Tema 35. Responsabilidad penal de los menores. Hechos delictivos de personas menores de edad. Responsabilidad penal de las personas menores de edad. Régimen de los menores de catorce años. Medidas susceptibles de ser impuestas a los menores. Detención de los menores. Protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia. Delincuencia juvenil. Criterios generales de actuación. Derechos de los niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia. Deber de comunicación de situaciones de violencia. Intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Este tema se apoya en cuatro normas: la Ley Orgánica 5/2000, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, que se aplica a los mayores de catorce años y menores de dieciocho que cometen hechos tipificados como delitos o faltas [LO5-2000, art. 1.1]; su Reglamento, el Real Decreto 1774/2004, que la desarrolla, entre otras materias, en lo referente a la actuación del equipo técnico y de la Policía Judicial [RD1774-2004, art. 1.1]; la Ley Orgánica 8/2021, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia [LO8-2021, art. 1.1], y la Ley 4/2021, de Infancia y Adolescencia de Andalucía, aplicable a todas las personas menores de dieciocho años que se encuentren en Andalucía [L4-2021-AND, art. 2]. Se priorizan los artículos más preguntados: detención, duración de las medidas y prescripción.

1. Responsabilidad penal de los menores

Ámbito y derechos

La LO 5/2000 se aplica para exigir la responsabilidad de las personas mayores de catorce años y menores de dieciocho por la comisión de hechos tipificados como delitos o faltas en el Código Penal o en las leyes penales especiales [LO5-2000, art. 1.1].

Órganos competentes

• Los Jueces de Menores conocen de los hechos cometidos por estas personas y hacen ejecutar las sentencias [LO5-2000, art. 2.1].
• También resuelven sobre las responsabilidades civiles derivadas de esos hechos [LO5-2000, art. 2.2].
• Es competente el Juez de Menores del lugar donde se cometió el hecho delictivo [LO5-2000, art. 2.3].
• Los delitos de los artículos 571 a 580 del Código Penal y los cometidos por menores en el extranjero cuando corresponda a la jurisdicción española son competencia del Juzgado Central de Menores de la Audiencia Nacional [LO5-2000, art. 2.4].

Corresponde al Ministerio Fiscal la defensa de los derechos de los menores, la vigilancia de las actuaciones en su interés y de las garantías del procedimiento; dirige personalmente la investigación y ordena a la policía judicial las actuaciones necesarias [LO5-2000, art. 6]. Al Ministerio Fiscal corresponde también la instrucción de los procedimientos [LO5-2000, art. 16.1].

Hechos delictivos y bases de la responsabilidad

Los menores son responsables cuando han cometido los hechos del artículo 1 y no concurre en ellos ninguna causa de exención o extinción de la responsabilidad criminal del Código Penal [LO5-2000, art. 5.1]. Si concurren las circunstancias de los números 1.º, 2.º y 3.º del artículo 20 del Código Penal, se les pueden aplicar, en caso necesario, las medidas terapéuticas del artículo 7.1, letras d) y e) [LO5-2000, art. 5.2]. Las edades se refieren siempre al momento de la comisión de los hechos, sin que haberlas rebasado antes o durante el procedimiento afecte a la competencia de Jueces y Fiscales de Menores [LO5-2000, art. 5.3].

Quienes tengan noticia de un hecho presuntamente cometido por un menor de dieciocho años deberán ponerlo en conocimiento del Ministerio Fiscal, que admitirá o no a trámite la denuncia y podrá archivar cuando los hechos no constituyan delito o no tengan autor conocido [LO5-2000, art. 16.2]. El Fiscal podrá desistir de la incoación del expediente cuando los hechos sean delitos menos graves sin violencia o intimidación en las personas o faltas, dando traslado a la entidad pública de protección de menores; pero deberá incoarlo si consta que el menor cometió antes otros hechos de la misma naturaleza [LO5-2000, art. 18].

2. Régimen de los menores de catorce años

Cuando el autor sea menor de catorce años no se le exigirá responsabilidad con arreglo a la LO 5/2000, sino que se le aplicarán las normas sobre protección de menores del Código Civil y demás disposiciones vigentes [LO5-2000, art. 3]. El Ministerio Fiscal deberá remitir a la entidad pública de protección de menores testimonio de los particulares que considere precisos, y esa entidad habrá de promover las medidas de protección adecuadas conforme a la LO 1/1996 [LO5-2000, art. 3].

3. Medidas susceptibles de ser impuestas a los menores

Catálogo

Las medidas que pueden imponer los Jueces de Menores, ordenadas según la restricción de derechos que suponen, son [LO5-2000, art. 7.1]:

• Internamiento en régimen cerrado: residencia y todas las actividades en el centro [LO5-2000, art. 7.1.a)].
• Internamiento en régimen semiabierto: residencia en el centro, con alguna actividad fuera de él [LO5-2000, art. 7.1.b)].
• Internamiento en régimen abierto: actividades en los servicios normalizados del entorno, con el centro como domicilio habitual [LO5-2000, art. 7.1.c)].
• Internamiento terapéutico en régimen cerrado, semiabierto o abierto [LO5-2000, art. 7.1.d)].
• Tratamiento ambulatorio [LO5-2000, art. 7.1.e)].
• Asistencia a un centro de día [LO5-2000, art. 7.1.f)].
• Permanencia de fin de semana: en su domicilio o en un centro hasta un máximo de treinta y seis horas entre la tarde o noche del viernes y la noche del domingo [LO5-2000, art. 7.1.g)].
• Libertad vigilada, con posibles reglas de conducta impuestas por el Juez [LO5-2000, art. 7.1.h)].
• Prohibición de aproximarse o comunicarse con la víctima o con los familiares u otras personas que determine el Juez [LO5-2000, art. 7.1.i)].
• Convivencia con otra persona, familia o grupo educativo [LO5-2000, art. 7.1.j)].
• Prestaciones en beneficio de la comunidad, que no podrán imponerse sin el consentimiento del menor [LO5-2000, art. 7.1.k)].
• Realización de tareas socio-educativas [LO5-2000, art. 7.1.l)].
• Amonestación: reprensión llevada a cabo por el Juez de Menores [LO5-2000, art. 7.1.m)].
• Privación del permiso de conducir ciclomotores y vehículos a motor, del derecho a obtenerlo o de licencias de caza o armas [LO5-2000, art. 7.1.n)].
• Inhabilitación absoluta [LO5-2000, art. 7.1.ñ)].

Las medidas de internamiento tienen dos períodos: el primero en el centro y el segundo en libertad vigilada [LO5-2000, art. 7.2]. El Juez deberá motivar en la sentencia las razones de la medida y su plazo de duración [LO5-2000, art. 7.3]. Nunca se impondrá en una misma resolución más de una medida de la misma clase [LO5-2000, art. 7.4]. Por delitos de los Capítulos I y II del Título VIII del Código Penal, el Juez impondrá en todo caso, como accesoria, programas formativos de educación sexual y de educación en igualdad [LO5-2000, art. 7.5].

Principio acusatorio

El Juez de Menores no podrá imponer una medida más restrictiva ni por más tiempo que la solicitada por el Ministerio Fiscal o el acusador particular, ni las privativas de libertad podrán durar más que la pena que se habría impuesto al mismo hecho si el sujeto hubiera sido mayor de edad [LO5-2000, art. 8].

Duración: régimen general

Las reglas generales de aplicación y duración son [LO5-2000, art. 9]:

El internamiento en régimen cerrado solo podrá aplicarse cuando los hechos sean delito grave; cuando, siendo delito menos grave, se haya empleado violencia o intimidación o se haya generado grave riesgo para la vida o la integridad física; o cuando el delito se cometa en grupo o el menor pertenezca o actúe al servicio de una banda, organización o asociación [LO5-2000, art. 9.2]. Las acciones u omisiones imprudentes no podrán sancionarse con internamiento en régimen cerrado [LO5-2000, art. 9.4].

Duración: reglas especiales

En los supuestos del artículo 9.2, el Juez, oído el Ministerio Fiscal, las partes personadas y el equipo técnico, aplica estos límites [LO5-2000, art. 10.1]:

Con dieciséis o diecisiete años y hechos de extrema gravedad, el Juez deberá imponer internamiento en régimen cerrado de uno a seis años, complementado con libertad vigilada con asistencia educativa hasta un máximo de cinco años; la reincidencia se considera siempre extrema gravedad [LO5-2000, art. 10.1.b)].

Para los delitos de los artículos 138, 139, 178.2 y 3, 179, 180, 181.2, 4, 5 y 6 y 571 a 580 del Código Penal, o con pena de prisión igual o superior a quince años, el Juez deberá imponer [LO5-2000, art. 10.2]:

• Con catorce o quince años: internamiento en régimen cerrado de uno a cinco años, complementado en su caso con libertad vigilada de hasta tres años [LO5-2000, art. 10.2.a)].
• Con dieciséis o diecisiete años: internamiento en régimen cerrado de uno a ocho años, complementado en su caso con libertad vigilada con asistencia educativa de hasta cinco años [LO5-2000, art. 10.2.b)].

Por delitos de los artículos 571 a 580 del Código Penal se impondrá además inhabilitación absoluta por un tiempo superior entre cuatro y quince años al del internamiento en régimen cerrado [LO5-2000, art. 10.3].

Mayoría de edad del condenado

Si el menor alcanza la mayoría de edad, continúa cumpliendo la medida hasta alcanzar los objetivos de la sentencia [LO5-2000, art. 14.1]. Si cumple dieciocho años en internamiento cerrado y su conducta no responde a los objetivos, el Juez de Menores podrá ordenar en auto motivado su cumplimiento en un centro penitenciario [LO5-2000, art. 14.2].

Prescripción

Los hechos delictivos cometidos por menores prescriben [LO5-2000, art. 15.1]:

Las medidas de duración superior a dos años prescriben a los tres años; las restantes, a los dos años, salvo la amonestación, las prestaciones en beneficio de la comunidad y la permanencia de fin de semana, que prescriben al año [LO5-2000, art. 15.2].

4. Detención de los menores

Las autoridades y funcionarios que intervengan en la detención de un menor deberán practicarla en la forma que menos le perjudique y estarán obligados a informarle, en un lenguaje claro y comprensible y de forma inmediata, de los hechos, de las razones de la detención y de sus derechos, especialmente los del artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal [LO5-2000, art. 17.1]. Deberán notificar inmediatamente la detención y el lugar de custodia a los representantes legales del menor y al Ministerio Fiscal, y, si es extranjero, a las autoridades consulares cuando tenga su residencia habitual fuera de España o lo soliciten él o sus representantes [LO5-2000, art. 17.1].

• Toda declaración se hará en presencia de su letrado y de quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda, salvo que las circunstancias aconsejen lo contrario; en su defecto, ante el Ministerio Fiscal, representado por persona distinta del instructor del expediente [LO5-2000, art. 17.2].
• El menor tiene derecho a entrevista reservada con su abogado antes y al término de la declaración [LO5-2000, art. 17.2].
• Estará custodiado en dependencias adecuadas y separadas de las de los mayores de edad [LO5-2000, art. 17.3].
• La detención policial no durará más del tiempo estrictamente necesario y, en todo caso, dentro del plazo máximo de veinticuatro horas el menor será puesto en libertad o a disposición del Ministerio Fiscal [LO5-2000, art. 17.4].
• El Fiscal resolverá dentro de las cuarenta y ocho horas a partir de la detención sobre la libertad, el desistimiento o la incoación del expediente [LO5-2000, art. 17.5].
• En el hábeas corpus es competente el Juez de Instrucción del lugar en que se encuentre el menor; si no consta, el del lugar de la detención y, en su defecto, el del lugar de las últimas noticias sobre su paradero [LO5-2000, art. 17.6].

El Reglamento precisa que la custodia corresponde a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes hasta que el fiscal resuelva, dentro de las 48 horas siguientes a la detención [RD1774-2004, art. 3.3]. En los establecimientos de detención se llevará un libro registro confidencial, único para la detención del menor [RD1774-2004, art. 3.5].

La Policía Judicial actúa bajo la dirección del Ministerio Fiscal; salvo la detención, toda diligencia policial restrictiva de derechos fundamentales se interesa al Fiscal para que la solicite al juez de menores [RD1774-2004, art. 2.2]. Al detener a un menor se podrá tomar reseña de sus impresiones dactilares y fotografías de su rostro, que se remiten con el atestado al Ministerio Fiscal [RD1774-2004, art. 2.4]. El cacheo y aseguramiento físico se hará cuando sea estrictamente necesario y no sea posible otro medio de contención [RD1774-2004, art. 2.5].

5. Protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia

La LO 8/2021 tiene por objeto garantizar los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes a su integridad física, psíquica, psicológica y moral frente a cualquier forma de violencia, con medidas de sensibilización, prevención, detección precoz, protección y reparación del daño [LO8-2021, art. 1.1]. Violencia es toda acción, omisión o trato negligente que priva a las personas menores de edad de sus derechos y bienestar o amenaza su desarrollo, cualquiera que sea su forma, incluida la realizada a través de las tecnologías de la información, especialmente la violencia digital [LO8-2021, art. 1.2]. Se aplica a los menores que se encuentren en territorio español, con independencia de su nacionalidad y situación administrativa, y sus obligaciones son exigibles a todas las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que actúen o se encuentren en España [LO8-2021, art. 2].

En Andalucía, el interés superior de la persona menor es el principio inspirador de todas las políticas y actuaciones de las administraciones públicas [L4-2021-AND, art. 3.1].

6. Delincuencia juvenil y menores que ejercen violencia

Las personas menores de edad que hayan cometido actos de violencia deberán recibir apoyo especializado, especialmente educativo, orientado a la promoción del buen trato y la prevención de conductas violentas con el fin de evitar la reincidencia [LO8-2021, art. 4.3]. La ley andaluza extiende ese apoyo especializado a los menores que presenten conductas disruptivas, para prevenir nuevas conductas agresoras o reincidentes, y fomenta el apoyo a la familia y la parentalidad positiva [L4-2021-AND, art. 70].

7. Criterios generales de actuación

Se aplican los criterios de interpretación del interés superior del menor de la LO 1/1996 y, entre otros, los siguientes [LO8-2021, art. 4.1]:

• Prohibición de toda forma de violencia sobre los niños, niñas y adolescentes [LO8-2021, art. 4.1.a)].
• Prioridad de las actuaciones de carácter preventivo [LO8-2021, art. 4.1.b)].
• Promoción del buen trato como elemento central de todas las actuaciones [LO8-2021, art. 4.1.c)].
• Protección frente a la victimización secundaria [LO8-2021, art. 4.1.e)].
• Especialización y capacitación de los profesionales con contacto habitual con menores para la detección precoz [LO8-2021, art. 4.1.f)].
• Individualización de las medidas según las necesidades de cada víctima [LO8-2021, art. 4.1.h)].
• Incorporación de la perspectiva de género y del enfoque transversal de la discapacidad [LO8-2021, art. 4.1.i)].
• Evaluación y determinación formal del interés superior del menor en todas las decisiones que le afecten [LO8-2021, art. 4.1.l)].

Las administraciones públicas de Andalucía actúan, respetando la primacía del interés superior del menor, bajo los principios de objetividad, imparcialidad, coordinación, prioridad, confidencialidad y seguridad jurídica [L4-2021-AND, art. 81].

8. Derechos de los niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia

Se garantizan a todas las víctimas menores de edad los derechos de la ley, y contarán con la asistencia y apoyo de las Oficinas de Asistencia a las Víctimas, que actúan como mecanismo de coordinación de los recursos de protección [LO8-2021, art. 9].

• Información y asesoramiento: sobre las medidas aplicables y los canales de denuncia, en lenguaje claro y comprensible y en formatos accesibles [LO8-2021, art. 10].
• Ser escuchadas: con todas las garantías y sin límite de edad; este derecho solo podrá restringirse, de manera motivada, cuando sea contrario a su interés superior [LO8-2021, art. 11.1].
• Atención integral: medidas de protección, apoyo, acogida y recuperación [LO8-2021, art. 12.1].
• Asistencia jurídica gratuita: defensa y representación gratuitas por abogado y procurador [LO8-2021, art. 14.1]; podrán personarse como acusación particular en cualquier momento del procedimiento, sin retrotraer las actuaciones ya practicadas [LO8-2021, art. 14.6].

9. Deber de comunicación de situaciones de violencia

La tabla resume el deber de la ciudadanía [LO8-2021, art. 15], el deber cualificado [LO8-2021, art. 16] y el de contenidos ilícitos en Internet [LO8-2021, art. 19.1]. En el deber cualificado se incluye en todo caso al personal de centros sanitarios, escolares, de deporte y ocio, de protección a la infancia y de responsabilidad penal de menores, de acogida de asilo y atención humanitaria y de los servicios sociales [LO8-2021, art. 16.1]. Los propios menores víctimas o testigos podrán comunicarlo, personalmente o a través de sus representantes, a los servicios sociales, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, al Ministerio Fiscal o a la autoridad judicial [LO8-2021, art. 17.1].

En Andalucía, cualquier persona o entidad y, en especial, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que conozca una situación de riesgo o desprotección de un menor deberá prestarle el auxilio inmediato y ponerlo en conocimiento de la Administración competente, de la autoridad judicial o del Ministerio Fiscal [L4-2021-AND, art. 82.1].

10. Intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de las comunidades autónomas y de las entidades locales actuarán como entornos seguros para la infancia y contarán con unidades especializadas en la investigación, prevención, detección y actuación ante la violencia sobre la infancia [LO8-2021, art. 49.1].

Su actuación se regirá por el respeto a los derechos de los menores y la consideración de su interés superior [LO8-2021, art. 50.1], y seguirá estos criterios [LO8-2021, art. 50.2]:

• Adoptar de forma inmediata las medidas provisionales de protección adecuadas [LO8-2021, art. 50.2.a)].
• Practicar solo las diligencias con intervención del menor estrictamente necesarias; por regla general su declaración se hará en una sola ocasión y siempre a través de profesionales específicamente formados [LO8-2021, art. 50.2.b)].
• Practicar sin dilación las diligencias imprescindibles, una vez comprobado que el menor está en disposición de someterse a ellas [LO8-2021, art. 50.2.c)].
• Impedir cualquier contacto directo o indirecto en dependencias policiales entre la persona investigada y el menor [LO8-2021, art. 50.2.d)].
• Permitir que los menores que lo soliciten denuncien por sí mismos, sin necesidad de ir acompañados de un adulto [LO8-2021, art. 50.2.e)].
• Informarles sin demora de su derecho a la asistencia jurídica gratuita y, si lo desean, pedir al Colegio de Abogados la designación inmediata de abogado del turno de oficio específico [LO8-2021, art. 50.2.f)].
• Dispensarles buen trato, adaptando lenguaje y formas a su edad y madurez [LO8-2021, art. 50.2.g)].
• Procurar que estén acompañados de una persona de su confianza, salvo riesgo para su interés superior, del que se dejará constancia [LO8-2021, art. 50.2.h)].

En Andalucía, la Unidad del Cuerpo Nacional de Policía Adscrita a la Comunidad Autónoma presta la colaboración y el auxilio policial en la instrucción y ejecución de los actos de la Entidad Pública en materia de protección de menores [L4-2021-AND, art. 33.1].