 11/1985, de Libertad Sindical [LO11-1985, art. 1.1]; el artículo 52 de la Ley Orgánica 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, sobre los Cuerpos de Policía Local [LO2-1986, art. 52.1]; y la Ley Orgánica 4/2001, reguladora del derecho de petición [LO4-2001, art. 1.1]. Como el fichero es muy extenso, en las leyes de asociación y de libertad sindical se resumen solo los preceptos sobre el contenido del derecho, su ejercicio, sus límites y su tutela; los de registro, utilidad pública, representatividad y acción sindical en la empresa se recogen de forma breve [LO1-2002, art. 25.1] [LO11-1985, art. 6.2].

1. Derecho de reunión

1.1. Constitución

• Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas, que no necesitará autorización previa [CE, art. 21.1].
• En las reuniones en lugares de tránsito público y en las manifestaciones se dará comunicación previa a la autoridad, que solo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes [CE, art. 21.2].

1.2. Ley Orgánica 9/1983

Concepto. Reunión es la concurrencia concertada y temporal de más de 20 personas, con finalidad determinada [LO9-1983, art. 1.2]. Son reuniones ilícitas las así tipificadas por las leyes penales [LO9-1983, art. 1.3].

Reuniones excluidas de la ley. Se ejercen sin sujeción a ella las reuniones [LO9-1983, art. 2]:

• a) De personas físicas en sus propios domicilios [LO9-1983, art. 2.a)].
• b) De personas físicas en locales públicos o privados por razones familiares o de amistad [LO9-1983, art. 2.b)].
• c) De partidos, sindicatos, organizaciones empresariales, sociedades, asociaciones, corporaciones, fundaciones, cooperativas, comunidades de propietarios y demás entidades legalmente constituidas, en lugares cerrados, para sus propios fines y con convocatoria solo a sus miembros o a personas nominalmente invitadas [LO9-1983, art. 2.c)].
• d) De profesionales con sus clientes en lugares cerrados para los fines de su profesión [LO9-1983, art. 2.d)].
• e) Las celebradas en unidades, buques y establecimientos militares, que se rigen por su legislación específica [LO9-1983, art. 2.e)].

Principios. Ninguna reunión está sometida a previa autorización, y la autoridad gubernativa protegerá las reuniones y manifestaciones frente a quienes traten de impedirlas o perturbarlas [LO9-1983, art. 3]. Solo pueden promoverlas y convocarlas personas en el pleno ejercicio de sus derechos civiles [LO9-1983, art. 4.1]. Los organizadores responden del buen orden [LO9-1983, art. 4.2]. Los participantes que causen daños a terceros responden directamente; los organizadores o promotores, subsidiariamente, salvo que hayan puesto todos los medios razonables para evitarlos [LO9-1983, art. 4.3].

Suspensión y disolución. La autoridad gubernativa suspenderá y, en su caso, disolverá las reuniones y manifestaciones [LO9-1983, art. 5]:

• a) Cuando se consideren ilícitas conforme a las leyes penales [LO9-1983, art. 5.a)].
• b) Cuando se produzcan alteraciones del orden público, con peligro para personas o bienes [LO9-1983, art. 5.b)].
• c) Cuando los asistentes usen uniformes paramilitares [LO9-1983, art. 5.c)].
• d) Cuando las organicen miembros de las Fuerzas Armadas o de la Guardia Civil infringiendo los límites de sus leyes de derechos y deberes [LO9-1983, art. 5.d)].

En lugares cerrados, los organizadores pueden solicitar la presencia de delegados de la autoridad gubernativa [LO9-1983, art. 6], que no intervendrán en las discusiones ni harán uso de la palabra para advertir o corregir a los participantes [LO9-1983, art. 7].

Comunicación previa de reuniones en tránsito público y manifestaciones. Los plazos son los del artículo 8 [LO9-1983, art. 8]:

Las tres últimas filas salen de los artículos 9.2, 10 y 11 [LO9-1983, art. 9.2] [LO9-1983, art. 10] [LO9-1983, art. 11]. Si se trata de personas jurídicas, comunica su representante [LO9-1983, art. 8].

El escrito debe contener: datos y «documento oficial de identificación» del organizador; lugar, fecha, hora y duración; objeto; itinerario si se circula por vías públicas, y medidas de seguridad previstas o solicitadas [LO9-1983, art. 9.1]. El informe del Ayuntamiento no se pide en las convocatorias urgentes, se refiere a causas objetivas y no es vinculante, aunque debe ser motivado [LO9-1983, art. 9.2]. La autoridad puede prohibir o proponer la modificación de fecha, lugar, duración o itinerario si hay razones fundadas de alteración del orden público con peligro para personas o bienes [LO9-1983, art. 10].

Son autoridad gubernativa, además de las de la Administración General del Estado, las de las Comunidades Autónomas con competencias en protección de personas y bienes y seguridad ciudadana [LO9-1983, disp. adic. única].

2. Derecho de asociación

2.1. Constitución

Se reconoce el derecho de asociación; son ilegales las que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito; deben inscribirse en un registro a los solos efectos de publicidad; solo pueden ser disueltas o suspendidas por resolución judicial motivada, y se prohíben las secretas y las de carácter paramilitar [CE, art. 22].

2.2. Ley Orgánica 1/2002

Ámbito. Se aplica a todas las asociaciones sin fin de lucro no sometidas a un régimen específico [LO1-2002, art. 1.2]. Tienen legislación propia los partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales, iglesias y confesiones, federaciones deportivas y asociaciones de consumidores, entre otras [LO1-2002, art. 1.3]. Quedan excluidas las comunidades de bienes y propietarios, sociedades, cooperativas, mutualidades, uniones temporales de empresas y agrupaciones de interés económico [LO1-2002, art. 1.4].

Contenido y principios [LO1-2002, art. 2]:

• Todas las personas pueden asociarse libremente para fines lícitos, sin autorización previa [LO1-2002, art. 2.1] [LO1-2002, art. 2.2].
• Nadie puede ser obligado a constituir una asociación, integrarse en ella, permanecer en su seno ni declarar su pertenencia a una asociación legalmente constituida [LO1-2002, art. 2.3].
• La organización y el funcionamiento internos deben ser democráticos [LO1-2002, art. 2.5].
• Se repiten la ilegalidad de las asociaciones con fines o medios delictivos y la prohibición de las secretas y paramilitares [LO1-2002, art. 2.7] [LO1-2002, art. 2.8].

Capacidad. Pueden asociarse las personas físicas con capacidad de obrar y los menores no emancipados de más de catorce años con el consentimiento documentado de quienes suplan su capacidad [LO1-2002, art. 3.a)] [LO1-2002, art. 3.b)]. Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil, y los Jueces, Magistrados y Fiscales, se atienen a su legislación específica en cuanto a asociaciones profesionales [LO1-2002, art. 3.c)] [LO1-2002, art. 3.d)].

Constitución. Basta el acuerdo de tres o más personas físicas o jurídicas, formalizado en acta fundacional en documento público o privado; con el otorgamiento del acta la asociación adquiere personalidad jurídica y plena capacidad de obrar [LO1-2002, art. 5.1] [LO1-2002, art. 5.2]. La inscripción en el Registro es a los solos efectos de publicidad [LO1-2002, art. 10.1], y los promotores de asociaciones no inscritas responden personal y solidariamente de las obligaciones con terceros [LO1-2002, art. 10.4].

Asociados. La integración es libre y voluntaria [LO1-2002, art. 19]. Tienen derecho a participar y votar, a ser informados, a ser oídos antes de cualquier medida disciplinaria (que debe ser motivada) y a impugnar acuerdos [LO1-2002, art. 21]; deben compartir los fines, pagar las cuotas y acatar los acuerdos [LO1-2002, art. 22]; y pueden separarse voluntariamente en cualquier tiempo [LO1-2002, art. 23.1].

Registro. El derecho de asociación incluye el de inscripción, que solo puede denegarse si no se reúnen los requisitos legales [LO1-2002, art. 24]. El plazo de inscripción es de tres meses; sin resolución expresa notificada, puede entenderse estimada [LO1-2002, art. 30.1]. Si hay indicios racionales de ilicitud penal, se pasa la documentación al Ministerio Fiscal o al órgano jurisdiccional y se suspende el procedimiento hasta resolución judicial firme [LO1-2002, art. 30.4]. Pueden ser declaradas de utilidad pública las que promuevan el interés general y lleven al menos dos años inscritas y en funcionamiento, entre otros requisitos [LO1-2002, art. 32.1].

Disolución y tutela. Se disuelven por las causas de los Estatutos o, en su defecto, por voluntad de los asociados en Asamblea General, por las causas del artículo 39 del Código Civil y por sentencia judicial firme [LO1-2002, art. 17.1]. Salvo la disolución voluntaria, solo pueden ser suspendidas o disueltas por resolución motivada de la autoridad judicial [LO1-2002, art. 38.1], y la disolución judicial solo procede si son asociación ilícita según las leyes penales o por causas de leyes especiales o civiles [LO1-2002, art. 38.2]. El juez puede acordar la suspensión provisional hasta sentencia [LO1-2002, art. 38.3]. El derecho se tutela por los procedimientos especiales de protección de derechos fundamentales y, en su caso, por el amparo constitucional [LO1-2002, art. 37].

3. Participación en los asuntos públicos y acceso a funciones y cargos públicos

• Los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal [CE, art. 23.1].
• Tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes [CE, art. 23.2].

4. Tutela judicial efectiva y prohibición de indefensión

Regla general. Todas las personas tienen derecho a la tutela efectiva de jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión [CE, art. 24.1].

Garantías procesales. Todos tienen derecho [CE, art. 24.2]:

• Al Juez ordinario predeterminado por la ley [CE, art. 24.2].
• A la defensa y a la asistencia de letrado [CE, art. 24.2].
• A ser informados de la acusación [CE, art. 24.2].
• A un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías [CE, art. 24.2].
• A utilizar los medios de prueba pertinentes [CE, art. 24.2].
• A no declarar contra sí mismos y a no confesarse culpables [CE, art. 24.2].
• A la presunción de inocencia [CE, art. 24.2].

La ley regulará los casos en que, por parentesco o secreto profesional, no se estará obligado a declarar sobre hechos presuntamente delictivos [CE, art. 24.2].

5. Legalidad sancionadora, sentido de las penas y medidas de seguridad

• Legalidad: nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que, al producirse, no constituyan delito, falta o infracción administrativa según la legislación vigente en aquel momento [CE, art. 25.1].
• Sentido de las penas: las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad se orientan a la reeducación y reinserción social y no pueden consistir en trabajos forzados [CE, art. 25.2].
• Derechos del condenado a prisión: goza de los derechos fundamentales del Capítulo, salvo los limitados expresamente por el fallo, el sentido de la pena y la ley penitenciaria; en todo caso, tiene derecho a un trabajo remunerado, a los beneficios de la Seguridad Social, al acceso a la cultura y al desarrollo integral de su personalidad [CE, art. 25.2].
• Administración civil: no puede imponer sanciones que, directa o subsidiariamente, impliquen privación de libertad [CE, art. 25.3].

6. Prohibición de tribunales de honor

Se prohíben los Tribunales de Honor en el ámbito de la Administración civil y de las organizaciones profesionales [CE, art. 26].

7. Derecho a la educación y libertad de enseñanza

• Todos tienen derecho a la educación y se reconoce la libertad de enseñanza [CE, art. 27.1].
• La educación tiene por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos y a los derechos y libertades fundamentales [CE, art. 27.2].
• Los poderes públicos garantizan el derecho de los padres a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral acorde con sus convicciones [CE, art. 27.3].
• La enseñanza básica es obligatoria y gratuita [CE, art. 27.4].
• Los poderes públicos garantizan el derecho a la educación mediante una programación general de la enseñanza, con participación de los sectores afectados, y la creación de centros [CE, art. 27.5].
• Se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros docentes, dentro del respeto a los principios constitucionales [CE, art. 27.6].
• Profesores, padres y, en su caso, alumnos intervienen en el control y gestión de los centros sostenidos con fondos públicos [CE, art. 27.7].
• Los poderes públicos ayudarán a los centros que reúnan los requisitos legales [CE, art. 27.9].
• Se reconoce la autonomía de las Universidades en los términos que la ley establezca [CE, art. 27.10].

8. Sindicación y huelga

8.1. Constitución

• Todos tienen derecho a sindicarse libremente; la ley podrá limitar o exceptuar este derecho a las Fuerzas o Institutos armados y a los demás Cuerpos sometidos a disciplina militar, y regulará las peculiaridades de su ejercicio para los funcionarios públicos [CE, art. 28.1].
• La libertad sindical comprende fundar sindicatos y afiliarse al de su elección, y el derecho de los sindicatos a formar confederaciones y organizaciones internacionales; nadie podrá ser obligado a afiliarse [CE, art. 28.1].
• Se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses; la ley que lo regule garantizará el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad [CE, art. 28.2].

8.2. Ley Orgánica 11/1985, de Libertad Sindical

Titulares. Todos los trabajadores, incluidos los sujetos a una relación administrativa o estatutaria al servicio de las Administraciones públicas [LO11-1985, art. 1.1] [LO11-1985, art. 1.2]. Los autónomos sin trabajadores, los parados y los jubilados o incapacitados pueden afiliarse, pero no fundar sindicatos para sus intereses singulares [LO11-1985, art. 3.1].

Contenido. Comprende fundar sindicatos sin autorización previa, afiliarse o separarse, elegir representantes y la actividad sindical [LO11-1985, art. 2.1]. Los sindicatos solo pueden ser suspendidos o disueltos por resolución firme de la Autoridad Judicial fundada en incumplimiento grave de las leyes, y su actividad incluye la negociación colectiva y el ejercicio del derecho de huelga [LO11-1985, art. 2.2].

Personalidad. Se depositan los estatutos en la oficina pública y el sindicato adquiere personalidad jurídica transcurridos veinte días hábiles desde el depósito [LO11-1985, art. 4.1] [LO11-1985, art. 4.7]. Son más representativos a nivel estatal los que obtienen el 10 por 100 o más de los delegados y miembros de comités [LO11-1985, art. 6.2], y a nivel autonómico los que obtienen al menos el 15 por 100 con un mínimo de 1.500 representantes [LO11-1985, art. 7.1].

Tutela. Son nulos los actos y cláusulas que discriminen por adhesión o no a un sindicato [LO11-1985, art. 12]. Cualquier trabajador o sindicato puede recabar la tutela por el proceso de protección de derechos fundamentales [LO11-1985, art. 13], y si el juez aprecia la violación decretará el cese inmediato del comportamiento antisindical y remitirá las actuaciones al Ministerio Fiscal [LO11-1985, art. 15].

8.3. Especial referencia a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

Las reglas del fichero sobre quién puede sindicarse son las siguientes [LO11-1985, art. 1]:

Las tres filas salen de los apartados 3, 4 y 5 del artículo primero [LO11-1985, art. 1.3] [LO11-1985, art. 1.4] [LO11-1985, art. 1.5]. Para la Policía Local, la LO 2/1986 dispone que [LO2-1986, art. 52]:

• Los Cuerpos de Policía Local son Institutos armados, de naturaleza civil, con estructura y organización jerarquizada [LO2-1986, art. 52.1].
• En el ejercicio de los derechos sindicales, y en atención a la especificidad de sus funciones, se les aplica la ley que se dicte en cumplimiento de la disposición adicional segunda, apartado 2, de la Ley Orgánica 11/1985 [LO2-1986, art. 52.2]. Esa disposición encarga al Gobierno un proyecto de ley que regule los órganos de representación de los funcionarios de las Administraciones públicas [LO11-1985, disp. adic. segunda].
• También se les aplica lo previsto en el artículo 41.3 de la LO 2/1986 para las Policías de las Comunidades Autónomas, correspondiendo al Gobernador Civil la facultad que allí se atribuye a las Juntas de Seguridad [LO2-1986, art. 52.3].

9. Derecho de petición

9.1. Constitución

Todos los españoles tienen derecho de petición individual y colectiva, por escrito, en la forma y con los efectos que determine la ley [CE, art. 29.1]. Los miembros de las Fuerzas o Institutos armados o de los Cuerpos sometidos a disciplina militar solo pueden ejercerlo individualmente y conforme a su legislación específica [CE, art. 29.2].

9.2. Ley Orgánica 4/2001

• Titulares: toda persona natural o jurídica, prescindiendo de su nacionalidad, individual o colectivamente, sin que de su ejercicio pueda derivarse perjuicio, salvo que incurra en delito o falta [LO4-2001, art. 1.1].
• Destinatarios: cualquier institución pública, administración o autoridad, y los órganos de entidades vinculadas o dependientes, en materias de su competencia [LO4-2001, art. 2].
• Objeto: cualquier asunto de su competencia, de interés particular o general; no lo son las solicitudes que tengan un procedimiento específico distinto [LO4-2001, art. 3].
• Forma: por escrito, por cualquier medio, incluso electrónico, con identidad, nacionalidad si la tuviere, lugar de notificaciones, objeto y destinatario; las colectivas, firmadas por todos [LO4-2001, art. 4.1] [LO4-2001, art. 4.2]. Puede exigirse la confidencialidad de los datos [LO4-2001, art. 4.4].

Los plazos de tramitación son estos [LO4-2001, art. 6.2]:

Cada fila tiene su artículo [LO4-2001, art. 7.2] [LO4-2001, art. 9.1] [LO4-2001, art. 9.2] [LO4-2001, art. 10.1] [LO4-2001, art. 11.1]. No se admiten las peticiones ajenas a las atribuciones del destinatario ni aquellas sobre cuyo objeto haya un procedimiento parlamentario, administrativo o judicial ya iniciado sin resolución firme [LO4-2001, art. 8]. Pueden recurrirse por el procedimiento de protección de derechos fundamentales la inadmisión, la falta de contestación en plazo y la contestación sin los requisitos mínimos [LO4-2001, art. 12]. Las quejas al Defensor del Pueblo quedan fuera de esta ley [LO4-2001, disp. adic. segunda].